Análisis y acción para la justicia A.C.
El 12 de febrero de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un caso en el que se reclama la omisión por parte del Congreso de la CDMX en armonizar el Código Penal del Distrito Federal con los principios y derechos que emanan de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.
Tras casi tres años de un litigio impulsado por organizaciones de sociedad civil que documentan casos y acompañan a víctimas de tortura en México, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia dentro del recurso de revisión 458/2023.
En la presentación del informe se menciona los desafíos para terminar con una impunidad que se mantiene a pesar de la Ley General contra la Tortura.
En la audiencia, titulada, “La agravada situación de violencia contra las mujeres con discapacidad y las barreras para acceder a la justicia en México”, las integrantes de la Comunidad de Aprendizaje expusieron las diversas violencias a las que se enfrentan cotidianamente.
Las organizaciones también exigen que se reconozca la responsabilidad del Estado por las muertes en CEFERESO 16 y se tomen medidas efectivas para prevenir futuras tragedias.
Se busca que exista un proceso de desinstitucionalización basado en la voluntad y preferencias de las mujeres y en el que participen diversas instituciones del Estado.
Este informe analiza el desempeño y las capacidades de las fiscalías, poderes judiciales y otras autoridades responsables de prevenir y perseguir la tortura en nuestro país.
El caso de Ángela es sólo la punta del iceberg de un sistema de atención a las adicciones irregular y descuidado por el Estado y pone en evidencia que las clínicas de tratamiento de adicciones, conocidas comúnmente como “anexos”.
