- Debido a la existencia de dos casos más de suicidio en menos de un mes en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 16, ubicado en el Estado de Morelos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) exigen a las autoridades una investigación urgente y exhaustiva para garantizar la integridad y protección de la vida de todas las mujeres en el CEFERESO 16.
- Las organizaciones también exigen que se reconozca la responsabilidad del Estado por las muertes en CEFERESO 16 y se tomen medidas efectivas para prevenir futuras tragedias.
Ciudad de México, 1 de julio de 2024.- El pasado 24 de junio de 2024, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) confirmó a través de sus redes sociales la muerte de otra mujer el 20 de junio, bajo la custodia del gobierno federal en el CEFERESO 16. Este trágico suceso se suma a 14 muertes anteriores en menos de 3 años, evidenciando un patrón alarmante de negligencia y falta de protección en este centro penitenciario. La repetición de estos incidentes muestra una grave falla sistemática en la supervisión y el cuidado de las mujeres privadas de libertad, lo que demanda una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades.
A esta muerte la antecede el fallecimiento de otra mujer el pasado 30 de mayo. En respuesta, más de 60 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y defensores de derechos humanos nos hemos pronunciado, exigiendo justicia y medidas concretas. Sin embargo, hasta la fecha, la única respuesta oficial ha venido del IFDP, que ha expresado su preocupación por los hechos ocurridos en el CEFERESO 16. Esta falta de acción por parte de otras autoridades responsables subraya la urgencia de una intervención robusta y coordinada para abordar esta crisis humanitaria y asegurar que no se pierdan más vidas bajo la custodia estatal.
La denuncia pública por parte de la Defensoría y las acciones judiciales que han emprendido se suman a los informes y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, así como las diversas exigencias realizadas por las organizaciones de la sociedad civil en estos últimos años. Estos informes y recomendaciones han documentado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos dentro del CEFERESO 16, incluyendo negligencia en la atención médica, falta de protocolos adecuados para la prevención del suicidio y condiciones de detención inhumanas. La evidencia acumulada resalta no solo la gravedad de la situación, sino también la urgente necesidad de una respuesta integral que aborde las causas subyacentes de estos abusos.
La necesidad de tomar acciones URGENTES y EFECTIVAS por parte de todas las autoridades co-responsables, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Morelos, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (CONAVIM), ha sido reiteradamente comunicada a las autoridades desde el año 2021, incluso antes del inicio de la ola de muertes que se ha exacerbado desde 2022. La muerte de las mujeres privadas de la libertad es un resultado directo de las OMISIONES DE CUIDADO Y GARANTÍA DE LAS AUTORIDADES FEDERALES CO-RESPONSABLES, y esta responsabilidad ha sido documentada en múltiples ocasiones. La falta de medidas preventivas, la insuficiencia de recursos y la inacción frente a denuncias previas han creado un ambiente de impunidad que permite que estas tragedias continúen. Es imperativo que las autoridades reconozcan su responsabilidad y tomen medidas inmediatas y concretas para proteger la vida y los derechos de las mujeres en el CEFERESO 16.
Las organizaciones de la sociedad civil nos unimos a la exigencia de la Defensoría Pública para la realización de una investigación exhaustiva y la sanción de las autoridades responsables en el CEFERESO 16. Reclamamos una transición respetuosa de los Derechos Humanos de todas las mujeres privadas de la libertad, con especial énfasis en su derecho a la salud física y mental, el derecho a la dignidad y el derecho a la unidad familiar. Tomamos nota de su exigencia que apunta al cierre del Centro Penitenciario. Es crucial señalar que, aunque se trata de un centro penal federal, sólo el 53 % de las mujeres están ahí por un delito federal, mientras que el resto está siendo procesado por delitos en sus estados de origen. Esta disparidad resalta la necesidad de una revisión cuidadosa y la adecuada administración de justicia.
Además, entre las mujeres que están en el CEFERESO 16 por delitos federales, el 58 % cuenta con una sentencia, mientras que las demás están bajo la figura de prisión preventiva, lo que sugiere un uso excesivo e injusto de esta medida. Esta situación es indicativa de fallos sistémicos en el debido proceso y en la protección de los derechos humanos. Las organizaciones demandamos que se realicen investigaciones rigurosas para identificar y sancionar a las autoridades responsables de estas negligencias y abusos, y que se implementen reformas estructurales para garantizar que estas violaciones no se repitan. Es imperativo que las autoridades federales y estatales rindan cuentas y adopten medidas correctivas inmediatas para proteger la vida y los derechos de todas las mujeres privadas de libertad en el CEFERESO 16.
