* La normativa municipal de Puebla califica “la prostitución” como una falta administrativa, como estacionarse en doble fila u orinar en la vía pública, pero la violencia con que las tratan es diferente: las trabajadoras sexuales son golpeadas, desnudadas, asfixiadas y humilladas. Ante esta situación decidieron organizarse y defenderse.
Por Samantha Páez
Una tarde de mayo de 2014 llegó al zócalo de Puebla una manifestación peculiar: decenas de mujeres con antifaces, gafas oscuras, cubrebocas y gorras. Algunas se cubrían el rostro con pancartas multicolores, donde se leían frases como: “basta de la violencia y extorsión de policías municipales” o “tenemos hambre, no somos delincuentes”.
Eran trabajadoras sexuales del centro de la ciudad que habían sido objeto de violencia durante años. Los policías municipales las detenían por circular en las calles o detenerse en un puesto a comer, luego las golpeaban, amenazaban y extorsionaban, de acuerdo con testimonios recabados para este reportaje. Con algunas hubo actos que podrían considerarse tortura: la asfixia, la humillación y la violencia sexual mientras las paseaban arriba de una patrulla.
Todo esto porque en 2008 se agregó en el artículo 209 fracción IV del Código Reglamentario Municipal (Coremun) que ejercer la prostitución en lugares públicos es una falta o infracción administrativa.
Aunque las agresiones estuvieron presentes desde ese instante, en 2014 la situación se agravó: el ayuntamiento reportó unas 7 mil 584 remisiones a los juzgados calificadores por dicha falta, cuando en 2008 fueron solo 423, según datos entregados por transparencia.
Pero no todas llegaban a los juzgados, a algunas las soltaban por dinero y a otras por servicios sexuales, esto de acuerdo con lo narrado por varias trabajadoras. Fue en ese momento que unas cuantas se resistieron, empezaron a pelear por su derecho a vivir sin violencia.
Violencia extrema
Ella es alta y morena, a veces usa el pelo rubio, otras negro o rojo. Tiene una cintura delgada, que se disimula con la chamarra que lleva puesta para las tardes de lluvia. Podría tener cualquier nombre, Laura, por ejemplo, porque le gusta tener muchas personalidades con historias distintas. Ella es trabajadora sexual desde hace 20 años.
Laura* cuenta que entró al trabajo sexual muy joven, pues se tuvo que abrir camino sola cuando su familia rechazó que transicionara para ser mujer. Para ella esta actividad le ha permitido vivir a su ritmo, a su tiempo y también retomar sus estudios, lo malo es la criminalización y la violencia.
Te lo juro que fueron tantas cosas, con decirte que a mí una vez me asfixiaron unos tipos […] concluimos que eran policías vestidos de civil, porque nunca vimos un uniforme, pero iban encapuchados, iban enchamarrados y como con ciertas tácticas de los policías. – Laura en una entrevista.
No fue lo único que le tocó pasar, constantemente los policías la detenían y arriba de las patrullas le decían que podían pagar mil pesos en ese momento o 2 mil 800 pesos de multa. A ella y sus compañeras las golpeaban y las amenazaban para que cedieran.
“Nos decían: No te quiero volver a ver ahí, porque te va a cargar la chingada. Y pues te metían miedo. Muchas, varias, terminaban huyendo”, asegura Laura. En caso de no que pagaran la multa, pasaban 72 horas en detención. “A veces hasta desnuda, porque te desnudaban si te ponías al pedo. Entonces, obviamente, yo era de las que me ponía el pedo, ¡imagínate!”, agrega.
La organización Vida Plena dio a conocer en 2014, durante el foro Puebla enfrenta la discriminación por homofobia, narraciones similares de 55 otras trabajadoras sexuales trans. LADO B destacó una: “cuando nos detienen, nos patean en el estómago, en los senos y en la cara, luego nos dan de vueltas por toda la ciudad hasta desubicarnos, cuando llegamos al juez calificador, nos obligan a desnudarnos y hacer lagartijas con los senos descubiertos mientras los policías se mofan de nosotras”.
Desde 2013, Onán Vásquez, de la organización Vida Plena, quien brinda a las trabajadoras y trabajadores sexuales insumos de prevención de VIH y de infección transmisión sexual, denunció que policías municipales vestidos de civiles detenían a las trabajadoras sexuales hasta en sus propias casas.
