En el mes de mayo de 2022 se aprobó una reforma trascendental a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.1 La reforma fue el resultado de un esfuerzo de largo aliento de personas usuarias y ex usuarias de los servicios de salud mental, activistas, organizaciones de y para personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos que se unieron con el fin de impulsar una transformación de las leyes y políticas de salud mental y adicciones con miras a garantizar un sistema de atención comunitario. Un sistema cercano a las personas y sus comunidades basado en la evidencia y que tiene como último fin lograr la recuperación y el bienestar individual y social.
De igual manera, la reforma fue posible gracias al apoyo de la institución encargada de los servicios de atención psiquiátrica en el país, y el proceso legislativo de las cámaras de Diputados y Senadores quienes, sumándose al llamado de transformación promovido por la sociedad civil, logró la aprobación casi unánime de un nuevo marco normativo en la materia.
Si bien la aprobación de la reforma fue un paso fundamental para construir un sistema accesible, igualitario, equitativo y de calidad, la transformación esperada no se logrará únicamente con un cambio en lo normativo. Se requieren planes, programas, servicios, decisiones y una gran colaboración intra e intersectorial. También se requiere un ejercicio de monitoreo que dé cuenta de ¿cómo vamos con la transición hacia un nuevo modelo de atención comunitario de la salud mental y adicciones? Para ello, desde Documenta, a dos años de la aprobación de la reforma, nos hemos dado a la tarea de evaluar la implementación de este marco normativo, particularmente con respecto al tema de los internamientos involuntarios.