La historia sin fin.
Por: María Arquieta Peña
Uno pensaría, que por más corrupta o deficiente que sea una institución pública, ofrecerá los recursos más básicos para cumplir su función, si usted es una persona tan ingenua como yo, se topará con una gran decepción; el diagnóstico y tratamiento de la salud mental de una persona en su adolescencia viviendo la experiencia de estar privado de libertad por haber incurrido en un delito, debería de ser un derecho para las personas privadas de libertad y una obligación para la institución.
En mi experiencia visitando un centro de internamiento especializado para adolescentes al norte del país, me topé con la sorpresa que ninguno de los treinta y pico de personas de esta institución cuenta con terapia psicológica recurrente y mucho menos con un diagnóstico confiable, y es que sólo cuentan con una psicóloga que no se da abasto entre las tareas de gestión interna y las actividades programadas del centro.
¿Qué le espera a un adolescente que cumpla con su término de detención, y que no fue tratado el trauma psicológico no sólo de su pasado, si no también el trauma de cumplir una medida de sanción en internamiento, un adolescente que tiene que enfrentar las limitantes y desventajas sociales en un sistema de justicia que lo criminaliza y juzga en función de su situación socioeconómica, biológica y geográfica, y en caso de haber sido culpable, la angustia que le genera haber participado en un delito y la ansiedad que desarrolla la facilidad de reincidir? un adolescente que encima de todo, tiene que salir con antecedentes y sobrevivir en el mismo contexto donde fue social y legalmente sentenciado.
La respuesta a esta pregunta es muy clara, sabe, que el mundo es una jungla que les excluye de su derecho a la participación, que les limita su autonomía, que les educa con estereotipos de género; una jungla que pretende moldear a las personas de forma competitiva e individualista; saben que el dinero es el único recurso que propaga placer, seguridad y da poder sobre su independencia; el alcohol y las drogas son parte de las distracciones que amenizan la realidad; las relaciones humanas son una montaña rusa, angustia, tristeza, ira y soledad son las emociones predominantes de este adolescente que tiene que lidiar con los cambios hormonales propios de la etapa y aparte de todo, contra un sistema que lo criminaliza y abandona en un aparato de justicia que no vela por sus derechos más básicos y menos por su efectiva reinserción social.
¿Y entonces? ¿En quién debe caer la responsabilidad de la salud mental y reinserción social de los adolescentes privados de su libertad?, ¿a quién le exigimos cuentas del funcionamiento de estas instituciones para su reinserción social?, como sociedad; ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante los jóvenes de este país en situación vulnerable?, la infancia y la adolescencia en este país sufre terribles violaciones a sus derechos humanos y no sólo dentro de los centros de detención sino también en sus comunidades.
Sobre la autora:
María Arquieta Peña es Licenciada en psicología (ULA), con enfoque en adolescentes. Actualmente realiza su servicio social en Documenta en la sede Saltillo y participa como columnista del periódico vanguardia, haciendo conciencia social sobre temas de salud mental y difusión de medios culturales.
Contacto:
Instagram: María Arquieta
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