Lo que también sabemos es que sí las extorsionan, sí les roban el dinero, llegan y las agreden en sus lugares de trabajo, que muchas veces son sus propias viviendas, las amenazan e, incluso, abusan sexualmente de ellas – sostuvo Vásquez.
Estas prácticas también fueron aplicadas a las trabajadoras sexuales cis género, es decir, que se identifican con el género que les fue asignado al nacer, según el Diagnóstico comunitario participativo de trabajo sexual, que publicó el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) en junio de 2014.
“Ellos nos están ofendiendo, siempre nos están diciendo que somos unas putas, unas desgraciadas”, dijo al Odesyr una de las trabajadoras. Otra mencionó “luego nos echan gas (pimienta) y nos dan unas patadas” y “nos pegan, nos manosean”. Una más señaló “nos dice: a ustedes les gusta la vida fácil, qué flojas son y puercas”.
De acuerdo con Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), algunos de estos casos podrían considerarse tortura. La tortura sexual, explicó la especialista, implica diferentes cuestiones: primero que exista una intencionalidad por parte de la autoridad, es decir, que no sea un acto fortuito, accidental o involuntario; también que el sufrimiento anule la capacidad física o mental de persona y que la tortura se haga con un propósito, ya sea autoinculparse, extraer información, castigar, intimidar o cualquier otro fin.
Las agresiones sufridas por las compañeras, sobre todo tomando en cuenta el estado de vulnerabilidad que enfrentan por estar también en un contexto de detención y bajo custodia de los policías municipales, en algunos casos pudiera llegar a ser constitutivo de tortura sexual – explicó Galván.
En el Diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México, publicado en 2022 por la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, se defina a la tortura sexual como: “toda forma de tortura basada en discriminación por razones de género que violenta el cuerpo de las mujeres, por medio de actos como la desnudez forzada, manoseos, golpes u otro tipo de lesiones en senos, glúteos o genitales; violación sexual vía oral, vaginal, anal o amenaza de cometer esta o introducción de objetos en las cavidades que realizan de manera intencional las personas servidoras públicas. Tiene como finalidad insultar, intimidar, degradar, humillar, controlar, obtener información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o con cualquier otro fin”.
Mientras que la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes define a la tortura como un delito cometido por servidores públicos con el fin de obtener información o una confesión, como medio intimidatorio, castigo personal, medio de coacción, medida preventiva, por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin que:
- Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona (como podrían ser la asfixia y los golpes)
- Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica (como la humillación y los tratos crueles)
- Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento
Aunque se tendría que analizar caso por caso para determinar en dónde hubo tortura sexual, para Galván es grave que las autoridades municipales desnudaran a las trabajadoras sexuales, quizás como una forma de sometimiento o humillación, y también que realizaran tocamientos.
¿Qué está demostrando esta actitud de las autoridades de solo estar como intimidando, violentando? […] creo que un poder, una reafirmación de parte del patriarcado, de decir: Tenemos poder sobre ustedes y podemos hacer lo que sea con ustedes – agregó la abogada del Centro Prodh.
Detenciones arbitrarias
Mariela González, la presidenta de la organización Chicas de la 14, que agrupa a varias trabajadoras sexuales del centro de la ciudad de Puebla, confirma que fue en 2014 que los operativos de Normatividad municipal se incrementaron.
En ese momento nos cierran todos los hoteles donde nosotras prestábamos nuestros servicios, cierran completamente […] empiezan los problemas, empiezan a querer entrar con nosotras a donde son las habitaciones – dijo González.
Con el cierre de hoteles y moteles hubo una criminalización tanto de los dueños o dueñas, como de las personas del aseo. En su momento las trabajadoras señalaron que se les estaba obligando a denunciarles por el delito de trata de personas y a ella las presentaban como víctimas.
El diagnóstico del Odesyr demuestra esa simulación y violencia.
