Por Verónica Loaiza Servín

Alzando Voces, el nacimiento de Cofaddem desde la memoria y la resistencia

Siendo muy joven, Janahuy Paredes fundó el Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México, conocido como Cofaddem “Alzando Voces”. Su involucramiento en la lucha contra la desaparición forzada nació, como en muchos otros casos, desde el dolor personal: su padre, Francisco Paredes Ruiz, fue desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán.

Francisco no era un hombre cualquiera. Fue militante activo desde los años setenta, participante del movimiento guerrillero, preso político, y defensor incansable del territorio. Tras haber estado recluido en la prisión de Lecumberri entre 1971 y 1976, fue liberado gracias a la presión del movimiento social de la época. En 1980 lo detuvieron de nuevo y salió libre en 1984. Desde entonces, siguió activo en las luchas sociales, especialmente en la defensa del territorio, como su participación contra la privatización del lago de Zirahuén, en Michoacán.

Para la familia Paredes Lachino, la desaparición no fue inesperada: ya habían recibido amenazas, eran vigilados y el entorno político apuntaba a la represión por activismo. Aun así, en 2007, el término “desaparición forzada” casi no se usaba; “En ese entonces no se hablaba de desapariciones, no se tenía la noción de que nuevamente venía el tema de la desaparición forzada”, asegura. Predominaba la narrativa del “levantón”, esa forma ambigua que dejaba entrever que, estaba involucrado en actividades delictivas, “Se nos acercaba alguien y era como eso, ‘en algo andaba’, porque teníamos tan claro que mi papá sí fue por una cuestión de activismo, por las amenazas y todo lo que hubo.”

Desde ese panorama de incertidumbre, la familia decidió salir a la calle. Participaron en una marcha organizada por un colectivo en Morelia, cargando una lona con la imagen de Francisco. Era un acto simbólico y urgente, una forma de decir: “estamos buscando, no vamos a callar”.

Fue en esa marcha donde comenzó a gestarse lo que más tarde sería el Cofaddem “Alzando Voces”. En aquella marcha, se les acercaron integrantes de la Sección XVIII del magisterio para decirles que había otras personas en situaciones similares: familiares con hijos e hijas desaparecidas, que también estaban buscando. La reacción inicial fue de desconcierto. Las primeras mujeres con las que se encontraron eran amas de casa, ya mayores, que apenas empezaban a articular su propio duelo y su rabia. Lo que inició como una marcha aislada se volvió un acto colectivo y político. 

El 30 de agosto de 2009, en la Plaza Melchor Ocampo en Morelia, durante una jornada por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, instalaron una mesa informativa sobre el caso de Francisco y otros desaparecidos. Ese día ocurrió un encuentro inesperado que marcó un antes y un después.

Primero llegaron tres personas: dos madres y un padre, buscando a sus hijos desaparecidos por un grupo policiaco, presuntamente por el Grupo de Operaciones Especiales -conocidos como las Fuerzas de Reacción o Policías de Reacción-, en la colonia Colinas del Sur. Los jóvenes, de 23 y 24 años, fueron detenidos en unas maquinitas a plena luz del día. El patrón se repetía: desapariciones cometidas por fuerzas estatales, familias desorientadas, discursos oficiales llenos de estigmas, y la frase que todo lo nubla: “en algo andaban”. 

Pero ese día no llegaron solo tres personas; “Llegan como 50 personas, todas tenían familiares desaparecidos… es algo que se nos salió de control”, comparte Janahuy. Muchas personas venían de otras regiones del estado, con testimonios similares: detenciones arbitrarias, negativas institucionales y un patrón constante de desaparición de jóvenes por policías. Varias ya habían intentado denunciar sin éxito, mientras que el caso de Francisco, por su perfil político, tenía mayor visibilidad. Esto obligó a las hijas del activista a reconocer el lugar desde donde hablaban y la posibilidad de poner en contacto a las nuevas familias con personas y colectivos con mayor experiencia, como con Rosario Ibarra de Piedra, histórica defensora de los desaparecidos en México. 

“Nos dimos cuenta que faltaba una organización total. No había organizaciones, nada. Nos teníamos que ir a México para prepararnos un poco”, asegura. Ese reconocimiento mutuo fue el germen de algo más grande. Un tío de la familia Paredes prestó una oficina y, en ese pequeño espacio improvisado, comenzó la organización. Buscaron alojamiento para quienes venían de lejos, compartieron comida, intercambiaron números de contacto. Las historias eran tantas, tan parecidas, tan invisibilizadas, que fue imposible mantenerse ajenas.

“Un precedente valioso para conformar la existencia de Cofaddem, fue la preparación y guía que nos dio la Doctora Blanca Hernández. Ella es de la Fundación Diego Lucero, creada para exigir verdad y justicia en los casos de los desaparecidos de los años setentas. Ellos nos acompañaron en el caso de mi padre; nos dieron las bases para conformarnos ya en un colectivo que tuviera objetivos, lineamientos políticos, principios políticos y la forma de llevar la agenda del año”, precisa Janahuy. 

Las aportaciones de Hernández eran de suma importancia, ya que fue de las primeras mujeres que se organizó para la conformación del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, al que después se integró Rosario Ibarra de Piedra. “Nos transmitió mucha experiencia sobre cómo se conformaron y el porqué de la Fundación Diego Lucero, ya por ahí del 2000”, sostiene Paredes Lachino.

Así fue que Cofaddem “Alzando Voces”, nació en ese caos compartido, en esa rabia compartida, en ese amor profundo por quienes no están. Su origen no fue planificado desde la teoría política, sino desde el reconocimiento del dolor y la necesidad urgente de no quedarse de brazos cruzados.

Cuando el Estado calla y violenta, las familias se organizan

Janahuy, a los 23 años, comenzó a comprender con mayor claridad la desaparición de su padre. Junto con otras familias, entendió que no se trataba de hechos aislados ni de acciones de la delincuencia organizada, sino de desapariciones forzadas cometidas por policías y fuerzas estatales. “Realmente en ese entonces no se hablaba de desapariciones, no se tenía la noción de que nuevamente venía el tema de la desaparición forzada… empezamos a ver, son policías, no tiene que ver nada de narco. Esto es una desaparición forzada”, comparte la joven activista.

