Ser mamá y vivir en la cárcel: ¿cómo es la maternidad en reclusión?

Por: Itzel Echevarría / Colaboradora en el área de Comunicación y Medios de Documenta

Las mujeres que cumplen condenas en las cárceles de nuestro país se enfrentan a un sistema penitenciario injusto y violento que les discrimina por partida doble. Derechos básicos como contar con artículos de higiene femenina o recibir atención de personal médico de su mismo sexo son violentados constantemente. 

En ese contexto, ejercer la maternidad se convierte en un castigo por la ausencia de garantías para hacerlo de forma digna. 

Diagnósticos realizados por organizaciones de la sociedad civil recopilan testimonios de madres que viven con sus hijas e hijos en prisión y revelan las condiciones precarias de su primera infancia. 

Mientras que la Ley de Ejecución Penal establece la maternidad y lactancia como el primer derecho de las mujeres privadas de la libertad en la práctica el Estado no brinda las condiciones ni los espacios adecuados para que las mujeres que eligen maternar en prisión lo hagan de manera digna. 

Las madres pueden elegir entre conservar o no la custodia de su hijo durante sus primeros tres años de vida: si eligen no conservarla, las niñas y niños serán puestos a disposición de la institución de asistencia social competente.

Aquellas que eligen conservar la custodia se enfrentan a la escasez de centros penitenciarios exclusivos para mujeres, la ausencia de áreas de maternidad y espacios para la educación temprana, una buena alimentación, atención médica, juego y bienes acorde a la edad de sus hijas e hijos. 

Lo anterior contradice el interés superior de la niñez y el principio pro persona establecido por la Convención de la ONU: en la toma de decisiones relativas a niñas y niños se debe conceder más importancia a lo preferentemente mejor para ellas y ellos. 

Además, la Ley de Ejecución Penal también describe la existencia de áreas de esparcimiento para las niñas y niños durante las visitas a sus madres en prisión: si son menores de diez años no tendrán restricciones en cuanto a intimidad y la frecuencia de sus visitas. 

No obstante, la realidad en los centros penitenciarios es muy diferente, pues las niñas y niños que viven en prisión con sus madres son una población invisibilizada y discriminada.

Maternidad digna

Para evitar que los derechos de las mujeres privadas de la libertad que eligen ser madres sean vulnerados es fundamental que desde que se enfrentan al sistema de justicia penal y durante toda la ejecución de la pena, en el sistema penitenciario, se incorpore la perspectiva de género. 

Por ejemplo: hace más de una década, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) propuso en su informe “Mujeres Presas. La situación de las mujeres embarazadas o con hijos/as menores de edad” dar prisión domiciliaria para mujeres embarazadas o madres de niños y niñas menores de tres años. 

Este tipo de medidas sí toman en cuenta el interés superior de la niñez y de adoptarse, podrían convertirse en una estrategia que aleje a las y los menores de edad del ambiente violento que impera en los centros penitenciarios mexicanos, como el autogobierno, riñas, motines y violaciones. 

Hace falta voltear a ver a las poblaciones invisibles del sistema penitenciario: mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas y a las niñas y niños que viven allí con sus madres.

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