Vemos a los policías que entran, dicen: ¡Esto es un operativo! (chasqueando los dedos) y cierran, se meten corriendo y empiezan a quebrar las cámaras, meten las cámaras y hasta eso no nos, a nosotros bueno, en nuestro aspecto no nos trataron mal, simplemente nos dijeron: métanse a bañar rápido… a este a cambiar rápido […] agarrase de la mano dice y la camioneta las está esperando. Entonces nosotros lo que hicimos fue cubrirnos y subirnos a la camioneta, nos fueron a dar un chingo de vueltas, que a fin de cuentas nos fueron a dejar a Rancho Colorado (oficinas de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal) – señaló una de las trabajadores sexuales para el diagnóstico del Odesyr.
De acuerdo con información entregada vía transparencia por el Ayuntamiento de Puebla, de enero de 2008 a marzo de 2025 hubo al menos 3 mil 320 remisiones a los juzgados calificadores por la falta administrativa de ejercer la prostitución en la vía pública. Pero podrían llegar a las 18 mil 790.
El margen es amplio porque la información entregada por la autoridad municipal ha cambiado con los años: en 2014 se reportaron 17 mil 935 detenciones sólo de 2011 a 2014, pero en 2024 fueron 2 mil 963 de 2009 a 2024 y en 2025, 3 mil 320 de 2008 a 2025.
Aunque en las diferentes entregas de información la mayor parte de personas detenidas por esta falta administrativa son mujeres, en promedio 70%, en el porcentaje correspondiente a hombres podrían incluirse a las mujeres trans que no hubieran realizado para ese momento su cambio de identidad autopercibida.
Además muchas de estas detenciones se cometieron con lujo de violencia, por ejemplo, Mariela recuerda un operativo de Normatividad municipal, con participación de la policía municipal, ocurrido en 2022 en la calle 14 poniente.
Nos encajuelan, nos cierran las entradas de las dos calles y nada más nos empiezan a arrimar, como animalitos. Iban vestidos de civiles […] a las compañeras que estaban comiendo las levantaban de donde estaban comiendo, a las compañeras que se metieron a locales las sacaron – explicó Mariela.
Para Ivette Galván, del Centro Prodh, el hecho de que las remisiones al juzgado calificador no sean inmediatas es una violación a los derechos humanos, mientras que las detenciones cuando las trabajadoras están comiendo serían totalmente arbitrarias.
Peticiones de mordida, etcétera, eso sí es podría incurrir incluso en un delito cometido por el servidor público […] las intimidaciones pueden ser como un indebido ejercicio de la función pública – manifestó Galván.
Las detenciones arbitrarias, según la cartilla Derecho a la vida, integridad física, libertad y seguridad personal, elaborada por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, existen detenciones arbitrarias cuando:
- No hay normas, reglamentos o leyes que indiquen que se cometió un delito, es decir, cuando no hay una base legal para la privación de la libertad.
- La detención ocurre por ejercer los derechos y libertades que se tienen.
- No se siguió el proceso de detención establecido en las leyes. En otras palabras, cuando no exista una orden judicial emitida por un juez competente.
- No se tienen pruebas o evidencia de que se cometió un delito.
- Se enfrentó un juicio que no cumple con el debido proceso establecido en las leyes.
- Cuando se violan, niegan, suprimen o se impide el ejercicio de los Derechos Humanos de la persona detenida.
Asimismo, el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA) apunta que cuando “una persona es detenida sin motivo alguno ocurre una detención arbitraria, las detenciones ilegales cuando las autoridades no cumplen el Protocolo de Actuación durante una detención”. Aunque ambas detenciones podrían considerarse una medida preventiva, para el observatorio “esta práctica impide el derecho a la libertad, la seguridad personal, el debido proceso y puede resultar en otras violaciones como extorsión, amenazas, tortura, desaparición forzada o extrajudicial”.
De acuerdo con ONDA, de mayo de 2018 a junio de 2020, en Puebla se detectaron 19 detenciones arbitrarias a través del monitoreo de medios nacionales, el 74% de ellas cometidas por policías municipales.
Empieza la organización
Los activistas Onán Vásquez, de Vida Plena, y Brahim Zamora, del Odesyr, confirman que la violencia y las detenciones de las trabajadoras sexuales, tanto cis como trans, son actos de represión y abuso del Estado.
