Las niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones son objetos de graves violaciones a sus derechos humanos como violencia física y sexual, trata con fines laborales y sexuales, adopciones ilegales, tratos negligentes por parte de las personas cuidadoras, condiciones inhumanas y degradantes, entre otras.
En el caso de la discapacidad psicosocial es indispensable que la sociedad y las instituciones reconsideren la forma en que nos perciben e incluso en cómo diseñan las supuestas estrategias para “incluirnos”.
El Protocolo del INE desinforma y promueve que se juzgue desde determinados estereotipos a las personas con discapacidad psicosocial e impide que la persona funcionaria de casilla Tome Conciencia de que son sus propias conductas y creencias, las que limitan.
El cambio de estrategia en la política de drogas mexicana es urgente e impostergable. Diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en favor de las propuestas de la nueva administración del Ejecutivo Federal para terminar con la “guerra contra las drogas”.
Estamos ante un fenómeno social muy complejo. Es difícil delimitar las causas que están relacionadas con el incremento de la industria del sexo con un importante volumen de negocio en todo el mundo. Este delito está íntimamente relacionado con la pobreza, la discriminación, la violencia de género, los conflictos armados, la falta de protección de …
Yo siempre lo dije: cuando llegas a la cárcel, te meten ahí y arréglatelas como puedas.
Estas personas son el resultado de un modelo caduco y deficiente, son víctimas de una condición sobre la cual no tienen decisión, y se les ha relegado a un punto de quedar en el olvido.
Las personas con discapacidad tenemos el derecho y la responsabilidad de ejercer nuestro voto este primero de julio.
“Sólo 2% del presupuesto de salud se invierte en salud mental en México y 88% de ese porcentaje antes mencionado se enfoca en hospitales psiquiátricos”.
Para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal se deberán impulsar una serie de acciones, para lo que será imprescindible que las autoridades judiciales, administrativas y legislativas sean mucho más sensibles y estén dispuestas a colaborar con la sociedad civil.