Por Nallely González
Los centros de privación de libertad en México no están hechos para mujeres, y menos para madres. La violencia obstétrica dentro del sistema penitenciario refleja cómo el Estado castiga doblemente a las mujeres: por cometer un delito y por dejar de ser «buenas mujeres».
La prisión como castigo y dispositivo de género
Según datos de la UNAM, los centros de privación de libertad, tal como los conocemos hoy, fueron concebidos en el siglo XVIII como una alternativa a la pena de muerte y la tortura. Surgieron para ser espacios de corrección y rehabilitación, y se convirtieron en el pilar del nuevo sistema penitenciario que buscaba reformar antes que castigar. Sin embargo, la forma en que operan actualmente, especialmente los centros penitenciarios para mujeres en México, no cumple con esa premisa.
Según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2024, al cierre de 2023 había 233,173 personas privadas de la libertad, de las cuales 13,291 eran mujeres. En San Luis Potosí, entre 2024 y mayo de 2025, ingresaron al penal de La Pila 608 mujeres, de las cuales 324 siguen en reclusión.
Estas mujeres no solo enfrentan las múltiples fallas del sistema penitenciario, sino también una serie de violencias sistemáticas y estructurales que las condenan doblemente: por cometer un delito y por ser mujeres.
Violencias sistemáticas: tortura y discriminación
Las paredes de los centros de privación de libertad, a menudo invisibles para la sociedad, guardan realidades brutales. En México, para las mujeres privadas de la libertad, el encierro no solo implica la pérdida de su libertad, sino también una exposición constante a violencias sistemáticas y estructurales.
El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de Libertad en México (2022) revela que una de cada cuatro mujeres se siente insegura dentro del centro. Lo alarmante es que el 43.82% de las entrevistadas fueron sometidas a actos de tortura sexual con fines de humillación y castigo, mientras que un 23.59% sufrió tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El estudio también señala que al menos una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún delito durante su reclusión, y que el 70% ha reportado discriminación por el tipo de delito cometido o su situación económica. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha detectado la existencia de prostitución dentro de las prisiones, tanto en centros femeninos como mixtos.
La doble condena: ser mujer en reclusión
Esta doble condena implica una recriminalización, ya que no solo son juzgadas por el delito que cometieron, sino que el sistema refuerza la idea de que son “mujeres criminales”. Una mujer que rompe el rol patriarcal de madre, esposa o cuidadora no tiene explicación válida en este sistema.
Para los fines de este texto, la recriminalización se define como la suma de la estigmatización persistente, los efectos de la prisionización y, en algunos casos, procesos de victimización institucional que llevan a que una persona en prisión sea constantemente percibida, tratada y, en cierto modo, “reafirmada” en su identidad de “criminal”, incluso mientras cumple su condena y a pesar de los objetivos de reinserción social que se supone tienen las penas privativas de libertad.
La activista Denisse Rentería asegura que
las mujeres son doblemente castigadas: por cometer un delito y por dejar de ser buenas mujeres, porque la sociedad no concibe a las mujeres como perfiles criminales, y cuando lo son, se les impone un castigo ejemplar, ya que son consideradas las peores mujeres del mundo, porque no solo transgreden la ley, sino también las expectativas de género.
Un claro ejemplo es que las mujeres enfrentan penas mucho más severas que los hombres por los mismos delitos. La Enpol señala que el 11.5% de las mujeres en prisión enfrentan sentencias de 50 años o más, mientras que, en el caso de los hombres, solo el 5.5% tienen ese tipo de sentencias.
Un sistema masculinizado
Otro tema de extrema relevancia es la falta de atención médica especializada para mujeres y para los menores que viven con ellas en prisión. Son pocas las mujeres que reciben una valoración médica al ingreso, y la gran mayoría no cuenta con exámenes periódicos.
Esta deficiencia ocurre porque los centros de privación de libertad en México están masculinizados. La revisión de la literatura y los datos estadísticos revelan la falta de adecuación de los centros para atender las necesidades específicas de las mujeres.
Además de las carencias generales, un punto crítico es que, por ley, los hijos de las reclusas solo pueden permanecer con ellas dentro de prisión hasta cumplir los tres años de edad. Esta separación temprana se convierte en un desafío emocional y logístico para madres y menores.
En México, solo existen 22 centros femeninos locales, los cuales albergan al 50% de las mujeres privadas de la libertad; el resto se encuentra en centros mixtos, y 13 de los 32 estados no cuentan con centros femeninos.
