La organización Documenta advirtió que a seis meses de que la ONU determinara que el Estado mexicano es responsable por violar los derechos de un hombre con discapacidad, el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna de las recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En entrevista con REFORMA, Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, señaló que el pasado 6 de marzo se venció el plazo que el Comité le dio al Estado mexicano para que diera informes sobre los acciones que se han llevado a cabo para cumplir las recomendaciones que se hicieron por el caso de Arturo Medina Vela, acusado en 2011 por el robo de un vehículo, aunque él no sabe manejar.

«En el dictamen, el Comité le da al Estado mexicano seis meses para informarle qué acciones se han llevado a cabo para cumplir las recomendaciones», explicó la especialista en entrevista telefónica.

«No se ha avanzado en ningún sentido, ni tanto en el reconocimiento ni la disculpa pública ni la reparación del daño hacia Arturo ni en modificaciones que tienen que ver con la legislación, las políticas públicas, la implementación de ajustes para las personas con discapacidad cuando se enfrentan a la justicia», añadió.

Aseveró que no ha habido ni una mesa de trabajo y que aunque le toca a la Secretaría de Gobernación darle resolución a este caso, se lo pasó al Conapred.

«Nosotros tuvimos una reunión con Conapred para ver cómo podíamos avanzar pero van a paso de tortuga. Va muy lento, pensando que hace seis meses se emitió el dictamen y no ha quedado claro cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo», dijo.

Sheinbaum destacó además que es el primer caso que se resuelve en el comité y que fue México el país que promovió en el seno de las Naciones Unidas que se hiciera un Tratado Internacional para Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«Sorprende y preocupa la falta de interés en el tema. Es una fachada en favor de los derechos humanos y ante obligaciones internacionales, pero la implementación misma lo que predomina es una inacción absoluta», criticó.

Documenta envió este caso al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el cual revisa la implementación del Estado mexicano de la Convención, y además de examinar al Estado mexicano cada cuatro años también tiene la posibilidad de enviar casos individuales.

«Al Estado mexicano le toca ir frente al Comité este año en agosto de 2020. Tiene que ir para su segunda revisión», recordó.

A Medina Vela, durante todo el proceso penal le violaron el debido proceso, negándole la posibilidad de aportar pruebas, de defenderse o impugnar las resoluciones, incluso no pudo designar a sus defensores, y fue sancionado con una medida de seguridad que implicó la privación de su libertad por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, del Reclusorio Sur.

La resolución del Comité planteó la necesidad de reparar el daño a Medina Vela y como medida de no repetición ajustar la norma mexicana.

Esta nota fue originalmente publicada por Reforma y es reproducida por Documenta sin fines de lucro. Vea la versión original aquí.