Análisis y acción para la justicia social A.C.
No existe una cifra exacta sobre cuántas mujeres fueron torturadas en aquella época, pero el informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 en la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), da cuenta de al menos 284 registros de mujeres detenidas-torturadas, todas identificadas por nombre, apellido y fecha de detención y tortura.
“Me pusieron una faja, en los dedos de los pies y en la lengua me conectaron como esos artefactos con los que le pasan corriente a los coches y comenzaron a subir al voltaje para que me diera toques”, declara Shantal Guerrero Romero, mujer trans que pasó tres días con los ojos vendados, con grilletes en los pies y esposas en las manos, mientras recibía golpes en los oídos, la cabeza y las costillas para declararse culpable del asesinato de Daniel, un crimen que no cometió en Yucatán.
Para las víctimas de tortura, las peores cicatrices no son físicas, el daño psicológico y las secuelas que deja también en la vida de sus familias lo convierte en una historia sin fin. En Coahuila prevalece la impunidad, pues no existe una sola sentencia por este delito.
Con recursos legales poco claros y en medio de presuntas violaciones a derechos humanos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas contra su vida y sus menores hijos y hasta violación sexual, son las condiciones en las que tres mujeres michoacanas fueron sentenciadas y destinadas a vivir en prisión.