¿Y lo que yo quiero? La interdicción como obstáculo

Por: Nancy A. Pérez Vargas y Fátima I. Reyes Osorio

 

En 2007, Britney Spears vivió su peor crisis de salud mental. Este hecho fue razón suficiente para que, por orden judicial, fuera puesta bajo la tutela de su padre al considerarla incapaz de tomar decisiones “correctas” sobre su propia vida. Desde entonces, quien tiene la capacidad de decidir es su padre, es decir, su tutor. A partir de este suceso, surgió el movimiento #FreeBritney en apoyo de la cantante y que busca ponerle fin a su tutela legal con la cual ha vivido más de una década.

El caso ha tenido mucha notoriedad porque Britney Spears es una figura mediática. Sin embargo, en México todos los días personas con discapacidad intelectual y psicosocial son puestas bajo tutela a través de un juicio de interdicción. Esta figura legal está  presente en todos los códigos civiles estatales y está tan naturalizada que poco se le cuestiona. Incluso instituciones como el IMSS y el ISSSTE la solicitan como requisito para realizar ciertos trámites.

La interdicción es problemática porque declara natural y legalmente incapaces a las personas que no pueden gobernarse a sí mismas.  En palabras del artículo 427 del Código Civil del Estado de Chihuahua “tienen incapacidad legal y natural: los mayores de edad privados de inteligencia por discapacidad mental o intelectiva, aún cuando tengan intervalos lúcidos; los sordomudos que no saben leer ni escribir” entre otros. Además, es una figura legal que limita la capacidad jurídica de las personas, que es la aptitud de gozar de todos los derechos y obligaciones y, sobre todo, de poder ejercerlos. Las personas bajo estado de interdicción sólo pueden ejercer derechos a través de sus tutores o representantes, que según el artículo 23 del Código Civil de la Ciudad de México, “las restricciones a la capacidad de ejercicio no significan menoscabo a la dignidad de la persona”. No obstante, en las siguientes líneas veremos como la interdicción violenta la dignidad de las personas con discapacidad y limita excesivamente su autonomía. 

En México existe y persiste un anacrónico tejido legal e institucional que permite que las personas con discapacidad bajo interdicción no puedan crear, modificar o ponerle fin a cualquier tipo de relación jurídica si no es a través de sus tutores o representantes, es decir, la voluntad y preferencias de las personas se sustituye por las de alguien más bajo el argumento de la “mayor protección posible”. La imposibilidad de tomar decisiones sobre aspectos legales tiene efectos negativos en la vida personal, tales como: no poder decidir sobre cualquier procedimiento médico, no poder contraer matrimonio, no poder abrir una cuenta bancaria o solicitar un préstamo, no poder heredar, no poder hacer compra-ventas, no poder firmar un contrato laboral y, por si fuera poco, enfrentar violaciones al debido proceso en un procedimiento penal, entre muchas otras violaciones a derechos humanos.   

Pero ¿por qué no cuestionamos el hecho de que a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial se les niega y/o cuestiona legalmente su capacidad para decidir? Todo se remonta al “capacitismo”, un término no tan conocido pero que si lo comprendemos podemos identificar las violencias ejercidas por el sistema y, en ocasiones, por nosotras. 

Para el capacitismo existe un estándar de cuerpo deseable y funcional. Es decir, existe una sola forma válida de ser y estar en este mundo: una persona “normal”. Por ejemplo, a una persona que siente, se comunica y razona de las formas determinadas como “adecuadas y normales”, no se le cuestionará su decisión y capacidad para tener hijos, en cambio, a una mujer con discapacidad psicosocial o intelectual se le cuestionarán sus deseos o su decisión de ser madre, incluso pueden etiquetarla como incapaz. 