Rentería, de Algaraza AC, señala que “las prisiones no están diseñadas para mujeres; los espacios y las dinámicas no tienen un enfoque de género adecuado y carecen de áreas especializadas que garanticen una estancia digna y segura para ellas y sus hijos”.
Esta concepción masculinizada de la prisión se agrava al pensar en la salud de las mujeres, específicamente en la sexual y reproductiva. Al respecto, la periodista Marcela del Muro señala que esta situación cobra dimensiones particulares en centros como el de Xolol, en la Huasteca potosina, donde las mujeres compartieron que solicitaban el implante subdérmico, un método anticonceptivo hormonal, a pesar de no recibir visitas; lo hacían con la única finalidad de dejar de menstruar, ya que, específicamente en ese penal —que no cuenta con servicios básicos como agua o luz ni privacidad alguna—, menstruar es un privilegio que no pueden tener.
Es muy, muy difícil y degradante, equiparable a una forma de tortura; la imposibilidad de mantener una higiene básica en un entorno sin puertas en los baños, con escasez de agua y plagas, es una constante agresión a la dignidad, afirma.
Yesica Rangel señala que la salud sexual y reproductiva debería ser un derecho garantizado para todas las mujeres, incluidas las que están en prisión. Sin embargo, en este contexto, las mujeres sufren múltiples violaciones a sus derechos humanos en temas de salud sexual y reproductiva, entre las que destacan la anticoncepción forzada, la imposibilidad de decidir sobre la maternidad, la falta de atención especializada y la violencia obstétrica. Así lo relata Rentería, quien en una visita de la colectiva Algaraza a un centro de internamiento para menores infractores descubrió que se habían colocado parches anticonceptivos a las adolescentes sin su consentimiento informado.
La violencia obstétrica es la desapropiación del proceso de embarazo y parto de una mujer; implica no considerar sus deseos, negarle información y, en casos extremos, causar la muerte de la madre o del bebé. En el contexto carcelario, esta violencia puede escalar al nivel de tortura, ya que las condiciones de encierro exacerban las vulnerabilidades de las mujeres, señala la doctora y académica Yesica Rangel.
La doctora asegura que la violencia obstétrica abarca una amplia gama de prácticas, desde las más «sutiles» hasta las más graves; entre ellas se encuentran la negación o retención de información; la restricción de libertades, como prohibir el consumo de líquidos o alimentos u obligar a adoptar una posición específica durante el parto; el trato deshumanizado, como silenciar quejidos o gemidos de dolor; y procedimientos injustificados o riesgosos, como la realización de cesáreas, maniobras invasivas y otras prácticas comunes en instituciones de salud que priorizan la optimización de espacios y la rapidez en lugar del respeto al proceso fisiológico del parto.
En su experiencia con mujeres privadas de la libertad, Rangel comenta que, en su caso, esta violencia toma tintes de tortura, pues las condiciones de deshumanización a las que son sometidas las colocan en un mayor grado de vulnerabilidad, exponiéndolas a riesgos mayores y a la negación de sus derechos básicos.
Manifestaciones y alcance de la violencia obstétrica en prisión
Las mujeres en prisión, además de enfrentar las formas habituales de violencia obstétrica, sufren estigma y discriminación por parte del personal de salud, que las percibe como “mujeres malas”. Esto conduce a un trato cruel y deshumanizado, donde se les niega apoyo, se les confina en las peores ubicaciones en los hospitales y se genera un morbo respecto a su embarazo y situación legal.
Otras formas de violencia obstétrica que enfrentan incluyen la separación temprana de sus hijas e hijos, lo que dificulta la lactancia materna. También sufren la llamada “esclavitud en el parto”, ya que muchas mujeres son esposadas durante este proceso, una práctica inhumana y degradante que ignora la vulnerabilidad física de la mujer en trabajo de parto.
Marcos normativos y su incumplimiento
La violencia obstétrica, una grave violación a los derechos humanos, es especialmente aguda para las mujeres en prisión. Esta violencia y discriminación de género afectan de manera desproporcionada sus procesos reproductivos y están condenadas por convenciones internacionales, como la de Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El Relator Especial sobre la tortura ha enfatizado que la gran autoridad del personal de salud y la falta de marcos legales de protección dejan a las mujeres en una posición de indefensión. Daniela Varela, coordinadora de Justicia Penal en la organización Perteneces, señala: “Las prisiones están implementadas desde una lógica patriarcal; están pensadas por hombres, para hombres.” Esta realidad se traduce en la falta de atención médica especializada, trato deficiente y denegación de medicamentos, prácticas que el Relator califica como malos tratos o, si son intencionadas, tortura. Un ejemplo específico es el uso de grilletes y esposas en mujeres embarazadas durante el parto, lo que inflige profundo sufrimiento físico y psicológico.
