Imagen en que se observa a una persona con cubrebocas

Personas con discapacidad: olvidadas durante la pandemia por Covid-19

Por Victor Lizama

En esta pandemia por COVID-19 hay poblaciones con mayor riesgo de contagio y muerte, como la de las personas con discapacidad.  Para ellas y ellos es muy difícil atender las recomendaciones elementales como el lavado constante de manos, el distanciamiento social y el confinamiento ya que la atención que les han dado las instituciones públicas ha sido desde criterios asistencialistas que perpetúan la vulnerabilidad, la exclusión  y la dependencia.

Medidas sanitarias que se recomiendan para contener la pandemia, son imposibles de llevar a cabo para muchas personas con discapacidad puesto que requieren diferentes tipos de apoyo para realizar actividades de su vida cotidiana; les es complicado mantener un aislamiento prolongado, viven en el encierro, son cuidadoras o no tienen domicilio.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona en su artículo 11 la responsabilidad de lo Estados Partes de garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. 

A propósito, diversas manifestaciones de organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como otras agrupaciones de la sociedad civil han advertido que las personas con discapacidad no están siendo consideradas en las estrategias que se están llevando a cabo para responder a la pandemia. 

El 17 de marzo, la propia Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Sra. Catalina Devandas, expresó que no se ha hecho lo necesario para proporcionar orientación y  apoyos para proteger a las personas con discapacidad ante la situación de emergencia aun cuando se trata de un grupo de alto riesgo, inquietud que se resume en esta frase: “Las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás”.

Por esta razón, los estados deben garantizar la integridad, supervivencia y  no discriminación en los protocolos de emergencia sanitaria considerándolo como una prioridad. Este comentario se origina por las determinaciones que se han tomado desde los  protocolos de urgencias: ante los pocos recursos médicos disponibles y la saturación de los establecimientos, se prioriza bajo criterios capacitistas a quienes se considera que tienen mayores expectativas de recuperación y calidad de vida futura. 

Estas decisiones hacen a un lado a las personas con discapacidad permanente, al evaluarlas como prescindibles, poco útiles o deficientes, criterios claramente discriminatorios y eugenésicos. La Organización Mundial de la Salud ha respondido a estas inquietudes publicando una serie de recomendaciones de atención ante la contingencia, específicamente, para personas con discapacidad. 

Otra recomendación que exponen estas autoridades y activistas, es brindar  información sobre cómo prevenir el riesgo de contagio en medios y formatos accesibles y consultar a las propias personas con discapacidad y sus organizaciones en cada etapa de la emergencia. Al respecto, tenemos el ejemplo del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda o la organización de la sociedad civil española Plena Inclusión, los cuales han elaborando materiales en lectura fácil o aplicaciones destinadas a personas con discapacidad intelectual sobre qué hacer ante esta contingencia sanitaria. 

Igualmente, se deben tomar medidas adicionales de protección social que aseguren estos apoyos para las personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores además de disminuir los riesgos de contagio y contaminación. 

Esta contingencia es también una oportunidad para aplicar ajustes razonables para que las personas con discapacidad se vean perjudicadas lo menos posible ante la crisis sanitaria. Sobre este punto, hemos sabido que en países en los que el aislamiento es estricto, como España o Argentina, hubo reacciones hostiles hacia personas con autismo que necesitan de  momentos en el día para salir de sus hogares para relajarse.

Aquí es importante resaltar la situación específica de subgrupos de personas con discapacidad en condiciones que los hacen más vulnerables. Por ejemplo, la situación  que viven mujeres con discapacidad durante el confinamiento al estar más expuestas a la violencia doméstica, a sufrir abusos o maltrato y a la sobrecarga si están a cargo del cuidado de otras personas. Se requiere tomar medidas específicas para personas con discapacidad en situación de calle, que carecen de domicilio y la mayoría de las ocasiones de documentos de identidad, y para personas con discapacidad mayores (más de 60 años), que según las cifras del INEGI, en nuestro país representan el 49.9% del total de personas con discapacidad.

Por otra parte están las personas con discapacidad institucionalizadas o privadas de la libertad. Al respecto, Devandas menciona que la responsabilidad de los Estados es mayor frente a estas personas debido a la discriminación estructural que enfrentan y por ello, su situación es aún más grave. En el mismo sentido se expresa la CIDH al reconocer que es necesaria la reevaluación de los casos de prisión preventiva por el hacinamiento, falta de higiene, negligente atención médica y alimentación inadecuada que caracterizan los centros de detención. 

La contingencia por la que pasamos nos ha permitido reconocer la importancia del cuidado de la salud mental de toda la población en situaciones críticas como las actuales. La salud mental tiene, a final de cuentas, una relación directa con el estado de bienestar de los individuos y las sociedades, con el goce y ejercicio de derechos, y, en consecuencia, con la justicia social. 

Lo restrictivo de las medidas impulsadas para contener y prevenir riesgos de contagio, así como la saturación informativa sobre los estragos y amenazas que la pandemia está ocasionando, ha generado miedo, incertidumbre, depresión, ansiedad, estrés y tensión en los entornos. Debemos reflexionar sobre qué tan válido es el argumento que justifica el encierro como método de cura o de rehabilitación. Muchas personas con discapacidad psicosocial han visto restringido sus derechos y han estado confinadas en instituciones, como hospitales psiquiátricos, bajo esa lógica. Hoy, el confinamiento es una exigencia para toda la población, pretendiendo contener el riesgo de contagio. Las organizaciones regionales de personas con discapacidad psicosocial expresaron la situación crítica a la que se enfrenta este colectivo ante la pandemia, pero también nos recuerdan el cuestionamiento al modelo biomédico de la psiquiatría. 

Debemos aprender de las lecciones de otras emergencias sanitarias como la que surgió a principios de la década de 1980 ante la epidemia de VIH. Desde ahí, podemos tener pautas de intervención y respuestas construidas desde un enfoque de derechos humanos, es decir, que éstas se centren en la evidencia, el empoderamiento y la participación de la comunidad, principios que son atendibles también en el caso de las personas con discapacidad. Debemos encauzarnos en eliminar barreras para que las personas se protejan, ya sea individualmente o como parte de una comunidad.

Es impostergable reconocer la necesidad de figuras como la renta universal, el seguro de desempleo y sistemas de seguridad social robustos, como parte de los derechos a los que todas las personas deben acceder, para poder  enfrentar de una mejor manera crisis como la actual, teniendo en cuenta la necesidad de ajustes, apoyos y accesibilidad que favorezcan la participación de las personas con discapacidad en este tipo de medidas, distinguiendo con claridad la diferencia entre los derechos sociales y el asistencialismo. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), nuestra región se enfrentará a una severa crisis económica tras el fin de la contingencia, también aquí hay que tener presentes a los derechos y necesidades de las personas con discapacidad en los procesos de recuperación económica.

El reto, aún, en estos momentos complejos, es no dejar a nadie fuera, reconstruir el entramado social y fortalecer los apoyos y el acompañamiento para generar inclusión y respeto a la dignidad y derechos de todas las personas.

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