Por Abraham Bote Tun y Javier Escalante
Juan tiene 19 años y Ariel, 34. A pesar de la diferencia de edad, comparten una misma historia: desde que nacieron, han vivido a escasos metros de una granja porcícola. Ambos son originarios de Santa María Chi, una comisaría maya ubicada a unos 20 kilómetros del centro de Mérida. La comunidad cuenta con alrededor de 500 habitantes, de los cuales unos 150 son niñas y niños, y el resto adultos y personas mayores.
Hoy, Juan y Ariel están unidos también por una misma causa: la resistencia contra la granja que ha marcado su territorio.
La instalación, que comenzó como un pequeño criadero en la zona serrana hace más de tres décadas, se transformó con el tiempo en una granja industrial que, de acuerdo con investigaciones de la Defensoría Pública, actualmente alberga más de 50 mil cerdos.
El impacto no se limita a lo visual ni al olor penetrante —una mezcla constante de estiércol, químicos y desechos—; también ha provocado consecuencias graves en la salud de los habitantes. Vecinos reportan enfermedades respiratorias, digestivas y otros padecimientos asociados con la contaminación.
La magnitud del problema llegó incluso a instancias internacionales: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó y documentó el caso, alertada por la gravedad de la situación.
Abogados ambientalistas y activistas sostienen que la granja ha operado en la ilegalidad, violando múltiples derechos humanos: el derecho a la consulta de los pueblos, a la libre determinación y a un medio ambiente sano. Todo esto, mientras funcionaba sin permisos ambientales.
Ante ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la granja e impuso sellos, una acción impulsada por la lucha del comisario, del pueblo de Santa María Chi y de asesores externos. Sin embargo, la batalla sigue siendo desigual: al tratarse de una comunidad maya, no han recibido respaldo de autoridades estatales ni municipales.
El propio Ayuntamiento de Mérida, lejos de frenar la operación, otorgó licencias a la empresa, aun cuando ya existían múltiples amparos en su contra.
El comisario, quien ha encabezado la defensa del territorio, tampoco fue aceptado en el mecanismo de protección para defensores ambientales, bajo el argumento de que “no corre peligro su vida”. A ello se suman varios cargos legales en su contra por enfrentar a la megaempresa. La lucha le ha dejado secuelas invisibles, pero profundas en su ánimo y espíritu.
Esta historia refleja la violencia estructural que enfrentan quienes se atreven a resistir: una comunidad maya, defensores ambientales e infancias expuestas a un entorno contaminado. A pesar de ello, Santa María Chi no se rinde. La resistencia continúa.
El triunfo histórico de la comunidad
Después de más de dos años de lucha y múltiples recursos legales, la comunidad maya de Santa María Chi logró un triunfo histórico: la clausura total y definitiva de la empresa Pecuaria Peninsular, responsable de graves daños ambientales y de afectar la salud de sus habitantes.
Durante ese tiempo, el pueblo enfrentó hostigamiento judicial, denuncias contra su comisario y la carga de vivir entre el olor permanente a excremento de cerdo y enfermedades relacionadas con la contaminación. Aunque el conflicto se visibilizó en los últimos años, las afectaciones se arrastran desde hace más de una década, con un impacto profundo en el territorio y en la vida comunitaria.
El pasado 9 de septiembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente( Profepa) anunció la clausura definitiva de la empresa tras documentar el incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas la descarga de aguas residuales sin permiso y la falta de caracterización de sus lodos.
Como parte del proceso, la Profepa exigirá a la empresa la elaboración de un estudio de daño ambiental, así como el desmantelamiento y abandono adecuado del sitio, para garantizar la reparación de los daños ocasionados.
Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Hoy, gracias a su resistencia, logramos la clausura definitiva, señaló la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Desde 2021, la Profepa ha recibido múltiples denuncias de comunidades y organizaciones civiles por los impactos de las granjas porcícolas en la península. A partir de ellas, ha realizado inspecciones en distintos municipios de Yucatán —entre ellos Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal y Hunucmá—, donde también se han impuesto medidas correctivas.