A pesar de que el marco legal internacional y nacional es “muy rico”, como lo describe Varela, su aplicación en la práctica es deficiente.
Aunque existen estos instrumentos, la realidad es que a menudo prevalece la prisión preventiva sobre las medidas alternativas. Varela menciona la experiencia de Perteneces, donde han litigado para que se apliquen medidas como firmas periódicas en lugar de prisión preventiva para mujeres embarazadas. Sin embargo, en muchos casos, la prisión sigue siendo la opción prioritaria, incluso cuando es inconstitucional.
Contexto obstétrico
Rangel asegura que no se puede comprender la violencia obstétrica en el entorno carcelario sin analizarla desde la interseccionalidad. Destaca, por ejemplo, factores como la clase social y la pertenencia a un grupo indígena, señalando que las mujeres indígenas enfrentan no solo barreras lingüísticas, sino también la falta de respeto a sus cosmovisiones por parte del personal de salud.
Otro factor es la edad. Mientras las mujeres jóvenes, incluidas adolescentes y niñas, son juzgadas y revictimizadas por su sexualidad —siendo forzadas a usar métodos anticonceptivos y a menudo regresadas a contextos de agresión sexual, en lugar de aplicar protocolos de violencia sexual—, las mujeres mayores de 35 años son consideradas “añosas”, estigmatizadas por embarazarse y presionadas para usar métodos anticonceptivos definitivos.
Finalmente, la situación de salud de las mujeres —como diabetes, hipertensión, problemas de salud mental, VIH o discapacidad— también las expone a mayor violencia obstétrica, pues el personal de salud las juzga como “no aptas” para la maternidad. En general, Rangel concluye que “existe un control social sobre los cuerpos de las mujeres y su decisión de ser madres o no”.
Historias de Resistencia: Voces Desde el Encierro
Las cifras y los análisis contextualizan la cruda realidad, pero son los testimonios de vida los que revelan la magnitud de la doble condena y la violencia obstétrica que enfrentan las mujeres en prisión. Sanjuana y Jimena son dos de las muchas voces que resuenan desde las celdas, compartiendo experiencias que exponen las profundas fallas del sistema.
Sanjuana
Durante los 15 años que estuvo en prisión, Sanjuana pasó por cuatro cárceles estatales, dos de ellas a kilómetros de su casa, lo que dificultaba las visitas. Fue en el penal de Ciudad Valles donde conoció al hombre que aún es su esposo.
Se embarazó estando en prisión; el motivo no importaba, era su derecho, pero ella comparte que lo hizo porque pensó que nunca saldría de ese lugar y quería ser madre.
Dar a luz en prisión fue una experiencia profundamente difícil: enfrentó una amenaza de aborto, atención médica limitada y tratos inhumanos, como estar esposada a la camilla durante el parto.
Criar a un hijo tras las rejas la enfrentó a dilemas constantes, ya que, aunque amaba profundamente a su bebé, sufría por tenerlo en condiciones precarias y sin acceso a alimentos básicos. La administración de una pequeña tienda dentro del centro de privación de libertad le permitió mejorar la calidad de vida de su hijo, aún en ese entorno hostil. Cuando su hijo estaba por cumplir tres años, fue obligado a salir de la prisión; la separación, relata Sanjuana, fue más dolorosa que el propio parto.
La separación fue devastadora para ambos, al punto que Sanjuana ya no quería tener más hijos porque no quería volver a sentir ese dolor tan profundo. Sin embargo, tiempo después nació Juanito, su segundo hijo, con quien vivió un proceso similar: parto bajo custodia y crianza en un entorno hostil, además de una doble separación, ya que fue trasladada, pese a tener un bebé con ella, al centro de privación de libertad de “La Pila”, lo que la alejó de su primer hijo y le provocó el dolor de una nueva separación.
En San Luis Potosí, las condiciones en que vivían las madres con sus hijos eran lamentables: un cuarto lleno de insectos, con hacinamiento y sin acceso adecuado a servicios médicos. Tras cartas y peticiones, un programa de gobierno federal fue destinado para mejorar el espacio donde las madres vivían con sus hijos dentro de la prisión.
Fue en el penal de La Pila donde Sanjuana tuvo que despedirse de Juanito, quien caminó por un largo túnel al final del cual lo esperaban su abuela y sus tíos. Sin embargo, notó que su mamá no lo acompañaba y Juanito ya no pudo regresar con ella. Días después, Sanjuana fue trasladada al centro de privación de libertad de Xolol, y fue hasta varios meses después que pudo verlo para preguntarle por qué se había cambiado de casa y por qué lo había abandonado.