Zamora refiere que el Coremun no fue actualizado en 2011, cuando hubo una reforma a la Constitución mexicana en materia de derechos humanos y que llevó a que muchas normativas locales fueran modificadas. Esto implica, según el activista, que en los juzgados calificadores no se lleven a cabo audiencias y que los criterios de sanción dependan únicamente del testimonio de los policías.
No hay una definición, es decir, ¿en qué momento se consuma esa falta (administrativa), cuando se ofrece, cuando se solicita, cuando se consuma, cuando se paga? Todo se da por hecho […] por tanto, eso a lo que se presta es al abuso, cualquier norma que no esté encuadrada en una perspectiva de derechos humanos a lo que se va a prestar es al abuso policial, al abuso de autoridad – dijo el integrante del Odesyr.
Por ese motivo, en 2014 la organización buscó interponer un amparo contra la normativa municipal. En su momento, Marco Antonio Moreno, director jurídico del Odesyr, ahora secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expuso que las trabajadoras no estaban accediendo a un proceso justo. Desde ese momento el Odesyr estuvo trabajando con las trabajadoras sexuales cis del centro de Puebla, quienes principalmente son cis género, hasta 2020, cuando la pandemia por Covid-19 frenó la reuniones presenciales, cuenta Brahim Zamora.
Esa fue la semilla que permitió que la organización Chicas de la 14 se conformara, dice Mariela González, quien agrega que a partir de 2022 iniciaron el trámite para formar una asociación y es a través de este trabajo que han logrado acercar servicios de salud públicos no sólo a sus agremiadas, sino a otras trabajadoras del centro de Puebla. También han logrado atención en salud mental, no sólo por las secuelas de las detenciones violentas, sino por cuestiones no relacionadas con su trabajo y con sus hijas e hijos.
Lorena Rojas, presidenta de la Asociación Voces y Caminos (Vocam), sostiene que después de brindar acompañamiento psicoemocional a trabajadoras sexuales ha notado que muchas desarrollaron cuadros de ansiedad, depresión y pánico tras los operativos, aunque reconoce que organizarse les ha dado seguridad..
Ellas están muy organizadas, cada quién sabe con quién entran, cuándo entran, cuánto tiempo entran, precisamente para evitar lo que son golpizas, lo que son situaciones ya sexuales que no estén permitidas – explica Rojas.
Por su parte, Mariela González comenta “empezamos a buscar cómo protegernos de esta situación que estábamos viviendo, porque no nada más era la violencia del hecho de que te llevaban, era la violencia de ver cómo te trataban […] Entonces entre todas nos cuidamos y nos apoyamos, cualquier cosa las compañeras estamos más al pendiente de todas”.
Onán Vásquez apunta que Vida Plena tiene una mayor cercanía con las trabajadoras sexuales trans y con los hombres trabajadores sexuales, quienes a diferencia de las mujeres cis del centro trabajan más en la noche. En sus más de 20 años de labor en derechos humanos, Vásquez nota que la violencia contra las trabajadoras trans se debe a la estigmatización que hay de ese oficio, de allí vendría la represión en su contra.
“Lo que ha ocurrido es que se han cometido abusos policiacos, ha habido corrupción, porque lo que provoca esta prohibición (de ejercer el trabajo sexual en la vía pública) es precisamente mucha corrupción, mucho abuso de autoridad, abuso policiaco principalmente y también abuso en las sentencias no que dan los jueces, porque el trabajo sexual no es un delito” – menciona el activista.
Debido a esta situación cuando Vida plena decidió, además de brindar insumos a trabajadoras y trabajadores sexuales para la prevención del VIH e infecciones de trasmisión sexual, hacer difusión de los derechos humanos y de algunas herramientas que les ayudaran a defenderse ante posibles abusos de autoridad.
Esto impulsó, desde la perspectiva de Onán, que las trabajadoras sexuales trans se empezaran a organizar, primero para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vivienda, luego en el reconocimiento de su identidad de género y quizás, dice, ahora que esa necesidad es una realidad podrían enfocarse en la lucha por derogar el artículo del Coremun que las criminaliza.
