- El tratamiento para inimputables constituye una violación a los derechos emanados de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, misma que ordena modificar o derogar cualquier ley que genere discriminación a las personas con discapacidad.
- Se espera que la SCJN genere un precedente en materia de derechos de personas con discapacidad en conflicto con la ley penal.
Ciudad de México. El 12 de febrero de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un caso en el que se reclama la omisión por parte del Congreso de la CDMX en armonizar el Código Penal del Distrito Federal con los principios y derechos que emanan de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.
Lo anterior a raíz de una demanda de amparo presentada por Documenta en la que reclama que la medida de seguridad denominada “tratamiento para inimputables” vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, capacidad jurídica y a no ser privado por motivos de discapacidad, mismos que son reconocidos por la Convención.
Según estándares internacionales, ninguna persona con discapacidad puede ser privada de la libertad por su condición. Sin embargo, en México, el tratamiento para inimputables es impuesto por un juez penal a las personas con discapacidad con la finalidad de “curarles”. Para esto, a las personas se les priva de la libertad se les impone un tratamiento sin su consentimiento y pueden ser retenidas indefinidamente si el juez considera que requieren tratamiento adicional o si no existe una persona que se haga cargo de ellas.
A lo largo de más de 15 años trabajando a favor de los derechos de las personas con discapacidad, Documenta ha registrado y acompañado a personas con discapacidad como Arturo Medina Vela, quien fue encarcelado injustamente y sujeto a la figura de tratamiento para inimputables.
El asunto, litigado con el apoyo de Aguilar Barroso Abogados, representa una oportunidad histórica para que el máximo tribunal del país reivindique los derechos de las personas con discapacidad, en particular aquellos afectados por procedimientos penales y la declaratoria de inimputabilidad. La extendida aceptación que tiene la privación de la libertad de las personas con discapacidad psicosocial en nuestro país encuentra sustento en prejuicios y estereotipos sobre estas condiciones que no hemos logrado erradicar.
Documenta confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erigirá, una vez más, como defensora de la Constitución y de las personas en situación de vulnerabilidad.
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Nelly García | 771 113 6884