En ese momento, en Michoacán no existían organizaciones que acompañaran específicamente a familias de personas desaparecidas, por lo que muchas tuvieron que trasladarse a la Ciudad de México. Ahí, de forma fortuita, entraron en contacto con Serapaz, quienes ofrecieron alojamiento, talleres, y acompañamiento político y emocional. Janahuy comparte que no fue precisamente acompañamiento, pero si fue un gran apoyo, “Como organización nos ayudó a entender qué estaba pasando, como nombrar el tema de las desapariciones forzadas, civiles o sociales que la ONU así lo enmarca, y entender los actores políticos involucrados». Esta organización contaba con la vinculación de Clemencia Correa, una experta colombiana en desapariciones forzadas, lo que permitió a las familias identificar patrones comunes entre México y Colombia, incluyendo el papel del Estado y del ejército en estos crímenes. 

El apoyo de Serapaz fue clave para que las familias nombraran lo que vivían, enfrentaran la confusión inicial y resistieran la revictimización de medios y autoridades. “Nos empezaron a apoyar, en el tema de talleres para ubicar los patrones, ponerle nombre al crimen, entender”, asegura Paredes Lachino. “En esos encuentros venían personas de Perú, de Argentina, que tenían que ver con el tema de la identificación forense; venía un psicólogo, Carlos Bernstein, que también ya llevaba un proceso de acompañamiento de personas desaparecidas en Guatemala y en otros países. Nos ayudó a fortalecer muchísimo”.

El caso de Francisco Paredes, por su trayectoria política, sirvió como referencia. Aun así, el estigma persistía. La pregunta “¿en qué andaban?” continuaba minando la legitimidad de sus búsquedas, incluso entre sectores que se consideraban aliados. Sin embargo, el trabajo de las familias, junto con el acompañamiento de Serapaz, permitió visibilizar la desaparición forzada como un problema político y estructural. “Eso fue el trabajo de Serapaz. Ya después sí nos dieron un acompañamiento, pero muy puntual, en el tema de seguridad, que fue cuando nos pusieron las medidas de seguridad a todos”.

La revictimización no solo venía de las instituciones, sino también de los medios de comunicación, que al inicio reproducían discursos oficiales que criminalizaban a los desaparecidos. Janahuy recuerda cómo los periodistas distorsionaban sus declaraciones o las trataban con burla: “Sacaban notas muy mal, muy revictimizantes ¿Cómo lo abordaban? Se burlaban, ‘¿pero cómo que desapareció?‘ siempre como juzgando la desaparición. Los periodistas eran… eran terribles”, comenta. Con el tiempo, y gracias a la insistencia y al trabajo de sensibilización, algunos medios comenzaron a cubrir el tema con mayor respeto y comprensión.

“También hubo un trabajo con los medios, un trabajo de educación, se tuvo que hablar con ellos. Después vinieron las mesas de trabajo y pedíamos a los medios que estuvieran”. Janahuy comparte que este cambio no fue inmediato. Requirió de diálogo, confianza y formación para desmontar prejuicios arraigados. La cobertura respetuosa solo fue posible tras mucho esfuerzo de las familias, enfrentando una cultura mediática centrada en el morbo y el sensacionalismo. 

La falta de profesionales con perspectiva de derechos humanos obligó a muchas mujeres y jóvenes a formarse ellas mismas. Desde ahí surgió un proceso de autoformación y fortalecimiento comunitario que les permitió asumir roles legales y organizativos dentro del movimiento. Al consolidarse, comenzaron a recorrer instituciones, fundamentándose en la Ley de Víctimas. Sin embargo, pronto detectaron que muchas veces esta ley más revictimizaba que ayudaba. 

Una constante en el proceso fue el maltrato institucional, marcado por la indiferencia, la falta de respuestas y actos que generaron desconfianza y desmovilización entre las familias, profundizando su vulnerabilidad. Por ello, aprendieron a desconfiar de ofrecimientos institucionales. Sabían que incluso apoyos como despensas podían usarse para desmovilizar o condicionar: “Sé que muchas organizaciones de familias desaparecidas sí caen en todo eso. En lo corto con los políticos, en decir ‘ay, pues queremos recurso para buscar’, cuando no hay… no hay ni voluntad por parte del Estado ni las condiciones, comparte la cofundadora de Cofaddem. Los trámites oficiales exigían firmar documentos con posibles consecuencias legales, y muchas veces “las letras chiquitas” eran una trampa”.

Tampoco el acompañamiento psicológico institucional fue útil, en lugar de ayudar, les pedían “despedirse” simbólicamente de las personas desaparecidas, generando más daño. Se les imponían rituales para “Cerrar ciclos, les hacían hasta rituales de que ya tenían que enterrar a sus hijos” y declarar oficialmente la muerte de sus familiares, en ocasiones como requisito para acceder a apoyos legales o económicos, a la par, enfrentaron el abandono de abogados sin compromiso. “A muchos les dieron atención psicológica, los revictimizaban, los psicólogos decían, ‘bueno, ya, es que ya deben enterrar‘. En ese entonces, para poder tener toda esa atención, tenían que hacer la presunción de muerte de su familia… había una ley que decía, tienes que darlo por muerto para yo ayudarte”. Paredes Lachino señala que estas exigencias contradecía la esperanza y la lucha por la vida, aumentando la frustración. 

Para Janahuy, la experiencia con las instituciones está marcada por la desconfianza, la falta de voluntad política y una burocracia hostil. Las familias no solo han tenido que enfrentar el dolor de la ausencia, sino también la lucha constante para que se respeten sus derechos, sin ser revictimizadas ni manipuladas: “Un abuso de poder horrible, una impunidad. Nos tenían horas en la Procuraduría, todo el día. Nos decían: ‘venga mañana, no alcanzamos a poner la denuncia, porque hay mucha chamba‘. Y así, íbamos a recorrer todas las instituciones que se supondría que están para apoyar… veíamos muchos contras en lugar de beneficios”.

Dora y Larisa Jaimes también forman parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, Cofaddem “Alzando Voces”. Su incorporación al colectivo ocurrió en 2013, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, entre 2006 y 2012 y Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, en un periodo crítico para México y, en particular, para Michoacán, marcado por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Fue entonces cuando desapareció su hermano Mauricio, en un contexto en el que las desapariciones forzadas y cometidas por particulares aumentaron drásticamente, tanto en operativos militares como por la acción de grupos criminales. El hecho ocurrió cerca de la Central de Abastos, en la ciudad de Morelia. Fue Dora, junto con su madre, quien decidió buscar apoyo en Cofaddem, organización que conocían por medio de las hermanas Paredes Lachino. Así comenzaron su proceso de acompañamiento y registraron formalmente el caso.

