Urgente que autoridades apliquen la LNEP y garanticen derechos

El próximo 30 de noviembre representa un momento clave para la implementación de la reforma al sistema de justicia penitenciaria porque se vence el plazo para que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) -que regula esta materia en todo el país- sea puesta en marcha sin mayores excusas por parte de todas las autoridades corresponsables en sus tres ámbitos y niveles de gobierno.

En el marco de esta fecha y tomando como base un caso acompañado desde Documenta,  quisiera aprovechar el momento para reiterar que la cárcel en sí misma genera graves impactos en la vida de las personas privadas de la libertad y sus familias con el objetivo de hacer un llamado específico a las y los jueces de ejecución para que sin más reservas hagan suyas sus funciones y garanticen, “al menos”, condiciones más dignas que las actuales en estos lugares de encierro. Y digo “al menos” porque está claro que la prisión por su propia existencia tiene como objetivo arrasar con la dignidad de quien pase por ella.

El caso citado gira en torno a tres situaciones: 1) la malas condiciones laborales de una persona en prisión, quien trabajaba para otro interno; 2) un accidente durante sus horas de trabajo que le causó cuadriplejia hasta llegar a la muerte; y 3) los efectos que los malos tratos y la indiferencia de las autoridades ocasionaron en su vida y en la de su madre.

Estas situaciones reflejan aspectos que, bajo una perspectiva mucho más humana podrían haberse prevenido; no obstante la ausencia de una coordinación institucional, la discriminación y la falta de sensibilización de las autoridades penitenciarias (como parte de su formación basada en el “Derecho Penal del Enemigo”) generaron malos tratos durante el tratamiento de esta persona en diversos centros hospitalarios, tanto que era esposada de su pie a la cama, a pesar de vivir con una condición de discapacidad física que le impedía moverse.

Este caso, representado en un testimonio, plasma en pocos segundos el duro camino que debe pasar una persona cuando se encuentra viviendo en estas condiciones, pero también las vivencias de los familiares que en muchas ocasiones suelen ser invisibles, pero que sin duda requieren de la atención del Estado y de la sociedad civil.

Sería importante que los tribunales estatales y federales, principalmente las y los jueces de ejecución, reflexionen tomando como ejemplo este caso y se cuestionen lo siguiente: ¿qué habría pasado si el juez de ejecución hubiera podido ejercer libremente todas las funciones que la Ley le confiere?, ¿qué habría pasado si en atención a ello, el juez hubiera garantizado de manera urgente el acceso a tratamientos médicos?, y ¿qué habría pasado si el juez de ejecución, evitando un procedimiento burocrático, hubiera concedido la libertad a esta persona en razón de su estado precario de salud?.

Quizá el panorama sería distinto; tal vez esta persona podría haber accedido con mayor rapidez a sus tratamientos médicos, o bien, al haberle concedido la libertad, podría haber vivido sus últimos días con mayor dignidad y no bajo la custodia del Estado.

Sin embargo este caso no es aislado, sino que forma parte del contexto penitenciario que vive el país y que impacta mucho más en ciertas poblaciones, por ejemplo, podemos mencionar los siguientes casos: los malos tratos que recibieron las mujeres privadas de libertad durante su traslado al CEFERESO número 16, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos generó la recomendación 15/2017; la perdida de la vida de una mujer interna en dicho centro que perdió la vida por falta de atención médica (CNDH, recomendación 27/2016; o  las recientes denuncias por diversas violaciones a derechos humanos al interior del CEVASEP 1 (PRENSA, 2018).

Ante estos casos valdría la pena que también nos cuestionáramos: ¿qué funciones realizaron las y los jueces de ejecución para garantizar los derechos de las internas y los internos? Hubiera sido fundamental que actuaran con compromiso y respondiendo a las necesidades de este sistema, para evitar mayores impactos desfavorables tanto en la vida de las propias personas privadas de libertad, pero también  en la de sus familiares.

Por ello, es urgente hacer un llamado a las y los jueces de ejecución para que sin mayores demoras apliquen la Ley Nacional de Ejecución Penal y eviten, en la medida de sus funciones, mayores violaciones a los derechos humanos e impunidad en las prisiones.

Por Roberto Cortés Ruiz, Abogado del programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta.

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