La granja porcícola San Gerardo, propiedad de Pecuaria Peninsular, comenzó a operar en 1986. Aunque inicialmente no generó conflictos graves, su expansión y el manejo inadecuado de residuos se volvieron una amenaza para la comunidad.
Según el comisario municipal reelecto, Wilberth Alfonso Nahuat Puc, “el estiércol y las aguas residuales se almacenan en una pila de oxidación, que se distribuye en 221 hectáreas mediante riego. En época de sequía, estos residuos se secan y se queman, generando un humo tóxico que afecta directamente la salud de las personas”.
Mayra Marisol Nahuatl, joven de 24 años y estudiante de medicina, explica: “Conforme avanzan los días, veo que se agravan las enfermedades respiratorias, porque el humo tóxico genera alergias y molestias en la nariz que evolucionan a tos constante. No tenemos un módulo de salud aquí, y la atención médica ha sido insuficiente”.
La granja ha operado en la ilegalidad, violando múltiples derechos humanos, como el derecho a la consulta de los pueblos, la libre determinación y el derecho ambiental, ya que ha funcionado sin permisos ambientales, según abogados ambientalistas y activistas.
La comunidad decidió actuar legalmente con cuatro amparos que representan distintos sectores afectados:
- Amparo por 25 niños y sus tutores, defendiendo el derecho a un medio ambiente sano.
- Amparo por ejidatarios, cuestionando la apropiación irregular de tierras comunales.
- Amparo por adultos mayores afectados.
- Amparo presentado por el comisario Wilberth Nahuat, en representación municipal y comunitaria.
Los abogados de la Defensoría Pública Federal señalaron que es a través del proceso judicial donde se ha podido conocer con qué autorizaciones cuenta la empresa, qué ha hecho la autoridad y qué ha hecho la empresa. En ese contexto, detectaron que carecía de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
Esta situación también fue confirmada mediante solicitudes de transparencia dirigidas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). La dependencia declaró como “inexistente” la información sobre afectaciones, pese a denuncias de la misma población y de agrupaciones ambientales.
A través de documentos obtenidos mediante una solicitud de transparencia, se reveló que el 17 de julio de 2025 el Comité de Transparencia de la SDS negó el acceso a información clave sobre las inspecciones ambientales realizadas a la granja. La solicitud, registrada con el folio 310571725000126, fue presentada el 4 de julio, donde se pidió conocer las denuncias presentadas contra la granja, el estatus de sus trámites ambientales y las inspecciones realizadas entre 2022 y 2025.
El Comité declaró que parte de la información era “inexistente”, otra confidencial y otra más reservada por un periodo de dos años.
Uno de los datos más relevantes fue que la granja no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la autoridad estatal. Según un memorándum interno de la Dirección de Evaluación Ambiental, fechado el 11 de julio de 2025, la granja inició el trámite MIA-194/2023, pero este “se encuentra detenido debido a diversas denuncias públicas”. En consecuencia, no existe resolución oficial.
Además, el Comité clasificó como confidencial cualquier dato personal relacionado con los involucrados en las denuncias y reservó toda la información relativa a inspecciones y medidas impuestas, argumentando que su publicación “obstruiría las actividades de verificación e inspección”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó el 25 de abril de 2025 que impuso una clausura total temporal a la granja porcícola Pecuaria Peninsular debido a la descarga de aguas residuales sin el permiso correspondiente. La empresa presentó un permiso de descarga a nombre de otra razón social, lo cual contraviene la Ley de Aguas Nacionales.
Con esta medida, la empresa quedó impedida de aumentar su producción. Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, declaró: “La operación de esta mega granja sin permiso de descarga infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y la salud humana de la comunidad”.