La familia de Dora y Larissa Jaimes no era ajena al tema de la desaparición forzada: su padre había sido “detenido desaparecido” durante la Guerra Sucia en Guerrero, en la década de 1970. Ese fue un periodo en el que el Estado mexicano emprendió una campaña de represión armada contra movimientos sociales, estudiantiles, campesinos y guerrilleros que exigían justicia, democracia y mejores condiciones de vida. Esta práctica fue sistemática y está considerada una grave violación a los derechos humanos. Logró escapar tras varios meses desaparecido, sobreviviendo a condiciones extremas y siendo testigo de torturas y asesinatos. Sin embargo, a pesar de ese antecedente, jamás imaginaron que Mauricio también sería víctima de desaparición.

Al inicio, la familia Jaimes tuvo dificultades para aceptar la desaparición de Mauricio. Sus padres preferían imaginar otros escenarios, incapaces de concebir que algo tan grave les hubiera ocurrido. El proceso de aceptación ha sido profundamente doloroso, “El proceso de la desaparición es algo que el corazón no sabe asimilar” afirma Dora.

Para Larissa, pertenecer a un colectivo como Cofaddem representa el ser “una persona muy valiente, una persona que puede, que tiene la capacidad, el coraje o tal vez el dolor. “A ese dolor se suma la rabia: rabia contra quienes se lo llevaron, contra quienes saben y callan, contra un Estado que mira hacia otro lado. Junto a la rabia, está la indignación de ver cómo pasan los días, los meses y los años sin respuestas, sin justicia”. En su sentir, el vivir así ha sido una carga insoportable, a pesar de ello “Es lo que nos empuja a seguir buscando, a no rendirnos, a transformar el dolor en fuerza. A gritar sus nombres hasta que vuelvan a casa”. Valora profundamente el compromiso de quienes, sin tener familiares desaparecidos, también se suman solidariamente “Esas otras personas también te dan la fortaleza o las herramientas para ayudar o para seguir trabajando”, sostiene. 

Ella tenía 24 años cuando desapareció su hermano, y a partir de entonces comenzó a formarse en derechos humanos y justicia: “Yo empecé a estudiar derecho, porque traes la perspectiva de que buscas la justicia cuando estudias derecho, después te das cuenta que ocupas herramientas académicas, ya sean cursos, diplomados: especializarte”. Pronto entendió la complejidad del sistema y la necesidad de especializarse para enfrentar el proceso con mayor claridad y profundidad.

A más de una década, no hay avances reales en la investigación. La Fiscalía de Michoacán extravió la carpeta y dio a entender que había clasificado el caso como homicidio, aunque no existe un cuerpo ni evidencia que permita sostener tal conclusión. “La desaparición implica la ausencia física del cuerpo y, muchas veces, la falta de pruebas contundentes, lo que dificulta que las autoridades realicen una investigación clara, efectiva y con resultados”.

Sin un cuerpo o evidencia tangible, el caso puede quedar en la sombra, sin avances reales. Esto provoca impunidad, al no contar con elementos suficientes para judicializar; genera frustración en las familias que exigen verdad y justicia, y da pie a una negación oficial que minimiza o incluso ignora la desaparición. Tanto es así, que hasta la fecha el expediente permanece en un limbo jurídico. Larisa sospecha que las autoridades saben dónde está su hermano, pero se niegan a actuar.

El rostro de la resistencia: participación de las mujeres en la búsqueda de personas desaparecidas

Janahuy Paredes señala que la lucha de las familias frente a la desaparición forzada se sostiene en la dignidad, la exigencia de justicia y la resignificación del dolor como forma de resistencia colectiva. Desde esa perspectiva, las mujeres han sido protagonistas fundamentales, asumiendo una postura activa y política frente a la omisión del Estado. 

Su organización ha permitido crear estrategias jurídicas, políticas y culturales para visibilizar la problemática, enfrentar la violencia institucional y ejercer presión por la verdad y la reparación. Esta participación no solo responde a la ausencia de respuestas oficiales, sino también a la ausencia simbólica de los hombres, muchas veces replegados por mandatos machistas que les impiden mostrarse vulnerables. 

Ante esa situación las madres, esposas, hermanas e hijas se convierten en el rostro visible de la búsqueda y la resistencia. “El hecho de que haya más mujeres buscando no es tanto el que nosotras hayamos decidido como mujeres, sino que desaparecen o al cabeza de la familia, que es el que daba dinero a la casa, el que proveía, o a un hijo integrante”, asegura Janahuy.

Para ella la participación de estas mujeres en espacios como Cofaddem representa no solo un acto de lucha política, sino también un proceso de politización y empoderamiento, en contraste con la invisibilización relativa de los hombres, así como la construcción de memoria colectiva desde lo íntimo, lo comunitario y lo público. “Las mamás, en este proceso de estar en Cofaddem, sí tuvieron una politización y una evolución más grande que los papás, que los hombres”, asegura.

Por su parte Dora Jaimes, afirma que a lo largo de su experiencia en Cofaddem, ha vivido un proceso profundo de solidaridad con otras familias, reconociendo que muchas historias de desaparición siguen patrones similares. Destaca el papel central que han asumido las mujeres dentro del colectivo quienes, impulsadas por el amor y el vínculo con sus familiares desaparecidos, transforman el dolor en lucha colectiva por la verdad, la justicia y la memoria, “El comité se ha integrado mayormente por mujeres, y un grupo muy reducido por parte de hombres”, manifiesta. 

«Quienes hemos sido protagonistas en los procesos de búsqueda, denuncia, organización y construcción de memoria frente a la desaparición forzada han sido las madres, las hermanas, las hijas, las parejas de personas desaparecidas”.  Según explica, estas mujeres asumen la búsqueda y la denuncia como una extensión de los cuidados que históricamente han sostenido en lo cotidiano, convirtiéndose en defensoras de derechos humanos, investigadoras y guardianas de la dignidad de sus seres queridos, ante la impunidad y el abandono institucional.

Dora señala que, aunque los hombres también sufren y algunos participan, los roles de género influyen en que sean las mujeres quienes lideran mayormente estas acciones. En varias conversaciones dentro del colectivo se ha reflexionado sobre cómo los estereotipos tradicionales asignan a los hombres la fortaleza y el control emocional, lo que dificulta que expresen su dolor o se involucren activamente.

