Este protocolo constituye una primer iniciativa del Poder Judicial de la Ciudad de México para fortalecer el marco normativo de atención a personas con discapacidad psicosocial.
Contiene propuestas iniciales para un trato adecuado, pasos a seguir en el proceso de deliberación jurisdiccional para que las personas con discpaacidad puedan participar de manera activa en un proceso libre de obstáculos y barreras.