Análisis y acción para la justicia social A.C.
Súmate a nuestro ciclo de conversatorios sobre el derecho al cuidado a los apoyos, buscamos ser un espacio de análisis sobre qué sucede con las redes de cuidado ante el encierro penal y las alternativas que existen para garantizar este derecho.
Artemio, Jaime y Ranulfo son campesinos mazatecos de la comunidad de Eloxochitlán, Oaxaca que fueron privados de su libertad, golpeados, incomunicados y torturados para confesar un crimen que no cometieron. Esta es la historia de cuáles han sido los estragos en su vida en comunidad.
No existe una cifra exacta sobre cuántas mujeres fueron torturadas en aquella época, pero el informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 en la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), da cuenta de al menos 284 registros de mujeres detenidas-torturadas, todas identificadas por nombre, apellido y fecha de detención y tortura.
Ana Georgina Domínguez Macías y Karla Castro Ramírez fueron torturadas para que firmaran declaraciones prefabricadas y se autoinculparan del delito de delincuencia organizada por distintos hechos en la administración de Felipe Calderón. Han pasado más de una década en prisión preventiva y en busca de justicia.
“Me pusieron una faja, en los dedos de los pies y en la lengua me conectaron como esos artefactos con los que le pasan corriente a los coches y comenzaron a subir al voltaje para que me diera toques”, declara Shantal Guerrero Romero, mujer trans que pasó tres días con los ojos vendados, con grilletes en los pies y esposas en las manos, mientras recibía golpes en los oídos, la cabeza y las costillas para declararse culpable del asesinato de Daniel, un crimen que no cometió en Yucatán.
El 11 de julio de 2006 era el primer día de trabajo para Brissa en el bar “Las Playas”. Venía de Monterrey, donde se cansó de trabajar como cocinera en maquilas porque le pagaban muy poco y trabajaba mucho. Ya tenía días que unas amigas la habían invitado a trabajar como bailarina en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.
Para las víctimas de tortura, las peores cicatrices no son físicas, el daño psicológico y las secuelas que deja también en la vida de sus familias lo convierte en una historia sin fin. En Coahuila prevalece la impunidad, pues no existe una sola sentencia por este delito.
Con recursos legales poco claros y en medio de presuntas violaciones a derechos humanos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas contra su vida y sus menores hijos y hasta violación sexual, son las condiciones en las que tres mujeres michoacanas fueron sentenciadas y destinadas a vivir en prisión.
