- Las organizaciones que conforman el Observatorio contra la tortura presentan su informe de hallazgos 2023.
- Mencionan que hay importantes desafíos para terminar con una impunidad que se mantiene a pesar de la Ley General contra la Tortura.
Ciudad de México, 14 de noviembre de 2024. El Observatorio contra la tortura, espacio integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, presentó su Informe de Hallazgos 2023. Este documento evalúa el actuar de las autoridades responsables de prevenir y perseguir la tortura en el país y busca colocar en la agenda pública los pendientes del Estado en el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura.
“La tortura es un delito que sigue vigente y que se comente por servidores del Estado, por funcionarios públicos, por lo tanto la principal obligación del estado es la de atender, prevenir y sancionar este delito” menciona Natalia Cordero de Fundar.
Entre los principales resultados del informe se encuentran los siguientes:
- El número de investigaciones iniciadas por tortura en 2023 disminuyó en un 25% con relación a 2022.
- En 2023 únicamente el 10,4% de las investigaciones iniciaron por denuncia (349 casos).
Al respecto Ángel María Salvador Ferrer, de Documenta, menciona “Uno de los principales motivos es el miedo a las represalias, casi la mitad de las torturas investigadas, la autoridad encargada de investigar es la autoridad denunciada. Hay desconfianza en que habrá investigación pronta, expedita e imparcial, desconocimiento de los mecanismos de denuncia y también inaccesibilidad económica y geográfica.”
- De las investigaciones abiertas, las fiscalías únicamente llevaron ante un juez 18 casos (el 0,39%). El resto sigue en proceso, se cerraron o se archivaron.
- Sólo en 10 casos se identificó la autoridad acusada:
- Policías municipales: 7
- Sistemas penitenciarios: 2
- Secretarías de seguridad pública estatales: 1
- En 2023 se dictaron solo 8 sentencias condenatorias por tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Además, durante el evento de presentación, denunciaron que el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura no ha sido aprobado por la Fiscalía General de la República desde el 2017, y se hizo un llamado a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación a que, con el inicio de la nueva administración, se retome la agenda de trabajo para cumplir con la que puede ser la herramienta política más potente en la lucha contra la tortura en el país.
Para finalizar, las organizaciones del Observatorio se suman al llamado de Jesús Peña Palacios de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien mencionó “Confiamos que este material, en conjunto con las recomendaciones internacionales dadas a México en la materia, sean retomadas para el diseño de una política pública de prevención de este delito”.
Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Observatorio Contra la Tortura y que participaron en la construcción y presentación del Informe son:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), A. C.
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A. C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C
El evento también contó con el testimonio de Doña Ciria Hernández, madre de Keren, sobreviviente de tortura.