El tercer ejercicio de monitoreo de Documenta revela, además, que la transferencia de hospitales al IMSS-Bienestar deterioró la información pública disponible.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Documenta presenta su tercer ejercicio de monitoreo sobre internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos del país. La conclusión es contundente: cuatro años después de que la Ley General de Salud prohibiera expresamente esta práctica y ordenara desmontar el modelo psiquiátrico asilar, la realidad no ha cambiado.
En 2026, al menos 1,922 personas se encontraban internadas de manera involuntaria en los 33 hospitales psiquiátricos del país, el mismo número de establecimientos que existían en 2024, sin que ninguno se haya convertido en centro ambulatorio o en hospital general, como ordena la ley. La cifra real es con toda probabilidad mayor, porque las autoridades no registran la voluntariedad en las estancias más cortas.
El dato más revelador es una contradicción: hospitales que informan no tener a ninguna persona internada involuntariamente mientras reportan a personas que llevan más de 20 años viviendo en la institución. A nivel nacional, se reportaron 510 personas en esta situación, una cifra prácticamente idéntica a la de 2025. Es uno de los indicadores más claros de que los procesos de desinstitucionalización siguen siendo una deuda pendiente del Estado.
Para Documenta, esta permanencia prolongada no puede leerse como consentimiento. Resulta difícil sostener que alguien que ha vivido años o décadas dentro de una institución, sin alternativas comunitarias, apoyos para la vida independiente ni vías reales para egresar, ejerce libremente su voluntad de permanecer ahí. La hospitalización indefinida es, en los hechos, una forma de privación de la libertad por motivos de discapacidad que las autoridades no están reconociendo como tal.
Este monitoreo coincide con los hallazgos del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tras visitar México en 2024 concluyó que «la institucionalización es mucho más común que el apoyo en la comunidad». El Comité documentó personas internadas hasta por 51 años y advirtió que solo el 5% del presupuesto federal en salud se destina a salud mental; y de ese porcentaje, hasta el 80% se concentra en hospitales psiquiátricos.
Frente a esta situación, Documenta hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales a:
- Invertir en servicios comunitarios de salud mental y apoyos para la vida independiente que respeten la autonomía y la voluntad de las personas.
- Armonizar las normas oficiales, protocolos clínicos y lineamientos con la Ley General de Salud y los estándares de la ONU y la CIDH sobre consentimiento libre e informado, capacidad jurídica y prohibición de la institucionalización involuntaria.
- Levantar un censo nacional de personas institucionalizadas e internadas involuntariamente, con planes individualizados de desinstitucionalización, mecanismos de reparación y atención prioritaria a quienes llevan años o décadas hospitalizadas.
- Crear mecanismos independientes y permanentes de supervisión de los servicios de salud mental, con participación de personas expertas por experiencia y organizaciones de la sociedad civil.
La transformación del sistema de salud mental no se agota en la reforma legal: requiere voluntad política, presupuesto suficiente y acciones concretas para que ninguna persona sea privada de su libertad por motivos de discapacidad.
Para gestionar entrevistas sobre el tema favor de comunicarse con Nelly García, líder de comunicación de Documenta
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