El 20 de junio de 2024, el Congreso del Estado de San Luis Potosí le concedió a Sanjuana el indulto, poniendo fin a la serie de injusticias que había sufrido y permitiéndole volver a ver a sus hijos y vivir con ellos en libertad. Actualmente estudia la licenciatura en Derecho, con la firme convicción de que otras mujeres privadas de la libertad tengan una oportunidad como la que ella recibió.
Jimena
La vida de Jimena dio un giro brutal cuando, a sus 19 años y con seis meses de embarazo de su segundo hijo, fue detenida y sentenciada a 7 años y seis meses de prisión por robo a mano armada. La acusación surgió por haber acompañado a su pareja en una motocicleta durante el asalto que él perpetró, aunque ella asegura haber sido obligada a ir y vivir una relación abusiva y violenta. Desde su detención, enfrentó violencia institucional y maltrato físico, incluso estando embarazada.
Dentro del centro de privación de libertad vivió con miedo y en condiciones precarias, sin poder asistir al médico con la misma regularidad que fuera y sin poder comer lo que deseaba. Cuando inició el trabajo de parto, tardaron en creerle; el personal asumía que las mujeres fingían dolores para salir del penal, hasta que ya no pudo más. Fue esposada durante todo el proceso y tratada con desprecio por el personal médico, que le negó atención y anestesia. Así, Jimena dio a luz en una camilla, en un pasillo, sola y bajo tratos deshumanizantes.
Pasó los primeros años con su hija dentro de prisión, pero también cargaba con la culpa de no estar con su hija mayor. Cuando retiraron a su segunda hija del penal, Jimena sintió que todo había perdido sentido. Recibía visitas esporádicas, ya que decidió que ese no era un lugar para sus hijas.
Al recuperar su libertad, se reencontró con ellas, pero la relación ya no era la misma: crecieron con su hermana, a quien ahora ven como su figura materna.
Jimena asume la responsabilidad de sus decisiones, pero también cuestiona el estigma que persiste sobre mujeres que ya han pagado con años de encierro. Reconoce que muchas no son delincuentes peligrosas, sino mujeres que cometieron errores y merecen respeto, no más condena social.
La condena de Jimena, idéntica a la de su agresor, subraya la falta de perspectiva de género en un sistema judicial que no reconoció la violencia que ella padecía ni el impacto devastador de su encarcelamiento en su maternidad y en la vida de sus hijas.
Cuando Parir es una Tortura y Ser Madre, un Crimen
La protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad y de sus hijos es un pilar fundamental en la normativa nacional e internacional, aunque su aplicación en el sistema penitenciario mexicano enfrenta serios desafíos. Diversos instrumentos legales y recomendaciones enfatizan la necesidad de una atención especializada y un trato digno para este grupo vulnerable.
Estas recomendaciones incluyen atención médica especializada; conservación de la guarda y custodia de hijos menores de tres años en el centro penitenciario; alimentación adecuada; educación inicial; vestimenta adecuada; atención pediátrica para los niños que conviven con sus madres en prisión; así como acceso a medios para el cuidado de sus hijos.
La Dura Realidad de la Maternidad en Prisión
En México, 436 niños y niñas viven en prisión con sus madres, expuestos a un estrés tóxico constante en periodos críticos de su desarrollo cerebral. Las consecuencias a largo plazo incluyen trastornos de atención, emocionales y cognitivos, ansiedad, depresión, problemas de salud, bajo coeficiente intelectual, dificultades en lectura y un manejo deficiente de emociones y relaciones sociales.
Solo el 2.3 % de los 1,083 lactantes (de 0 a 2 años) conviven con sus madres en prisión; el 47 % son cuidados por abuelas. Respecto a los servicios para niños en prisión, solo el 13.3 % recibe material educativo, el 34 % pañales, el 13.3 % calzado y el 17.9 % artículos de higiene personal. El problema se agrava cuando el 61 % de las madres ha tenido que pagar para que sus hijos reciban atención médica y el 9.2 % por material educativo. Además, menos de la mitad tiene acceso a áreas de juego o guarderías, lo que sobrecarga a las madres y limita sus posibilidades de reinserción.
El CERESO «La Pila» de San Luis Potosí, hasta junio de 2025 albergaba siete menores conviviendo con sus madres. Se registró el ingreso de una mujer embarazada y dos más que se embarazaron durante su estancia; en total, tres embarazos que llegaron a término entre 2024 y mayo de 2025. Aunque las autoridades afirman que las condiciones son «óptimas» y niegan acusaciones de hostigamiento, estos datos se enmarcan en un sistema que, a nivel nacional, aún lucha por garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres en prisión y sus hijos.