No obstante, los habitantes han documentado que la granja sigue operando pese a la clausura. Ariel Alejandro Noh Nahuat, vecino de 34 años, denunció: “Sigue entrando y saliendo camiones, aunque ya no por la entrada principal para que no los veamos. El acceso ahora está del otro lado”.
Criminalización de la defensa: el caso del comisario
Nos están criminalizando por defender la salud de nuestros hijos: comisario de Santa María Chi.
La lucha ha escalado del terreno ambiental al legal y penal. Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario municipal reelecto, es uno de los rostros más visibles de la resistencia y también uno de los más afectados por la criminalización.
Desde que comenzó la lucha, la comunidad ha promovido cuatro amparos. “Los niños tienen enfermedades crónicas como asma, rinitis o sinusitis. Con cualquier cambio de temperatura o presencia de humo, se les agravan. Por eso empezamos esta lucha”, explica.
El comisario ha enfrentado vigilancia, amenazas veladas y denuncias penales por supuestos delitos como privación ilegal de la libertad, daños y despojo. “Me han dicho: ‘Cálmate’. Políticos de la administración anterior y de la actual. También nos han dicho en el Congreso que hay muchos intereses de por medio”, cuenta.
Este caso ha sido documentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) como uno de los ejemplos más claros de criminalización en la región.
Felipe Romero, Coordinador de Derechos Humanos del CEMDA, advierte que esta situación no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional y estatal: “La criminalización es el uso del derecho penal —pero también de otras formas punitivas— para obstaculizar o impedir la labor de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”.
Desde 2012, el CEMDA ha documentado agresiones contra personas defensoras ambientales en la Península de Yucatán. Tan solo en 2023, registraron siete eventos de agresión en la región, que suman al menos 25 agresiones específicas, siendo la criminalización la más común.
El año pasado documentamos 20 eventos de agresión con al menos 77 víctimas a nivel nacional. Y lo preocupante es que esta tendencia se mantiene constante desde hace tres años. Es un patrón que no se detiene, señala Romero.
Los datos muestran que la estrategia de criminalizar a líderes comunitarios no solo busca silenciar voces, sino desarticular luchas colectivas. “La criminalización busca seleccionar a personas clave —voceros, autoridades comunitarias, líderes— y se les imputan delitos. Así se debilita el proceso colectivo y se obliga a la comunidad a enfocarse en la defensa penal de esas personas”, apunta.
Romero es claro en señalar que la criminalización no ocurre solo por iniciativa privada: “La criminalización implica necesariamente la colaboración de las autoridades. La autoridad debería investigar si realmente se cumplen los elementos del delito, pero en lugar de eso, dan trámite a denuncias infundadas sin considerar el contexto de defensa de derechos humanos”.
El caso Wilberth y el olvido institucional
La historia de Wilberth refleja esta estrategia. Según el CEMDA, tras una protesta pacífica de la comunidad contra la granja porcícola, se inició un proceso penal en su contra por presuntos delitos como despojo y privación ilegal de la libertad. “La denuncia penal viene de la empresa, pero no se queda ahí. La fiscalía y los jueces le dan curso sin tomar en cuenta la labor de defensa que él realiza ni adoptar una perspectiva de derechos humanos”, denuncia Romero.
La situación es paradójica: mientras la PROFEPA clausuró recientemente dicha granja por irregularidades, Wilberth sigue enfrentando cargos. “La Profepa emitió un boletín el 25 de abril señalando afectaciones comprobadas. Es decir, hay una labor legítima de defensa de su parte. Sin embargo, las autoridades han sido omisas”, agrega.
“En el caso de Wilberth, por ejemplo, se le acusa de despojo de un bien inmueble y privación ilegal de la libertad. Ambos delitos están definidos de forma muy precisa en el Código Penal. Lo que corresponde es que tanto la fiscalía como los jueces verifiquen si la conducta atribuida corresponde, punto por punto, con la descripción legal del delito”.