“Las mujeres hemos asumido muchas veces en condiciones de gran vulnerabilidad y de riesgo, honestamente, la responsabilidad de exigir justicia, de visibilizar las ausencias y sostener siempre constantemente la esperanza”, asegura. Además, muchas mujeres sienten una responsabilidad directa de salir a buscar, mientras que los hombres suelen retraerse o canalizar el dolor de otras formas. 

También observa que, al ser la mayoría de las personas desaparecidas hombres jóvenes, muchas potenciales buscadoras son, en realidad, las propias madres, mujeres familiares y cercanas a ellos. En muchos casos, las madres se convierten en el sostén emocional de la familia, mientras que los hombres se alejan, migran o se inhiben por miedo, estigmatización o presión social. Pese a ello, las mujeres han logrado abrir espacios legítimos y visibles para ejercer su activismo, incluso en contextos donde la denuncia pública sigue siendo criminalizada. «Yo creo que la valentía que nos caracteriza como mujeres y esa persistencia que caracterizan directamente, es precisamente por ello que hemos logrado abrir caminos para reconocer la verdad, la dignidad, la memoria colectiva», afirma Dora.

Desde su experiencia, Larissa Jaimes resalta que, en los colectivos de familiares de personas desaparecidas, las mujeres ocupan un lugar central y protagónico, tanto en lo emocional como en lo organizativo. La mayoría de las personas que integran y sostienen estos espacios son mujeres, principalmente madres, quienes, impulsadas por el amor y el dolor, han asumido la tarea de buscar, denunciar, acompañar y formarse en defensa de los derechos humanos. 

Aunque reconoce que existen hombres que apoyan y colaboran, su participación es más limitada, influida por roles de género tradicionales que les asignan la responsabilidad económica del hogar, mientras que a las mujeres se les deja “a cargo” de la búsqueda, la movilización y el duelo. Asegura que “Entramos como en la parte de un machismo, respecto a que alguien tiene que trabajar en lo que ustedes (las mujeres) se van a llorar o a marchar». Esta división también responde, en algunos casos, a sentimientos de vergüenza o estigmatización por parte de los hombres frente a la desaparición de un ser querido.

En su experiencia, la mayoría de las integrantes activas son mujeres que se han visto obligadas a capacitarse por necesidad, aprendiendo desde cero sobre protocolos de búsqueda, herramientas legales y procesos institucionales, convirtiéndose en activistas a partir de la urgencia de encontrar a sus familiares. «Al final todas estas mujeres se han formado, se han capacitado, han aprendido de protocolos, han estudiado, claro les mueve el amor y también es así que terminan haciendo cosas que ellas ni se imaginaban”, asegura Larissa Jaimes.

En cuanto a la composición generacional, comenta que muchas madres han luchado durante años, enfrentando desgaste físico y emocional, y aunque algunas hijas, sobrinas o jóvenes comienzan a tomar el relevo, las madres siguen siendo la fuerza motora del movimiento. Esta entrega, explica Larissa, refleja el tipo de compromiso que caracteriza a las mujeres en esta lucha colectiva, donde la dignidad y la memoria se sostienen día a día frente al abandono del Estado.

Por su parte, Elvia Higuera Pérez, reflexiona sobre la profunda dimensión de género en las desapariciones y en los procesos de búsqueda. «El porcentaje más alto, que tiene que ver con esta lógica, es, yo diría que el 90% son hombres [desaparecidos] y el 10% son mujeres”, asegura. Aparte de que sostiene que las desapariciones de mujeres suelen estar vinculadas a delitos como la trata de personas o el feminicidio, donde la desaparición es muchas veces el paso previo a la privación de la vida.

Esta diferencia en los perfiles de las víctimas también se refleja en la composición de los colectivos de búsqueda, donde aproximadamente el 98% de quienes participan activamente son mujeres. «Las mujeres han tenido un papel fundamental en la búsqueda de sus seres queridos», expresa Elvia. Esto se relaciona con el rol históricamente asignado a las mujeres como cuidadoras, así como con la intensidad del vínculo afectivo que desarrollan, especialmente cuando se trata de sus hijos e hijas.

Desde su experiencia, la abogada explica que muchas mujeres, al asumir la maternidad, lo hacen desde un compromiso profundo y visceral, que las impulsa a movilizarse sin descanso en la búsqueda de sus seres queridos. Esta entrega, sin embargo, implica un alto costo emocional, físico y familiar. Las madres buscadoras suelen desatender otras responsabilidades familiares lo que genera tensiones y fracturas al interior de los núcleos familiares. 

Asimismo, la desaparición de un ser querido rompe el tejido social: los rumores y sospechas hacia personas cercanas o vecinas pueden derivar en resentimientos, conflictos e incluso en la ruptura de la convivencia comunitaria, «Cuando las madres buscadoras o las mujeres buscadoras dedican parte de su tiempo a esta situación de la búsqueda, pues también como que se desestructura el entorno familiar», asegura la especialista en política pública.

Higuera Pérez también destaca que son las mujeres quienes, pese a los riesgos y la sobrecarga emocional, se involucran con mayor decisión, valentía y persistencia, convirtiéndose en el rostro más visible del activismo por la verdad, la memoria y la justicia.

Desaparición forzada, la acción de madres y familiares

Un aspecto particularmente crítico fue la construcción simbólica de las “madres buscadoras”, un término popularizado y sobreexplotado que, aunque da visibilidad a la lucha de las mujeres, también genera limitaciones y estigmas. La narrativa de la “madre sufrida” que busca a su hijo corre el riesgo de reducir la lucha colectiva a una cuestión individual, emocional y maternal, invisibilizando la dimensión política y jurídica de la desaparición forzada y la responsabilidad del Estado, considera Janahuy Paredes.

«Esa moda de las mamás buscadoras se hizo, cuando nosotras hemos luchado tanto, porque no somos hijas buscadoras, mamás buscadoras, somos familiares de personas desaparecidas, que es un término internacional donde se le da una responsabilidad al Estado. La desaparición forzada y detenido, desaparecido, es un término jurídico internacional”, asegura Janahuy. Desde la perspectiva de las y los familiares organizados, este concepto limitado porque no solo las madres buscan, sino familiares en general, y porque la desaparición forzada es una violación grave a derechos humanos que implica la obligación del Estado de investigar y sancionar. 

Además, la denominación “mamá buscadora” refuerza los estereotipos sobre las mujeres y las responsabilidades que se les asignan socialmente. Janahuy considera que,  «El concepto de mamás buscadoras, ya está sobreexplotado, tú no eres mamá de la persona desaparecida, y pudiste haber sido hasta la sobrina o quien fuera. Limita y a mí me parece que sigue cayendo como esta responsabilidad en la maternidad de buscar» insiste Janahuy.

