Retos y oportunidades para la plena aplicación de la LNEP

A dos días de que termine el plazo para la plena aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), Documenta realizó un conversatorio con juezas y jueces de ejecución sobre los retos y alcances de esta ley para la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en México en el marco del V Coloquio de Reinserción Social de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Durante la inauguración del evento Roberto Cortés Ruiz, abogado de Documenta, recordó que este 30 de noviembre ya no debe haber dudas sobre la vigencia de la LNEP e hizo un llamado para “explotar el contenido de la ley” al máximo y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Cortés Ruiz hizo hincapié en el esfuerzo que representó la redacción de la ley, proceso en el que participaron activamente familiares de personas privadas de libertad –quienes aportar un enfoque enriquecedor- , organizaciones civiles, operadoras y operadores del sistema de justicia y penintenciario, así como comisiones de derechos humanos y que gracias a la diversidad de enfoques la LNEP resultó una legislación novedosa, a nivel nacional e internacional.

Durante el diálogo, las y los participantes abordaron los elementos positivos de esta legislación, entre los que la Jueza Alma Medina mencionó el cambio de paradigma entre lo que antes era el “Tratamiento técnico progresivo” y lo que ahora implica el “Plan de Actividades”. El principal cambio es que ahora la educación y el trabajo tienen un estatus de derechos que deben ser garantizados para acceder a la reinserción social, no de actividades que las personas deben cumplir para obtener alguna calificación.

Sobre los retos para la plena aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal se destacaron los acuerdos del Consejo de la Judicatura que limitan las competencias de las y los jueces de ejecución, lo que a la vez retrasa el trámite de las solicitudes presentan las personas privadas de libertad y sus familiares. Roberto Cortés señaló que esta es una inquietud grande de familiares que llevan peticiones a juzgados de ejecución, ya que éstas son desechadas por falta de competencia de los y las juezas.

Por parte de familiares de personas privadas de libertad se planteó la pregunta: ¿Es necesario a que una persona llegue a un estado crítico para darle seguimiento o se puede prevenir? Esto ante las trabas que encuentran para promover beneficios de preliberación por estado de salud grave. Otras inquietudes de familiares de personas privadas de libertad fueron sobre los traslados a otros penales sin regular por los juzgados de ejecución penal y sobre cómo o ante quién se pueden interponer controversias sobre condiciones de internamiento y que tenga aplicaciones generales.

El Juez Ramón G. explicó que los acuerdos de los Consejos limitan las competencias de las y los jueces, pero que en casos como los de estado precario de salud, a pesar de estas limitaciones, las personas juzgadoras tienen la obligación de conocer y atender estas solicitudes y mantener la salud de las personas sentenciadas y manifestó que “no podemos deslindarnos de una petición donde está en peligro la salud o los derechos humanos por competencias limitadas por acuerdos de Consejo de la Judicatura” y agregó que en las salas se han pronunciado en el sentido de que estos acuerdos ya no son vigentes.

Para concluir la Jueza Medina exhortó a defensas y familiares a hacer el uso de la Ley para  promover procesos y que las y los jueces puedan realizar sus funciones. Por su parte el Juez Ramón G. cerró diciendo que toda ley es perfectible, y que la LNEP tiene muchas bondades, sin embargo hay ciertas cuestiones que hay que reformar.

Finalmente Robert Cortés Ruiz cerró el diálogo reiterando que está abierta la invitación de Documenta para generar espacios de diálogo entre juezas y jueces de ejecución del país y concluyó con tres puntos a considerar:

  1. Voluntad de diversos actores: familiares, personas juzgadoras, defensoras, comisiones de derechos humano y organizaciones para explotar al máximo la LNEP, porque tiene cuestiones muy novedosas para garantía los derechos humanos.
  2. La implementación de acciones creativas y novedosas para agilizar procedimientos y dar respuesta a personas bajo custodia de estado.
  3. Restructuración y distribución de competencias de juezas y jueces de ejecución, ya que como está genera incertidumbre para promover procedimientos.

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