Reformar la legislación que garantiza la vigilancia de los traslados por parte de las y los jueces de ejecución, sería legalizar la tortura. Llamamos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y a las autoridades correspondientes que no hagan un retroceso en el ejercicio de derechos consagrados tanto en la Constitución Mexicana, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General de Tortura, así como en tratados internacionales como la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.

La situación en los centros de rehabilitación de las adicciones en México debería preocupar más a las autoridades que el hecho de criminalizar el consumo; para que exista una verdadera incidencia en términos de rehabilitación, es necesario realizar censos para saber cuántos centros existen, para qué tipo de adicciones están especializados y si cuentan con algún tipo de certificación para los servicios que brindan.