Centros irregulares de adicciones, el hoyo negro de la salud pública

Por Paulina Ambriz Lara, integrante del área de Acompañamiento Jurídico de Documenta. 

Al día de hoy, en el país existen únicamente 304 establecimientos residenciales de Atención a las Adicciones legalmente reconocidos por la CONADIC (Comisión Nacional contra las Adicciones). Sin embargo, ¿Cuántas veces  hemos escuchado hablar de centros de tratamiento a las adicciones que operan de forma irregular? Incontables veces, quizá.

El número de centros irregulares que operan a nivel nacional resulta preocupante: existen más de tres mil en todo el país funcionando ilegalmente y sin supervisión de las autoridades públicas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas usuarias de drogas y también de sus familias, haciéndoles creer que el modelo de internamiento involuntario es el único tratamiento eficiente. 

Los centros irregulares de tratamiento a las adicciones no son un tema nuevo, ni desconocido para las autoridades responsables, pues demasiadas veces se han denunciado las condiciones deplorables que existen al interior de ellos, sin embargo, autoridades como las secretarías de salud y las comisiones estatales de atención a las adicciones, no han respondido con eficiencia. 

Estos espacios se han convertido en un mal llamado “hoyo negro”, debido a la opacidad y falta de inspección, principalmente porque al interior, continuamente se cometen graves violaciones a derechos humanos como privación ilegal de la libertad, aislamiento, medicación forzada y en ocasiones, la muerte de las personas que se encuentran internadas. Como resultado de la falta de investigación, estas violaciones siguen quedando en la impunidad.

Hablar de instalaciones insalubres, incomunicación y tortura es una constante en los centros irregulares, pues son resultado de la falta de supervisión y regulación, aunado a la estigmatización y discriminación que viven las personas usuarias de drogas por parte de las autoridades y de la sociedad.

Las violaciones a derechos humanos al interior de los centros ilegales no son casos aislados y por solo mencionar algunos, recordemos la muerte de más de 20 personas al interior de un “anexo” en el estado de Guanajuato, o el caso de Ángela, una adolescente de 15 años que murió en un centro irregular  ubicado en Nuevo León.

Panoramas desoladores existen en relación a este tipo de establecimientos pues mientras las autoridades de salud, a nivel federal y estatal, no logren una adecuada regulación y supervisión de este tipo de espacios, hechos como los antes señalados, quedarán en la impunidad, dando a entender que el Estado lo acepta y tolera.

Urge que las autoridades volteen a ver este “hoyo negro” en el que se han convertido los centros irregulares de atención a las adicciones.