Eso no está ocurriendo. Y además, las autoridades están obligadas a actuar con perspectiva de derechos humanos. El artículo 1º de la Constitución establece que todas las autoridades —en cualquier ámbito— deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Autonomía indígena, permisos y exclusión
El problema central es que la granja se encuentra inserta directamente dentro de la comunidad. El predio donde está ubicada formaba parte de una antigua hacienda de gran extensión. Los abogados explican que el conflicto surgió cuando el uso del suelo de ese predio cambió para destinarse a la cría intensiva de cerdos.
Daud Rincón Amaro, director de Vinculación de la Unidad de Litigio Estratégico de la Defensoría Pública, indica: “Actualmente, la granja alberga más de 50,000 cerdos, ubicados prácticamente junto a la comunidad, lo que ha provocado la contaminación del aire, de los suelos y descargas con tratamiento deficiente”.
Estos residuos contaminan los pozos de agua que la comunidad utiliza para consumo. El plan de desarrollo urbano del municipio de Mérida reconoce al menos ocho o nueve pozos artesanales comunitarios dentro de Santa María Chi.
Jocelyn Gutiérrez, abogada de la Defensoría Pública, señala que también se ha vulnerado el derecho a la autonomía de la comunidad y a la libre determinación. El derecho a la consulta previa fue reclamado ante un juzgado de distrito a través del subcomisario, quien actúa como representante y autoridad indígena tradicional de Santa María Chi.
Orvelín Montiel Cortés, también abogado, advierte que el comisario no debe ser visto como una autoridad auxiliar, sino como una autoridad autónoma e indígena. Sin embargo, no se le ha permitido participar en las sesiones de cabildo, donde se discute el tema de la granja.
De acuerdo con los abogados entrevistados, la nueva administración, encabezada por Cecilia Patrón, renovó la licencia de funcionamiento pese a que se había informado lo contrario al comisario.
Se solicitó vía Transparencia los documentos de esta licencia el 4 de julio, el 18 de julio el municipio pidió una prórroga; y esta fue la respuesta del Ayuntamiento de Mérida:
Ayuntamiento de Mérida niega emisión de Licencia para Granja Porcícola en Santa María Chi
El Ayuntamiento de Mérida, a través de su Comité de Transparencia, confirmó la “inexistencia de información” relativa a la emisión o renovación de una licencia de funcionamiento para una granja porcícola en Santa María Chi.
La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal realizó una “búsqueda exhaustiva”, tanto en archivos físicos como electrónicos, y concluyó que no se encontró ningún registro de trámites o licencias expedidas para la mencionada granja.
La solicitud, identificada con el folio 310579125000395, motivó una investigación por parte de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. Según el oficio DFTM/SCA/DC Of. 315/25, la dependencia informó que «no se ha recibido ningún trámite, así como tampoco se ha expedido licencia de funcionamiento alguna como lo refiere el ciudadano». Por lo tanto, no existen requisitos presentados por la empresa, ni un número de expediente o folio relacionado con una licencia de funcionamiento. La búsqueda incluyó archivos físicos y electrónicos del Departamento de Administración Tributaria de la Subdirección de Ingresos .
Confirmación por el Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida analizó la respuesta de la Dirección de Finanzas y Tesorería y «confirmó la declaración de inexistencia de la información requerida» por unanimidad de votos.
Mayra Nahuatlán representa a la juventud que se ha sumado a la resistencia: “Nos preocupa la salud, el aire, el agua y el suelo. Ya hay enfermedades, y queremos detener esto antes de que empeore”.
A sus 19 años, Ángel Gaspar, joven originario de Santa María Chi y estudiante de ingeniería civil, observa con preocupación el impacto ambiental: “A veces prendes la manguera y sale sucia el agua”, cuenta. Como estudiante de ingeniería, considera que la granja debería contar con plantas de tratamiento adecuadas, pero no perciben que estas funcionen correctamente.
