Ante el abandono institucional el uso y análisis de datos es indispensable

“No los vamos a condenar, porque hay mucha gente que está planteando ahora que se les juzgue, y se trata de justificar la tragedia. ¡No!, ningún ser humano merece un castigo así.”
Andrés Manuel López Obrador, conferencia matutina 24/01/2019

La cárcel en México ha sido usada una y otra vez como un paliativo altamente rentable para la falta de instituciones que garanticen la impartición de justicia de manera efectiva y que eliminen la impunidad y la discreción de ésta.

Bajo la premisa de “proteger a víctimas inocentes”, como escribiría Mario Delgado; o de impedir que “el inculpado disfrute de su juicio en libertad”, a decir de Gustavo de Hoyos, el discurso de convertir una serie de conductas delictivas en “delitos graves” ha permeado de manera perniciosa el debate público.

La férrea defensa que hace el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en las cámaras legislativas para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no parece estar a la par de los discursos del Presidente de la República.

Mientras López Obrador insta a no criminalizar a quienes han robado combustible por necesidad y afirma que las personas no son malas por naturaleza, la prisión preventiva obligatoria parte de supuestos completamente contrarios. La ambigüedad en la concepción del uso de la prisión como castigo, lejos de ser una limitante al discurso del populismo penal, es una puerta de entrada a la arbitrariedad y el uso desmedido de la fuerza.

¿Quién determina quién comete un crimen “por necesidad” si la prisión es el instrumento obligatorio? ¿Qué crímenes pueden ser justificables en términos de “la necesidad” o “las circunstancias”? Peor aún, si es responsabilidad del Estado convencer o dar las condiciones para impedir que las personas cometan crímenes, ¿qué lugar le corresponde al sistema penitenciario en cuanto a su función de reinserción social?

Ante este panorama, la necesidad de contar con datos y estudios confiables y replicables que sugieran que la prisión preventiva tiene efectos concretos en la comisión de delitos o en la reinserción de las personas procesadas parecería una verdad de Perogrullo.

Lamentablemente, el uso y análisis de datos estadísticos son los grandes ausentes en la defensa del dictamen que pretende modificar el Artículo 19 de la Constitución, presentado por las comisiones Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, para ampliar el catálogo de delitos que acreditan la prisión preventiva oficiosa, aprobada por el Senado y luego limitada por la Cámara de Diputados a tres delitos: robo de hidrocarburos, delitos electorales y casos de corrupción.

El dictamen es claro desde sus inicios: el marco conceptual con el cual se fundamenta esta propuesta es en el llamado Derecho Penal del Enemigo (Feindstrafrecht), propuesto por Günter Jakobs. Este marco normativo plantea, según el dictamen y citando al ahora senador Miguel Ángel Mancera, tiene como uno de su supuestos básicos que “hay una restricción de garantías procesales para los enemigos, pues estos [sic] no tienen porque [sic] beneficiarse de los principios que restringen la actuación estatal”.

La conclusión es simple, quienes cometen los delitos que se encuentran en el catálogo dejan de ser ciudadanas ni ciudadanos, se vuelven enemigas(os) y la única medida cautelar aplicable a sus crímenes, aunque no tengan sentencia condenatoria, es la cárcel. Esta idea es completamente contraria a las peticiones de Obrador de no juzgar a quienes cometen delitos por necesidad.

La idea es garantizar que la persona acusada no pueda llevar a cabo su proceso en libertad, sin respetar la presunción de inocencia, y no reducir la incidencia delictiva. Quienes defienden esta propuesta incluso reconocen que “esta reforma no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en sí una medida dilatoria de la comisión de delitos, ya que el problema está más allá por la falta e impunidad [sic] y de solidez en los expedientes presentados por el Ministerio Público”.

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) anunció que, debido a la asignación de un monto menor en su presupuesto solicitado en el PEF, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), entre otras, no se llevará a cabo. Esto es una pésima noticia para un ecosistema en el que la discusión pública parece versar entre un falso dilema entre no tener suficientes delitos “graves” y dejar a supuestos delincuentes en libertad.

Es por esto que esfuerzos como el Datatón Carcelario, organizado por Documenta y SocialTIC, son tan relevantes. Ante el abandono institucional por hacer política pública basada en evidencia, es fundamental que la sociedad civil organizada y las personas interesadas en los temas penitenciarios no sólo exijamos mejores datos y mediciones, sino que las utilicemos de manera rigurosa, replicable y de tal forma que pueda serle útil al mayor número de personas.

Nutrir el debate público con una medición de la realidad en detrimento de una perspectiva ideológica o de la retórica de la lucha política es ya una responsabilidad ineludible. Ojalá alguna de las propuestas hechas en este evento, hasta ahora inédito, lleguen a los oídos de la Cámara de Diputados en las audiencias convocadas por el líder del partido mayoritario (y promotor de la propuesta), Mario Delgado.

Si es verdad que el grupo parlamentario de MORENA, el Presidente de la República y los funcionarios y funcionarias encargadas de implementar la política de seguridad entienden la delincuencia como producto de las precondiciones sociales, la prisión preventiva oficiosa es, sin duda, una propuesta no sólo inconsistente, sino contraria a los ideales de solidaridad y de justicia con los que menos tienen que los llevaron al poder.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *