¿Cómo viven las personas mayores la cárcel?

Por Alicia Guízar / Coordinadora del Programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta 

Las personas mayores privadas de la libertad son uno de los grupos vulnerables más olvidados dentro del Sistema Penitenciario. 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 3 especifica que “… se entenderá por personas adultas mayores, aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad”. Sin embargo, ni las legislaciones nacionales ni las locales en materia penal se encuentra armonizadas en cuanto el rango de edad para esta población, lo que limita la eficiencia de su atención. 

Independientemente de su situación jurídica, las personas mayores que se enfrentan al sistema de justicia y penitenciario tienen derecho a vivir con calidad, sin violencia y sin discriminación, además de recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. 

Ellas y ellos deben recibir asesoría jurídica gratuita, acceder a educación, trabajo, a capacitacion, salud y a asistencia social en caso de encontrarse en situación de desamparo, como pasa con aquellas personas que no cuentan con apoyos familiares. 

Sin embargo, dentro de  los Centros Penitenciarios poco se hace para garantizar estos derechos . En principio, no se cuenta con datos actualizados ni completos de esta población dentro de los centros penitenciarios El último dato público corresponde a 2017 y es del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) que señala que a nivel nacional hay 5 mil 846 personas mayores privadas de la libertad de las cuales 234 son mujeres.

La carencia de datos sobre esta población, actualizados y accesibles, nos habla de la poca importancia que tiene para el Sistema Penitenciario.

Otra muestra de ello es lo reportado en el Diagnóstico Nacional de Seguridad Penitenciaria 2019, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  que señala que en 13 de los 17 Centros Federales del país hay deficiencia en la atención a las personas adultas mayores. Lo mismo sucede con 42 de los 183 Centros Penitenciarios Visitados donde las deficiencias en su atención es una de las irregularidades con mayor incidencia.

Falta sensibilidad ante este grupo vulnerable. Por carecer de ajustes necesarios pasa, por ejemplo, se les asignan partes superiores de literas o se les priva de la libertad en celdas ubicadas en pisos superiores de los Centros y en otros espacios que les son inaccesibles por falta de rampas o de posibilidad física de realizar sus actividades cotidianas de forma independiente.

Ya en 2017, en su Informe Especial sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, la CNDH advertía de la necesidad de atenderles con los ajustes requeridos debido a que su vulnerabilidad se agudiza por la tendencia a desarrollar algún padecimiento o discapacidad.

Las autoridades penitenciarias deben cumplir con esta obligación, lo que pasa por eliminar los prejuicios que señalan que “ya superaron la etapa productiva de su vida” o que “ya no son funcionales” para la sociedad; racionalizar sus penas; garantizar la prevención de malos tratos y violencia, además de facilitar condiciones de igualdad de género.

Falta impulsar actividades productivas de acuerdo con sus capacidades, respetando sus deseos y necesidades; proporcionarles instalaciones adecuadas, alimentación y atención médica especializada en colaboración con el Sistema de Salud Pública. Además, de destinar recursos para atender las condiciones de infraestructura que requieren.

Y finalmente, pensar en fortalecer el Sistema Penitenciario con programas específicos para esta población que garanticen sus derechos humanos y sensibilizar al personal que trabaja con ellas y ellos para dar seguimiento puntual a sus condiciones de vida dentro de los Centros Penitenciarios. 

Sólo así se daría un paso importante para garantizar su reinserción social efectiva.¿Cómo viven las personas mayores la cárcel?