Análisis y acción para la justicia social A.C.
Actualmente, 5007 personas forman parte del sistema integral de justicia para adolescentes en México, de las cuales 1313 se encuentran privadas de la libertad en alguno de los 45 centros de internamiento que existen en nuestro país. Sus edades oscilan entre los 14 y los 25 años.
En México, las personas con discapacidad recluidas se encuentran, en su mayoría, en los espacios destinados a la población general. No ocurre así con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, las cuales han sido aisladas, históricamente, en dormitorios o estancias psiquiátricas, incluso, tras haber sido declaradas «inimputables».
Existe un costo económico y emocional para las familiares de las personas privadas de la libertad, ya que son las que incurren en gastos extraordinarios para preservar el vínculo y subsanar las situaciones que comprometen el bienestar de su familiar, y están bajo una angustia constante por las condiciones de vida al interior de los centros y las barreras que encuentran al enfrentarse al sistema penitenciario.
En estas mujeres coexisten una diversidad de factores sociales: son mexicanas o extranjeras, tienen condiciones de estancia regular e irregular, son indígenas o afrodescendientes, son jóvenes en edad laboral o mujeres mayores de 65 años, son personas que no saben leer y escribir o poseen estudios superiores.