Este cuestionamiento se amplía al señalar que, aunque las mujeres son quienes mayoritariamente llevan la búsqueda, esta realidad se debe en gran parte a que la mayoría de los desaparecidos son hombres jóvenes, quienes representaban el sustento familiar o eran vistos como “mano de obra barata” y, en muchos casos, víctimas del crimen organizado y la violencia estatal. Así, la lucha de las familias desafía no solo la violencia y la injusticia sino también las narrativas patriarcales que intentan moldear sus roles y discursos.

La insistencia, y el peligro de que se aborde este término que se da de “madres buscadoras”, es por la insistencia de que “Se humanice al desaparecido y sea la prioridad, él o ella, de todas las historias, parece que ya se nos ha olvidado o perdimos la capacidad de indignarnos como sociedad de la gravedad de una desaparición. Lo que socialmente nos tendría que indignar es la vida de la persona desaparecida, la gravedad de que no está, lo que implica que la sustrajeran de su vida, de sus derechos, de su humanidad y de está vulnerable, que está fuera de la protección de la ley”, confirma Janahuy. 

Es importante que la perspectiva sea desde la responsabilidad crítica, del impacto psicosocial: “el impacto del individuo desaparecido, de la familia, de lo colectivo y social. El horror que genera este crimen, de la responsabilidad de autores intelectuales y materiales. Ningún familiar debería tener un protagónico que revictimice, sea objeto del amarillismo, del enjuiciamiento social y la manipulación del oportunismo”.

Desde el análisis institucional, Karina Ansolabehere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM, advierte que el Estado mexicano ha trasladado, de manera sistemática, la responsabilidad de la búsqueda de personas desaparecidas a los familiares, particularmente a las madres: “el que haya madres, familiares, hermanas, hijas, hijos, buscando y demandando justicia y verdad y reparación, no exime al Estado, que es el responsable justamente de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, frente a las desapariciones”. Este traslado de responsabilidades se sostiene sobre una idea profundamente enraizada: la de que las mujeres, en su rol de madres, son quienes deben llevar adelante la tarea de buscar, resistir y exigir justicia.

Por ello, diversas organizaciones y especialistas han cuestionado este enfoque. Desde el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad se propone el uso del término “familias que buscan” en lugar de “madres buscadoras”, precisamente para dar cuenta de la diversidad de vínculos afectivos y familiares implicados en los procesos de búsqueda. «Las familias tienen derecho a participar en las políticas públicas, pero la obligación de buscar y garantizar derechos es del Estado», afirma Ansolabehere.

Frente a este vacío institucional, las familias han asumido, de forma no voluntaria, tareas que corresponderían al aparato estatal. Pero esto no puede considerarse un reemplazo legítimo ni debe convertirse en excusa para seguir desmantelando capacidades institucionales. Como enfatiza Karina: “El Estado tiene que buscar, independientemente de si la familia es activa o no es activa… no se les puede poner la responsabilidad a ellas… el que no está cumpliendo con su función básica, que es garantizar la integridad física de la población que está en su territorio, es el Estado, no son las familias.”

La experiencia de quienes buscan a un ser querido desaparecido también implica una dimensión emocional profunda. Karina Ansolabehere señala que viven lo que la psicología del trauma ha denominado una “pérdida ambigua”: una situación de ausencia sin certeza, de duelo suspendido, de espera interminable. Esta experiencia genera un sufrimiento persistente y coloca a las familias en un estado permanente de alerta, frustración y ansiedad.

Desde la mirada periodística, el testimonio de Paloma Robles, cofundadora del medio ¿A dónde van los desaparecidos?, posiciona a las mujeres como protagonistas fundamentales en la lucha contra la desaparición. Madres, esposas, hermanas, tías, hijas y compañeras han sostenido durante años una búsqueda que va mucho más allá de lo físico: se trata de una lucha por la verdad, la justicia y la memoria.

La categoría de “madres buscadoras” emerge como un significante potente, aunque paradójico. “El concepto de madre arropa y une. Aunque no todas lo son, unas saben que son hermanas, otras que son nietas, pero el concepto de madre se aglutina en la lucha”, manifiesta Paloma. Si bien aglutina identidades y genera sentido de comunidad, también corre el riesgo de reducir la participación a una lógica maternalizante, invisibilizando a otras mujeres que, sin ser madres, forman parte esencial de los colectivos.

Paloma subraya que esta categoría no ha sido impuesta por el Estado, sino apropiada como bandera política y afectiva. No se trata de aceptar el mandato del cuidado impuesto culturalmente a las mujeres, sino de redefinirlo en clave de resistencia: buscar porque el Estado no lo hace, excavar la tierra porque los peritos no llegan, sostener los rostros en alto porque la memoria duele, pero es necesaria. Las mujeres que buscan encarnan una genealogía del amor en rebeldía, donde el cuerpo se vuelve herramienta, símbolo y resistencia.

Aunque reconoce que la figura de “madre buscadora” ha sido central y articuladora del movimiento, también advierte que el término puede resultar limitativo para nombrar la diversidad de mujeres y familiares que participan en las búsquedas. “Lo que ellas ya estaban haciendo sin nombre, nosotras solo le fuimos poniendo palabras. Por ejemplo: buscar en vida, ¿cómo se busca en vida? Ellas ya lo hacían, solo faltaba sistematizarlo”, dice Robles. Muchas mujeres que no son madres se han asumido como tales dentro del movimiento, no porque se niegue su identidad, sino porque el concepto de madre funciona como aglutinador simbólico y afectivo. 

Desde la perspectiva institucional, Elvia Higuera Pérez, exsubsecretaria de Derechos Humanos en Michoacán, identifica que una de las principales problemáticas es la confusión entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. En su análisis, explica que la desaparición forzada se refiere a aquella cometida directamente por agentes del Estado, ya sean municipales, estatales o federales, como policías, ejército, marina o actualmente la Guardia Nacional; y tiene una raíz histórica en México. 

Higuera identifica que, “En México teníamos el primer periodo que se reconoce como desaparición forzada, que es la época de la guerra sucia”, un periodo que abarcó desde finales de los años sesenta hasta los ochenta, caracterizado por una sistemática persecución contra estudiantes, líderes sociales, campesinos, periodistas y activistas. A partir de los años noventa, y con mayor intensidad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, transitó hacia una nueva etapa del fenómeno de la desaparición. 