Igualmente, el capacitismo mitifica la autonomía y la independencia, midiendo en términos de lo que una persona puede o no hacer por cuenta propia, incluyendo la toma de decisiones “correctas. Desde esta lógica, la razón se sitúa como único parámetro de decisiones “correctas” e independientes (entendiendo independencia como la manera de hacer y decidir individualmente). Sin embargo, para la perspectiva de la discapacidad, no hay nada más alejado de la realidad. Por un lado, ya que ninguna persona es completamente independiente y por otro, reconoce la discapacidad como parte de la diversidad humana, comprendiendo que algunas personas necesitarán sistemas de apoyos que variarán en intensidad y tipo para la toma de decisiones libres, siempre reconociendo la dignidad intrínseca en ellas y respetando la voluntad y su proyecto de vida. 

Así pues, los mecanismos formales que limitan la capacidad de decisión de las personas con discapacidad se basan en criterios capacitistas. Por ello es necesario cerrar todas las puertas y ventanas, incluso los más pequeños rincones, que permitan la violación de sus derechos. Ningún discurso que apele a una supuesta protección, pero que encubra prácticas discriminatorias puede permitirse. No solamente son inaceptables sino que son contrarios a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención), instrumento internacional firmado y ratificado por México en el 2007. Éste último  reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. En este mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 1368/2015 estableció que la interdicción no solo no es acorde a la Convención sino que es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica, ya que la limita en su totalidad sin considerar los sistemas de apoyo que una persona con discapacidad pudiera necesitar para manifestar su voluntad y deseos. Además, resaltó que es violatoria a otros derechos reconocidos en la Convención como a la igualdad, la no discriminación, la vida independiente y a ser incluida en la comunidad. 

En Latinoamérica podemos encontrar esfuerzos para garantizar que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones sobre su propia vida y se les reconozca plenamente su capacidad jurídica. Tal es el caso de Perú que eliminó la interdicción de su código civil y en su lugar pasó a reconocer la capacidad jurídica para el goce y ejercicio de derechos, así como el acceso libre y voluntario a apoyos y salvaguardias para facilitar el ejercicio de estos, además de apoyos en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos. Estos apoyos no tienen la facultad de representación ni buscan sustituir la voluntad. A modo de ejemplo, una persona con discapacidad psicosocial o intelectual decide que su apoyo la ayudará a firmar contratos cuando el valor de éstos exceda de 10,000 pesos  o bien cuando necesite realizar un trámite ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Al crear condiciones institucionales y legales para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica adoptando el sistema de apoyos para la toma de decisiones, como es el caso de Perú, el Estado mexicano estaría actuando conforme a la Convención. Lo anterior, se traduciría en que las personas con discapacidad podrán determinar de forma libre en qué, quién y cómo desean que se les apoye. Esto llevaría a un efectivo reconocimiento de su dignidad y autonomía, al tiempo que se respeta y garantiza el pleno derecho a la capacidad jurídica y la vida independiente. 

 

 

 

Fuentes:
*El IMSS solicita el juicio de interdicción para la Solicitud de pensión de orfandad (
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss01004c) y el ISSSTE lo solicita para el Retiro total de recursos SAR-ISSSTE por cumplimiento de un plan de pensiones establecidos con la dependencia (https://www.pensionissste.gob.mx/retiro-total-sarissste.html).

*Aquí puedes consultar el Decreto no. 1384 que puso fin a la interdicción en Perú lohttps://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-reconoce-y-regula-la-capacidad-jurid-decreto-legislativo-n-1384-1687393-2/

 *En este tríptico puedes consultar más información acerca del sistema de apoyos para la toma de decisiones en Perú: https://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/02/Tri%CC%81ptico-Capacidad-v4.pdf

 


Sobre las colaboradoras:

Nancy A. Pérez Vargas es Licenciada en Derecho y colaboradora del programa de Sistema Penitenciario. 

Contacto: nancyazucenaperez12@gmail.com

Fátima I. Reyes Osorio es Politóloga y colaboradora del programa Discapacidad y Justicia.

Contacto: fatima@documenta.org.mx y Twitter @Fa_Osorio_

 

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