Esta declaración oficial contrasta con las experiencias compartidas por activistas, personal de salud y periodistas que han visitado tanto el penal de La Pila como el de Xolol. Señalan espacios inadecuados, prisiones diseñadas para hombres con pocas adaptaciones para madres e hijos, carencias en servicios y una recriminalización constante hacia las mujeres privadas de libertad.
La brecha entre la normativa, las afirmaciones oficiales y la experiencia vivida por las mujeres y sus hijos subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y transparente para asegurar que los derechos y condiciones adecuadas sean una realidad en los centros penitenciarios. Visibilizar estas realidades es crucial para impulsar políticas públicas que garanticen el interés superior del menor y la dignidad de las madres en reclusión.
El Impacto de la Separación: Una Pena Extendida a la Familia
La separación de madres e hijos es un punto crítico. Los niños, especialmente los más pequeños, no comprenden esta separación y sienten el abandono de la figura materna. Esta ruptura del vínculo afecta su desarrollo psicosocial, provocando trastornos de atención, emocionales y de comportamiento, ansiedad, depresión, y un mayor riesgo de repetir patrones de violencia o caer en el consumo de sustancias. Así, la pena, que debería ser personal, se vuelve extensiva a las familias, sobre todo a las mujeres que cargan con el cuidado y el soporte económico de las reclusas y sus hijos, sin que el Estado asuma sus responsabilidades, lo que empuja a abuelas, hermanas y otras mujeres de la familia a un rol de cuidado que no les corresponde.
Además, cuando una mujer privada de la libertad es madre, la recriminalización se exacerba, pues al ser considerada una «mala mujer», también es vista como una «mala madre». Así lo señala Rentería, quien comparte que las mujeres en prisión no pueden ejercer una maternidad saludable, ya que son constantemente observadas y juzgadas.
Maternidades Colectivas: Resistencia y Apoyo Mutuo
Sin embargo, a pesar de esta situación, Rentería resalta una forma sorprendente de resistencia y apoyo mutuo entre las mujeres en prisión: las maternidades colectivas.
Hay apoyo entre compañeras; al no tener visitas externas, las propias internas se convierten en su familia. Se sostienen colectivamente, creando redes de apoyo y afecto en un entorno hostil, explica.
Surge una especie de crianza comunitaria, donde las mujeres asumen la crianza de las niñas y niños que viven con sus madres en prisión, y convierten en su familia a «todas las vestidas de beige».
La experiencia de la maternidad para las mujeres privadas de libertad en México, particularmente en los centros penitenciarios, revela una compleja realidad marcada por la vulneración de derechos y una profunda estigmatización social, donde el encierro no solo viola sus derechos, sino también los de sus hijos.
El Abandono más Profundo: El que no se Ve
La realidad de las mujeres en prisión es de abandono cultural, machista y misógino. A diferencia de los hombres, que suelen recibir visitas constantes y apoyo de sus familias (mayoritariamente mujeres), las mujeres privadas de libertad son olvidadas por sus parejas e incluso por sus propias familias. En muchas prisiones femeniles, las filas de visita son escasas, con una o dos personas, a menudo mujeres de la tercera edad con nietos a cargo.
Este abandono se sustenta en sesgos de género profundos que incluyen el doble castigo (recriminalización) y la falta de políticas penitenciarias con perspectiva de género.
La Enpol reveló que más del 80% de la población femenil no recibió visitas durante un año, y menos del 30% recibió artículos básicos del penal. Esta situación, donde se niega el contacto con el exterior, no solo afecta el bienestar emocional, sino también el acceso a beneficios de preliberación.
Reflexión Final: Un Espejo Social
El relato de la violencia obstétrica y el abandono en las prisiones femeniles de México no es solo una crítica al sistema penitenciario; es un espejo de nuestra propia sociedad, que permite la recriminalización y el olvido de las mujeres más vulnerables.
La paradoja de que la «influencia humanizadora» de la cárcel deba recaer en sus propios prisioneros, subraya la profunda ausencia de una intervención estatal efectiva y con perspectiva de género. Frente a esta realidad, es imperativo cuestionar no solo la forma en que se castiga, sino por qué se castiga de esta manera, y cómo podemos, como sociedad, construir un camino hacia una verdadera justicia social que priorice la dignidad y los derechos humanos de todas las mujeres, incluso aquellas que se encuentran en la necesidad de parir tras las rejas.