Acceso a la información. La Visita T3E4
Conoce, en este nuevo episodio de La Visita, sobre el derecho de acceso a la información, uno de los derechos más violentados para las familias que acompañan a sus seres queridos en prisión.
Análisis y acción para la justicia social A.C.
Conoce, en este nuevo episodio de La Visita, sobre el derecho de acceso a la información, uno de los derechos más violentados para las familias que acompañan a sus seres queridos en prisión.
En el episodio de La Visita de hoy nos acompaña Ángela Guerrero, de CEA Justicia Social, aquí hablaremos de lo importante que es que las personas privadas de la libertad no pierdan el contacto con sus seres queridos.
En el episodio de hoy nos acompaña Nayomi Aoyama, Coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta.
Aquí hablamos sobre el principio de Bogotá relacionado con la no discriminación, Araceli nos comparte los pendientes que aún tiene el Estado para garantizar la igualdad de trato de las familias y cómo esto les afecta en su día a día.
El objetivo de esta audiencia es propiciar el inicio de un diálogo entre las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil, mujeres con discapacidad y aliadas en México para construir una agenda pública para erradicar la violencia contra las mujeres que integre la perspectiva de discapacidad y garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres.
Dos policías en el Estado de México narran haber sido torturados al ingresar a la corporación y luego aplicaron las mismas técnicas en sus detenciones. Mónica y Carolina, detenidas en diferentes municipios, describen experiencias similares de tortura que las llevaron a prisión. A pesar de las leyes contra la tortura, su aplicación es nula y la impunidad prevalece, perpetuando el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Susan Contreras, de 21 años, salió con sus hermanas a la marcha del 8 de marzo de 2023 en Monterrey, Nuevo León. Aunque esperaban una manifestación pacífica, al final de la marcha fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas y amenazadas por la policía estatal. Este episodio, que se sumó a la violencia ejercida durante la marcha del 10 de abril de 2022, reflejó el uso excesivo de la fuerza y la represión policial contra las manifestantes. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la promesa de disculpas públicas, las autoridades no han cumplido plenamente, dejando a las víctimas sin reconocimiento y sin medidas de reparación.