Las organizaciones hemos constatado la total ausencia de medidas coordinadas y la falta de respuesta transparente por parte de las autoridades penitenciarias y co-responsables de la situación de emergencia en el CEFERESO 16. Esta inacción y secrecía han exacerbado la crisis, poniendo en grave riesgo la vida y los derechos de las mujeres privadas de libertad. Por lo tanto, es imperativo que las acciones emprendidas para abordar esta situación sean realizadas de manera pública y transparente, con la participación activa y coordinada de instituciones de justicia y protección, como la Defensoría Pública, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la CONAVIM, y con la plena involucración de organizaciones sociales, personas expertas, y, fundamentalmente, las propias mujeres privadas de libertad y sus familias.
Además, subrayamos la importancia de la intervención técnica de organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos para garantizar la imparcialidad y efectividad de las medidas adoptadas. La voz de las mujeres afectadas y sus familiares debe ocupar un lugar central en este proceso, asegurando que sus experiencias y necesidades sean el eje de las reformas y acciones implementadas. Solo con un enfoque integral y participativo se podrá garantizar justicia, reparación y la prevención de futuras tragedias
Con base en lo anterior solicitamos:
- Inicio URGENTE de una mesa técnica pública y permanente entre autoridades co-responsables, autoridades de justicia, sociedad civil, personas expertas, organismos internacionales y personas familiares para diseñar un plan urgente de transición. Esta mesa tendrá como objetivo: 1) salvaguardar la integridad y vida de las mujeres que se encuentran en el CEFERESO 16, y 2) crear una ruta crítica para el cierre del centro penitenciario.
- Entrega de información pública sobre los procesos de justicia para las 15 mujeres que han perdido la vida en manos del Estado. Donde se muestre el plan de investigación de las muertes en custodia, los resultados de las mismas y los avances en la imputación de responsables.
- Informe sobre el estatus de salud e integridad de las mujeres privadas de la libertad: nombre de medicamentos suministrados y su dotación, así como una explicación detallada de los diagnósticos. Atención médica y servicios médicos generales y especializados, de calidad suficiente, continuos y permanentes para las mujeres privadas de la libertad.
- Reparación del daño de todo acto de violencia, tortura o malos tratos cometido contra las mujeres privadas de libertad, así como a sus familiares que han sido víctimas de la violencia institucional.
- Pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Para ello se necesita crear las condiciones para denunciar dentro de los centros penitenciarios sin temor a sufrir represalias.
- Brindar asistencia legal mediante la presencia continua de las personas defensoras públicas del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en el penal para la prestación de servicios legales de calidad y a la totalidad de las mujeres privadas de libertad.
- Implementar una herramienta de información permanente sobre la seguridad e integridad de las mujeres privadas de la libertad, para conocer sus condiciones en tiempo real.
- Garantizar la pronta liberación de las mujeres privadas de la libertad con prisión preventiva oficiosa, la cual resulta contraria a varios derechos establecidos en la Convención Americana: el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24).
- Otorgamiento de medidas alternativas a la prisión, y una política pública en materia de reinserción social con perspectiva de género.
- Conocer las acciones que se han realizado para responder a las necesidades urgentes de las usuarias del Centro, así como para garantizar condiciones e infraestructura adecuadas.
- Conformación de un equipo de respuesta inmediata interdisciplinario y especializado en crisis, que pueda ingresar al centro, realizar una evaluación inmediata que identifique mujeres que estén en un muy alto riesgo suicida y poder definir acciones inmediatas para proteger su vida e integridad. Conforme a lo establecido en el artículo 73 fracción IX de la Ley General de Salud.
- Realizar un plan orientado al cierre permanente de dicho Centro Penitenciario.
- Todos los productos deberían ser proporcionados por el Estado, la venta de productos de primera necesidad a las mujeres solamente favorece al sector privado.
¡Alto al cementerio de las vivas!
Las mujeres privadas de la libertad merecen vivir
Firman:
Mexiro A.C.
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
María del Mar Rangel Flores
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Natalia Mendizábal Beverido
Edgar Navarro
Alfredo Mora Briseño
Comité por Palestina Acatlán
Red Mujeres Violeta
José Fernando Canché Benítez
Andrea Chavarría Reyes Natalia Godinez Galicia
Adriana Aguilar Arias
Vania Meliveth Rios Hernandez
YES SHE CAN AC
Organización Comunitaria por la Paz. OCUPA, A.C
Neil Mauricio Andrade Ruiz
La Cana, Proyecto de Reinserción Social, A.C.
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Eliana García Laguna
Justicia Pro Persona, A.C.
Ana Yeli Pérez Garrido
Justicia Pro Persona, A.C.
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
Monica Angulo Miñarro
Data Cívica
Gabriela Jauregui
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC
Hola Amigue