En esta fase, el protagonismo de los grupos del crimen organizado, muchas veces en colusión con actores del Estado, complejizó la tipificación y el abordaje del delito. En territorios como el de Michoacán, donde las estructuras delictivas y las instituciones públicas suelen operar en condiciones de ambigüedad, las fronteras entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares se desdibujan, aunque la distinción jurídica y política entre ambas sigue siendo fundamental.

Higuera sostiene que “Hay casos donde el Estado no participa activamente, pero permite que sucedan, o no investiga, y eso también constituye una forma de responsabilidad”, aunque por su omisión, negligencia o permisividad ante el crecimiento y actuación impune de los grupos criminales, existe una obligación. 

Desde una perspectiva operativa, Elvia explica que las desapariciones forzadas, al involucrar a agentes estatales, pueden ofrecer indicios más claros para la investigación. En cambio, las desapariciones cometidas por particulares tienden a ser más complejas, debido a la falta de patrones claros de actuación y a la dispersión geográfica de las posibles rutas de búsqueda. Esto plantea retos diferenciados para la localización y la sanción, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales en ambos frentes.

Karina Ansolabehere, señala que las definiciones legales actuales sobre desapariciones en México, “El paradigma de la desaparición forzada, al poner solamente el énfasis en un tipo de perpetrador, que es el perpetrador estatal, invisibiliza otros tipos de desapariciones: la violencia de género, la violencia al interior de la familia, en el espacio más cercano de las víctimas”. Por ello, propone desmarcarse de estas categorías legales tradicionales y hablar de “desapariciones sin adjetivos”, con el fin de centrar la atención en las personas desaparecidas y quienes las buscan.

Su postura busca superar las limitaciones de las clasificaciones legales, que muchas veces oscurecen las múltiples violencias que convergen en las desapariciones. Karina advierte que,  la rigidez legal también dificulta el acceso a la justicia y permite que las autoridades evadan responsabilidades, abriendo la puerta a la impunidad.

Paloma Robles coincide en que la distinción entre desaparición forzada y desaparición por particulares resulta limitada para explicar la realidad mexicana. Desde su experiencia acompañando colectivos, señala que esta división diluye la responsabilidad estatal. Aun cuando no haya un agente público ejecutando la desaparición, la omisión, colusión o incapacidad de las autoridades constituyen formas activas de participación. “El Estado está presente incluso cuando parece ausente”, afirma.

“La desaparición de personas forma parte de una cadena económica que favorece capitales criminales, y el Estado no hace nada para detenerlo”, asegura Robles. Limitar su responsabilidad solo a las desapariciones forzadas tradicionales es una trampa legal que impide comprender el fenómeno en su dimensión estructural. “La desaparición es un insumo, dentro de una economía delictiva sostenida por la complicidad institucional”, asegura.

Frente a ello, propone repensar las categorías jurídicas y las políticas públicas para que reconozcan tanto la acción como la omisión del Estado. Se trata de construir un marco normativo que no oculte la verdad tras tecnicismos, sino que refleje la complejidad del sistema que permite que las personas desaparezcan.

El arte como forma de resistencia y reparación simbólica

En el trabajo del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México, Cofaddem “Alzando Voces”, el arte y la cultura han sido herramientas fundamentales para la visibilización, la protesta y el acompañamiento emocional, afirma Janahuy Paredes. Las actividades culturales se han articulado en torno a fechas clave como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, el Mes del Desaparecido, el Día de la Madre y el Día Internacional de los Derechos Humanos. En estos momentos, se organizan actos públicos que combinan manifestaciones políticas y expresiones artísticas: mítines, murales, pintas, mesas de debate, marchas, huelgas de hambre, así como foros con música, danza, poesía y creación visual.

«Las actividades culturales eran parte de nuestras estrategias de lucha. No solo era lo jurídico o político, sino también actividades fuera de la búsqueda como acompañamiento, protestas, pintas”, confirma Janahuy. Estas intervenciones culturales no solo visibilizan la problemática, sino que tienen un impacto terapéutico en las familias, especialmente en las madres. Compartir el dolor de manera colectiva y ver representadas sus historias genera acompañamiento y fortaleza. La participación de artistas como la cantautora Noelia Ventura ha sido significativa, pues ayuda a romper el aislamiento emocional que viven muchas mujeres en duelo, y abre el camino hacia una conciencia política más profunda.

Desde Cofaddem, Janahuy reflexiona sobre el rol del arte en este tipo de luchas: se insiste en que las expresiones culturales deben partir de la necesidad real de las familias, humanizar a los desaparecidos y evitar centrarse en el ego o el prestigio del artista. “Nosotros no somos artistas como tal. Siempre nos hemos reiterado eso: que no somos artistas, pero sí nos hemos apoyado en el arte estratégicamente para sensibilizar y para acercarnos, para levantar la voz de esa manera en estas actividades político-culturales que hemos organizado”. Para ella el arte, para ser útil y respetuoso, debe acompañar de manera consciente, y no convertirse en una herramienta de explotación simbólica o académica.

Una de las acciones más representativas es la que se realiza cada 10 de mayo en la plaza Benito Juárez de Morelia, donde las madres y familiares se reúnen para convertir el Día de la Madre en una jornada de denuncia y memoria. A través de expresiones como la danza, la pintura, la música y la creación de rebozos, reconfiguran el dolor en resistencia colectiva. «Estas actividades culturales fueron muy importantes y terapéuticas porque permitirían a los familiares no sentirse solos, crear vínculos y fortalecer la resistencia”, comenta Paredes Lachino.

Para Dora Jaimes, la memoria es una herramienta de resistencia que se construye desde la acción concreta y colectiva. En Cofaddem, esta se expresa a través del registro sistemático de los casos, pero también en iniciativas como marchas, intervenciones públicas, caminatas en silencio, bordados con nombres, placas conmemorativas, galerías visuales y árboles de la memoria que reafirman públicamente la existencia de quienes han sido desaparecidos. 

Estas acciones no solo dignifican a las víctimas, sino que también interpelan a la sociedad desde el espacio público, rompiendo la indiferencia y el anonimato impuesto por las cifras oficiales. “El arte para la cuestión de la memoria, a mí ya me parece elemental, ha sido bien importante poder entablar interlocuciones con artistas que son empáticos, solidarios, y que entienden”, asegura. Dora destaca cómo la incorporación del arte, en formas como el performance, la poesía, la música o la pintura, ha fortalecido la dimensión afectiva y política de la lucha, creando espacios de sanación emocional para las familias y de transformación social. 

