Existe un costo económico y emocional para las familiares de las personas privadas de la libertad, ya que son las que incurren en gastos extraordinarios para preservar el vínculo y subsanar las situaciones que comprometen el bienestar de su familiar, y están bajo una angustia constante por las condiciones de vida al interior de los centros y las barreras que encuentran al enfrentarse al sistema penitenciario.
En México, de forma estimada, existen 357 997 familiares de personas privadas de la libertad1 que también sufren el impacto de la cárcel. Entre los principales problemas que afrontan se encuentran la falta de visibilización; la violación al derecho a la unidad familiar por la lejanía de los centros penitenciarios; el deterioro de su economía por, entre otras cosas, suplir las obligaciones del Estado en relación al alimento y los productos básicos; la falta de medidas de protección y políticas públicas con un enfoque diferenciado, así como la inexistencia de protocolos públicos y accesibles. Ante este contexto se deben establecer principios y buenas prácticas sobre la protección de los derechos de las familias de las personas privadas de la libertad.