El día de ayer, 11 de junio de 2025, en la sesión de primera sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cuatro votos a favor y uno en contra, declaró inconstitucionalidad el tratamiento para inimputables, esto, tras la demanda de amparo que se presentó desde Documenta, en donde se expone que el tratamiento para inimputables vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, capacidad jurídica y a no ser privado de la libertad por motivos de discapacidad.
¿Cuál es la realidad que viven miles de personas?
En México, las personas con discapacidad psicosocial e intelectual enfrentan un sistema de justicia que las condena a la exclusión y la privación de su libertad sin garantías procesales. Bajo la figura de la inimputabilidad, estas personas son declaradas incapaces y, en lugar de acceder a un juicio justo, son sujetas a medidas de seguridad indefinidas, que en muchos casos equivalen a detenciones arbitrarias de por vida.
Esta práctica viola derechos fundamentales reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que obliga al Estado a garantizar el acceso a la justicia para TODAS las personas, sin discriminación.
El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso adelante para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual sean juzgadas con los mismos derechos y garantías que las demás.
Conoce el caso de Arturo Medina
En 2011, Arturo Medina fue acusado de robar un carro y fue juzgado como inimputable debido a su discapacidad psicosocial e intelectual. Nunca conoció al juez que lo sentenció y tampoco le notificaron la sentencia, por lo que no tuvo posibilidad de apelar. Arturo pasó cuatro años privado de la libertad.
Documenta llevó su caso frente al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual, en 2019 y mediante un dictamen histórico, recomendó al país revisar la aplicación de medidas de seguridad (tratamiento para inimputables) por considerarlas discriminatorias en contra de las personas con discapacidad, pidiendo que se generarán alternativas ajustadas a los principios de la Convención.
Hasta la fecha, ninguna alternativa se ha propuesto.
El caso de Arturo no es el único, dentro del Sistema Penal mexicano, según datos de 2021, 2,329 personas (7 % mujeres y 93 % hombres) cumplían su sanción en dormitorios o unidades destinadas a personas con «enfermedades mentales». Esta cifra corresponde al 1.05 % de la población penitenciaria.
Desde Documenta celebramos este logro y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando, presionando para que, el Congreso de la CDMX, cumpla con esta sentencia.
¡Basta ya de una justicia basada en estigmas!
Porque #ElEncierroNoCura