Laura recuerda que si bien la mayoría de veces se ha opuesto a las detención por ejercer el trabajo sexual, no se involucraba mucho en la defensa de su trabajo. Fue hasta hace cinco años, durante la pandemia, que Laura empezó a involucrarse en foros virtuales sobre derechos humanos, allí conoció a Vida plena, a la entonces activista Gabriela Chumacero (ahora diputada local) y al activista Tuss Fernández. Desde entonces ha sido un poco más abierta con su trabajo, también a defenderse y a defender a sus compañeras.
“No voy a cansarme de decirles a las compañeras a las que ya están dentro y a las que empiezan decirles que pues que se genere esta colectividad, porque si entre nosotras mismas no nos apoyamos, no vamos a poder avanzar” – asegura Laura.
Fue en este contexto de violencia y pandemia cuando las trabajadoras cis y trans del centro se aliaron para promover jornadas de salud y buscar despensas a sus compañeras más vulnerables. En diciembre de 2023, Chicas de la 14 y Grupo transgénero Puebla hicieron la primer jornada de salud pública en el centro de la ciudad, con el apoyo de la entonces regidora Carmen María Palma y el Sistema DIF municipal .
La rebelión continúa
Aunque los operativos han disminuido, de acuerdo con la información entregada por transparencia desde 2021 no ha habido remisiones al juzgado calificador por la falta administrativa de “prostitución”, la normativa que las criminaliza aún sigue vigente y de allí la importancia de que las trabajadoras sexuales estén organizadas.
Laura menciona que han logrado frenar las detenciones gracias a que en cada intento de detención arbitraria o extorsión por parte de la policía municipal comienzan a grabar. “Entonces, se empiezan a dar cuenta de todo esto y le empiezan a bajar un poco, con decirte que ahora ya los policías te dicen: Ah, ya, ya, ya, ¿te crees abogada o qué? Y yo, ahora en perra les digo: Sí, soy abogada. ¿Cuál es el problema? Ahora el ser visibles y el ser ya un poquito más perras es lo que nos ha ayudado”, señala.
Para Chicas de la 14, refiere Lorena Rojas, la tregua es momentánea. “La verdad es que no ha habido operativos, todo ha estado muy en calma, pero como dicen ellas: es una calma, es una tregua que no saben cuánto va a ir a durar”, apunta la presidenta de Vocam.
Ante esta situación la regidora María Teresa Rivera propuso la derogación de varios de los artículos del Código Reglamentario Municipal de Puebla que criminalizan la “prostitución”. En primer lugar, sostiene la regidora en entrevista, porque el término “prostitución” es violatorio de los derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “prostitución” es peyorativo y discriminatorio, lo correcto sería llamar trabajo sexual al intercambio de servicios sexuales por dinero o bienes en especie.
Otra cuestión es que el trabajo sexual no es un delito y trata de personas, que sí lo es, no es de competencia municipal. “¿Por qué buscamos la erogación de ciertas fracciones, de ciertos artículos, donde tenemos sanciones administrativas dentro del Coremun y las facultades de la sindicatura? Porque ya nos estaríamos contraponiéndo con la Ley de trata de personas, el ayuntamiento no hay una facultad administrativa que pueda llevar un tema penal”, explica Rivera.
Dicha propuesta fue discutida en la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual del Cabildo poblano del 7 de mayo de 2025, donde tres integrantes votaron en contra. Para la regidora la lucha sigue: “tenemos todavía muchas áreas de oportunidad para poder lograrlo (la derogación) […] una de estas es una campaña permanente de sensibilización y concientización de la sociedad”.
Mientras eso ocurre Chicas de la 14 ha buscado que el Congreso de Puebla reconozca el trabajo sexual como trabajo no asalariado, según reporta una nota de la Jornada de Oriente. Además de acercar servicios de salud, educativos y de capacitación a las trabajadoras del centro de la ciudad. Sus compañeras trans, a su vez, luchan por hacerse visibles e informarse, Laura dice “nos empezamos a informar porque vivíamos en una desinformación y en una ignorancia que se aprovechaban (los policías municipales) de eso”.
Ella de forma particular asegura que ha comenzado a visibilizar su trabajo, a difundir entre sus colegas trans información sobre derechos humanos y a promover que se involucren en su defensa, todo en alianza con organizaciones y activistas de la comunidad diversa.
En mi caso ahora he aprendido más cosas, entonces pues ya no me paran, ya no me paran – dice Laura con orgullo.