Aunque algunas manifestaciones artísticas no siempre son comprendidas de inmediato por todas las integrantes del colectivo, con el tiempo se reconocen por su capacidad de generar diálogo, empatía y acompañamiento. En particular, Dora subraya el valor de estas expresiones para las mujeres, quienes suelen involucrarse más intensamente en los procesos de memoria, dotando a estas acciones de una carga simbólica profundamente reparadora. Para ella el arte dignifica, en el caso de personas desaparecidas “Rescata sus nombres, los nombra, rompe ese anonimato de esas historias, de esas narrativas que nos han puesto institucionalmente, de que son cifras. Los humaniza, les nombra como personas con sueños, familia y proyectos de vida”.

Karina Ansolabehere destaca que el arte, en circunstancias de desaparición forzada, funciona como una forma de resistencia y reparación simbólica. A través de las diferentes manifestaciones las familias logran visibilizar su lucha, compartir el duelo y construir comunidad. Estas prácticas culturales permiten romper el aislamiento, enfrentar la violencia simbólica del entorno y ampliar la idea de justicia más allá del castigo penal, al ofrecer espacios para sanar, hacer memoria y transformar el dolor en acción colectiva.

Para Paloma Robles, “Sólo a través del arte podríamos entender la dimensión del duelo, del miedo, del dolor, de la ausencia”. A través de lenguajes visuales, sonoros o corporales, las expresiones culturales permiten visibilizar la ausencia, sostener el duelo colectivo y construir comunidad. No se trata de una dimensión decorativa, sino de un acto político que inscribe en el espacio la exigencia de justicia cuando las instituciones callan o niegan. La periodista considera que el arte, así, se convierte en resistencia y memoria viva.

La cantautora Noelia Ventura inició su vínculo con Cofaddem de forma inesperada pero profundamente transformadora. A partir de una experiencia emocional intensa, compuso en 2008 la canción “Hasta Encontrarlos”, canción que concedió a las integrantes del colectivo y que dio origen a un acompañamiento artístico sostenido, en el que la música se convirtió en un canal de expresión, memoria y resistencia. Para Ventura, el arte, en especial la música, permite nombrar lo innombrable sin victimizar, y ofrece una vía sensible para conectar con el dolor ajeno, abrir espacios de sanación y romper el silencio social.

Reconoce que cada persona se relaciona con el arte de manera distinta, y que la creación también puede ser abrumadora para quienes la canalizan. Sin embargo, afirma que el arte tiene el poder de tocar lo emocional donde el discurso no llega, de mover cuerpos, emociones y conciencias, y por ello debería ocupar un lugar central en los procesos sociales y colectivos, como medio de empatía, transformación y dignificación.

Para Noelia Ventura, el arte, y en particular la música y la danza, son una vía profunda para canalizar emociones, liberar el dolor y reconstruir lo humano frente a un sistema que promueve la desconexión emocional. «Creo que el arte lo tenemos que poner más al frente, porque atraviesa barreras y llega de otro lugar, toca el corazón”, asegura. Su propuesta busca invitar a sentir, a mirar hacia adentro, y a reconocer que muchas violencias sociales podrían evitarse si las personas tuvieran espacios para transitar su dolor de forma consciente. 

Para Noelia Ventura, el arte es una vía de sanación frente al dolor profundo que deja la desaparición forzada. A través de la música y la danza, propone liberar las emociones contenidas en el cuerpo como forma de transitar el duelo sin quedar atrapadas en él. «Las canciones pueden inspirar calma, lucha o catarsis, dependiendo de cada persona y su momento”, declara. El arte, dice, no es solo expresión: es un acto político y transformador que ayuda a sostener la vida en medio del dolor.

Resignificar sin encontrar, resistir sin romperse.

Karina Ansolabehere señala que el cuerpo desaparecido es un símbolo clave para la dignidad, el duelo y la incertidumbre de las familias. Encontrar el cuerpo suele ser un punto crucial para cerrar ciclos de dolor, pero muchas veces es imposible debido a las condiciones en que los cuerpos son tratados. Por ello, algunas familias resignifican esa búsqueda y elaboran el duelo desde otras dimensiones, en procesos personales, no lineales ni comparables. La desaparición genera una pérdida ambigua que cambia con el tiempo, y tanto la esperanza de encontrar a la persona con vida como la aceptación de su ausencia son caminos válidos que requieren respeto y acompañamiento.

Por su parte Paloma Robles reflexiona sobre cómo la desaparición va más allá del ocultamiento y el terror, convirtiendo al cuerpo en un territorio político y económico, usado y desechado por el crimen organizado. “Cuando tú desapareces el cuerpo, desapareces la evidencia, desapareces a la persona, estás desapareciendo su historia, estás desapareciendo su trazo en la tierra”, asegura. Esta negación del cuerpo implica también la negación del duelo y del derecho a nombrar, llorar y cerrar ciclos. Para quienes buscan, excavar la tierra es un acto radical de recuperación y resistencia frente a esa ausencia que borra historia, identidad y humanidad. En este sentido, la desaparición no es solo una forma de violencia física sino un acto de negación ontológica, la ausencia del cuerpo es la negación del dolor ajeno.

Para Elvia Higuera es importante incorporar la justicia restaurativa para mejorar el trabajo con los colectivos de madres buscadoras y fortalecer los esquemas de derechos humanos y relación con las instituciones. Propone un modelo similar a la justicia transicional colombiana, donde los responsables reconocen su culpa, facilitando procesos de paz y reconciliación para las víctimas. «Yo sí pensaría en un modelo de justicia restaurativa donde pudiéramos transitar por todos estos momentos. Primero agotar el tema de la justicia integral donde a partir de que se garantice el derecho a la verdad saber qué pasó con mi hijo, con mi hija, dónde están, por qué se la llevaron», asegura.

Explica que este enfoque permitiría a las familias transitar por etapas: primero, obtener la verdad sobre el paradero y circunstancias de sus seres queridos, fundamental para la sanación emocional; después, la sanción a los responsables, aunque reconoce la dificultad dada la impunidad en México; y finalmente, la reparación del daño para restaurar la dignidad de las víctimas. Subraya también la importancia de garantizar la no repetición, adoptando medidas para que estos crímenes no vuelvan a ocurrir, ante la crisis humanitaria que representa la desaparición en el país.