Plantea una alternativa: recuperar la hacienda de la comunidad para convertirla en un espacio turístico y cultural que beneficie a las y los habitantes.
Impacto emocional y vigilancia
El comisario asegura que ha vivido dos años de estrés constante, vigilancia y amenazas. Ha instalado cámaras de seguridad en su casa y limita sus desplazamientos por temor a represalias.
“Tengo que avisar dónde estoy, compartir ubicación. He visto carros desconocidos, camionetas de lujo tomando fotos en la comunidad, en mi casa, en el campamento”, relata. Ha recibido advertencias de actores políticos para que “baje la voz”.
Durante más de tres décadas, los habitantes han convivido con los efectos negativos de la granja. Ariel Alejandro Noh Nahuat recuerda: “Desde pequeño ya se sentían los olores, moscas y moscos, pero hace dos años fue peor. Quemaban todo lo que veías, parecía neblina. Respirabas y te quemaba la nariz”.
Asegura que muchas personas desarrollaron enfermedades como rinitis, faringitis y asma. Recientemente, su sobrina de 14 años enfermó tras mudarse con él.
A pesar de que la comunidad ganó un amparo que impide el funcionamiento de la granja, la empresa continúa operando. “Sigue entrando y saliendo camiones, aunque ya no por la entrada principal para que no los veamos. El acceso ahora está del otro lado”, denunció.
La organización Mercy For Animals México también documentó el caso y realizó una protesta en Mérida. Comprobaron que la granja sigue operando pese a la clausura de Profepa. Además de denunciar el maltrato animal, alertaron sobre despojos, conflictos legales y amenazas a recursos naturales.
Felipe Lans, gerente de voluntariado, detalló: “La problemática de las megagranjas en Yucatán ya ha rebasado varias comunidades mayas”.
A pesar del conflicto, la comunidad mantiene sus usos y costumbres. Recientemente celebraron un rosario a San Antonio de Padua. “La lucha social no detiene nuestra vida normal. Los usos y costumbres son muy importantes para nosotros como pueblo maya”, comenta un habitante.
La batalla de Santa María Chi evidencia la violencia sistemática que enfrentan las comunidades indígenas ante megaproyectos.
Somos muchas comunidades en México que enfrentamos lo mismo: el poder económico y político nos quiere callar. Pero seguimos luchando por justicia y respeto, concluye Wilberth Nahuat.
El aire aún huele a cerdo, a injusticia, a tierra herida. Aunque la Profepa haya impuesto una clausura total temporal, el veneno sigue filtrándose bajo las puertas de la impunidad.
Las juventudes, las infancias, los adultos y los ancianos continúan resistiendo. En medio de la peste y la criminalización, brilla un halo de esperanza. No están solos; aunque a veces parezca lo contrario, la comunidad se mantiene unida.
Willy, el comisario, sigue cargando con el peso de una defensa. Pero aquí, en Santa María Chi, nadie baja la mirada. Las infancias amparan el futuro, los ancianos sostienen la memoria, y la tierra sigue pariendo resistencia. Porque cuando el Estado falla, el pueblo recuerda: la dignidad no se clausura.
A pesar de la lucha constante, el proceso legal contra Willy sigue abierto. Se le acusa de varios delitos, y hasta ahora no ha habido una sentencia favorable o no favorable. Se sigue dilatando.
Aunque, con esta clausura, la comunidad maya de Santa María Chi ve encenderse una luz de esperanza. Durante años, los pobladores denunciaron lo que parecía una industria intocable, operando con impunidad y bajo la complacencia de las autoridades. Hoy, la decisión abre la posibilidad de transformar el terreno que alguna vez simbolizó contaminación, enfermedad y conflicto, en un espacio vivo para la comunidad: un parque, un recinto cultural o un lugar de encuentro donde, en lugar de daños y perjuicios, florezca la convivencia y la salud.
Santa María Chi respira, al fin, la posibilidad de un futuro más limpio, justo y digno.