Análisis y acción para la justicia social A.C.
“Me duele todo lo quemado “¿por qué me hicieron esto?” no paraba de repetir Jazmín al personal médico que la curaba. La adolescente, quien tan solo tenía 11 años fue rociada con alcohol y posteriormente quemada al interior de un centro de rehabilitación denominado “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, ubicada en Tonalá, Jalisco, en julio de 2022.
Fernanda fue desnudada y bañada con agua fría, Laura amarrada a una cama, Amanda esposada con grilletes en los pies; ese fue su recibimiento. Unos cuartos sucios con mal olor fue el lugar donde estuvo Fernanda, un hospital antiguo con problemas de mantenimiento donde estuvo Amanda, una casa limpia con espacios para actividades donde mantuvieron a Laura.
El mensaje del “estado seguro” contrasta con la realidad de decenas de personas que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de las instituciones y los elementos que en teoría, están encargados de protegerlos. Los testimonios e incluso las propias estadísticas apuntan a que en Yucatán, la policía tortura y nadie quiere reconocer ese problema
No existe una cifra exacta sobre cuántas mujeres fueron torturadas en aquella época, pero el informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 en la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), da cuenta de al menos 284 registros de mujeres detenidas-torturadas, todas identificadas por nombre, apellido y fecha de detención y tortura.
Ana Georgina Domínguez Macías y Karla Castro Ramírez fueron torturadas para que firmaran declaraciones prefabricadas y se autoinculparan del delito de delincuencia organizada por distintos hechos en la administración de Felipe Calderón. Han pasado más de una década en prisión preventiva y en busca de justicia.
“Me pusieron una faja, en los dedos de los pies y en la lengua me conectaron como esos artefactos con los que le pasan corriente a los coches y comenzaron a subir al voltaje para que me diera toques”, declara Shantal Guerrero Romero, mujer trans que pasó tres días con los ojos vendados, con grilletes en los pies y esposas en las manos, mientras recibía golpes en los oídos, la cabeza y las costillas para declararse culpable del asesinato de Daniel, un crimen que no cometió en Yucatán.
El 11 de julio de 2006 era el primer día de trabajo para Brissa en el bar “Las Playas”. Venía de Monterrey, donde se cansó de trabajar como cocinera en maquilas porque le pagaban muy poco y trabajaba mucho. Ya tenía días que unas amigas la habían invitado a trabajar como bailarina en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.
Para las víctimas de tortura, las peores cicatrices no son físicas, el daño psicológico y las secuelas que deja también en la vida de sus familias lo convierte en una historia sin fin. En Coahuila prevalece la impunidad, pues no existe una sola sentencia por este delito.
Con recursos legales poco claros y en medio de presuntas violaciones a derechos humanos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas contra su vida y sus menores hijos y hasta violación sexual, son las condiciones en las que tres mujeres michoacanas fueron sentenciadas y destinadas a vivir en prisión.