Janahuy Paredes reflexiona sobre la relación entre el cuerpo, el duelo y la sanación. Aunque reconoce la importancia cultural y simbólica del cuerpo en los procesos de cierre, ha aprendido a resignificar la ausencia física a través del arte y el trabajo emocional. Para ella, el cuerpo ya no es el centro del duelo, sino el punto de partida para reconstruir sentido, sin que la culpa o la esperanza en el sistema marquen el rumbo. Su camino actual prioriza el autocuidado, el desapego de mandatos familiares y la creación artística como forma de acompañamiento y transformación personal.

Decidió alejarse del activismo para enfocarse en su autocuidado y en reconstruir su vida tras años de dolor. Actualmente, está en proceso de creación de una novela gráfica sobre la desaparición de su padre, que fue clave en su proceso de sanación y resignificación. “Ya tengo una precuela corta de esa novela gráfica, esta parte de la novela gráfica le llamamos precuela, es más de memoria colectiva, trata sobre la detención de mi padre y sus compañeros del Movimiento de Acción Revolucionaria, allá por los setentas, cuando los detienen y hay una campaña política de represión, desacreditación y la captura de 19 integrantes de la guerrilla”, relata Janahuy.

La novela gráfica narra la historia y desaparición de su padre, la cual ha sido parte de un proceso de catarsis personal y de terapia, utilizando la colaboración de un artista visual, “Esa novela es mía, sí, pero me apoyé ciegamente en este compa que hace grabado; él realizó las ilustraciones. Fue un proceso del artista que se adecuó a mi necesidad de contar la historia de mi padre, mostrándose muy respetuoso en el proceso”. Por medio de este proceso entendió que el arte, acompañado de un trabajo emocional profundo, puede ayudar a sobrellevar las pérdidas sin idealizar a los ausentes. 

De esta manera Janahuy logró experimentar el acompañamiento con el artista para humanizar al desaparecido. “Por ello es muy importante que el artista esté atento y parta desde su inquietud a solidarizarse, hacer algo que atienda las necesidades reales del familiar y, sobre todo, que el trabajo gire en torno a la memoria y dignidad del desaparecido.” Fue un ejercicio muy importante para ella, “A través de su arte y acompañamiento, puedo entender que se defiende la memoria y la dignidad de mi padre fuera de un sistema que lacera y en el cual no creo… pero sí desde mi amor, mi memoria y el vínculo de hacer lo posible hacia con mi padre.”

Larissa Jaimes continúa activa en Cofaddem, es abogada y pieza importante del colectivo, espera que a futuro se logre una verdadera sensibilización en las autoridades encargadas de la búsqueda y la justicia, quienes deben atender a las familias con empatía, respeto y profesionalismo desde el primer momento. Critica la ineptitud y deshumanización institucional, señalando que muchas acciones son solo simulaciones que se aprovechan del dolor de las familias sin voluntad política ni justicia real. 

Considera que las políticas públicas deben ser independientes y autónomas, especialmente las comisiones de búsqueda, para evitar designaciones políticas y garantizar que sus integrantes comprendan la historia y la lucha que las originaron. Larissa señala que si bien los colectivos enfrentan divisiones internas y diferencias ideológicas, hay una exigencia común que los une: la presentación con vida de las personas desaparecidas y el reconocimiento de la lucha valiente y sostenida de las mujeres.

Dora Jaimes expresa que, después de años de lucha y búsqueda, su expectativa va más allá de encontrar a su hermano desaparecido. Lo que realmente espera es la garantía de que estos hechos no se repitan, esto implica transformar las causas estructurales, reformar las instituciones para que respeten los derechos humanos, así como capacitar y sancionar a quienes cometen estos delitos de lesa humanidad o permiten abusos, y fortalecer la prevención y la atención integral a las víctimas y sus comunidades. 

Para ella el escenario ideal sería la no repetición, “Que se garantice que estos hechos, que son sumamente graves y dolorosos, nunca vuelvan a ocurrir. No basta con solo encontrar y hacer justicia, es necesario transformar las causas estructurales y las prácticas que permiten estos crímenes”, asegura. Además, destaca la importancia de construir una cultura de memoria, verdad y justicia para evitar la negación y el olvido, transformando el dolor familiar en un compromiso solidario que entiende la lucha como una causa colectiva.

Dora envía un mensaje a las familias que aún no forman parte de colectivos, asegurándoles que no están solas,  la búsqueda no es fácil pero es un compromiso y respeto propio. “La búsqueda, aunque está llena de obstáculos, es un acto de amor profundo y de dignidad. Por eso les invitamos, si lo quieren ver así, a resistir  juntas y juntos, a organizarnos, a sostenernos, a acompañarnos en este dolor, pero también, en la esperanza.” Subraya que la unión de las familias es un acto de resistencia frente al olvido y la impunidad, y anima a no dejarse paralizar por el miedo, sino a convertir la lucha en un camino de memoria y justicia, reconociendo la fuerza y capacidad que da esta experiencia para sobrevivir y resistir.

Desde la mirada de Dora Jaimes, es importante “No olvidar continuar con el proyecto de vida después de una desaparición, porque es un acto de valentía y resistencia. Después de una desaparición, las familias tienen el derecho de reconstruir sus sueños, sus planes y su bienestar, sin que el dolor ni la ausencia las paralicen”. Reitera que reconocer este derecho implica que el Estado y la sociedad acompañen y brinden herramientas para que las personas afectadas puedan seguir adelante, “Sanar y mantener la dignidad, la búsqueda de nuestros desaparecidos es también parte de ese proyecto de vida: una lucha que exige justicia, verdad y la garantía de que podamos vivir con esperanza y libertad.”

Verónica Loaiza Servín (Morelia, 1980) es arquitecta, gestora cultural, periodista cultural, artista multidisciplinaria y activista feminista. Desde 2010 dirige Contenedor de Arte A.C. y, desde 2016, coordina el Festival Arte para TodAs/Todxs, plataformas que han sido referente en Michoacán por su enfoque en feminismo, disidencias sexuales y derecho al territorio. En 2020 fundó la Red Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem), articuladora de colectivas para incidir en políticas públicas con enfoque feminista. Es integrante de la Unión de Abogadas, Defensoras y Acompañantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. Desde estas plataformas ha vinculado arte, cultura, urbanismo y derechos humanos. Como autora y coordinadora literaria, destaca en la antología “Brujas, Monstruas y Feministas” (2025) y en el artículo “Feminismo, iconoclasia y gestión cultural” (2024), coordinado por la Universidad de Guadalajara, entre otros.