Garantizar derechos en igualdad de condiciones

1- SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA.
2- AMPARA.
3- DEVUÉLVANSE LOS AUTOS AL JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO FAMILIAR, PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN ESTA RESOLUCIÓN.

Es lo que reza en la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al Amparo en Revisión 1368/2015.

Todos estos términos jurídicos se traducen en que Tomás, una persona con discapacidad, recuperó lo que, a través de un proceso civil –sin que él fuera avisado-, se le arrebató: el reconocimiento de que es una persona igual que las demás, ante la ley y ante la sociedad.

El AR 1368/2015 versó sobre el derecho de Tomás a la capacidad jurídica, un derecho llave que garantiza que Tomás pueda por sí mismo tomar decisiones sobre ámbitos de la vida tan comunes como casarse, votar o heredar.

En términos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la capacidad jurídica se entiende como el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y de ello se deriva la obligación del Estado de adoptar todas las medidas pertinentes para proporcionar los apoyos que sean necesario para el ejercicio de la misma.

La decisión que por unanimidad tomaron la y los ministros de la Primera Sala de la SCJN, abre una oportunidad importante al declarar inconstitucional la interdicción y reconocer que vivir con una discapacidad no debe limitar el ejercicio de derechos ni mellar en la toma de decisiones y el derecho a una vida independiente.

Ahora está en manos del Poder Legislativo armonizar el marco normativo, específicamente el Código Civil de la Ciudad de México para eliminar el estado de interdicción y garantizar el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Desde el año 2008 con la ratificación de la CDPD se ha postergado el cumplimiento de ese compromiso.

Desde la sociedad civil organizada llamamos a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México a que haga las modificaciones necesarias al Código Civil y otras legislaciones para cumplir con lo que el Comité de ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al Estado Mexicano en 2014, esto con miras a la próxima revisión que hará el Comité a nuestro país, y sobre todo para garantizar el ejercicio de derechos para todas las personas, y caminar hacia una sociedad verdaderamente incluyente.

*Imagen de: illustration human rights