Panel Audiencia CIDH Salud Mental

Dignidad y derechos en salud mental: la deuda del Estado Mexicano

El pasado 4 de octubre se realizó la audiencia pública “Política de drogas y denuncias de prácticas violatorias de derechos humanos del modelo de atención a la salud mental en México” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Boulder, Colorado.

La importancia del evento es triple. En primer lugar, se trató de la primera audiencia de la historia de la CIDH acerca de las violaciones que sufren dos grupos históricamente sometidos por las estructuras nacionales de salud: las personas con discapacidad psicosocial y las usuarias de drogas.

En segundo lugar, la audiencia sirvió para denunciar ante una institución internacional la realidad que viven decenas de miles de personas en hospitales psiquiátricos y clínicas de tratamiento en México desde hace décadas, y que hasta la fecha, permanece en una insoportable penumbra, tanto para gobernantes como para la ciudadanía.

Y en tercer lugar porque este evento abre la posibilidad de emprender proyectos para el cambio en un escenario de transición política sin precedentes recientes en el país.

En su exposición, organizaciones y colectivos de personas usuarias de los servicios de salud mental, representadas por Documenta, denunciaron que el modelo de atención en el país apuesta claramente por la institucionalización de personas, es decir, que el eje principal de atención son los hospitales psiquiátricos. Muestra de ello es que 80% del presupuesto asignado a la salud mental se destina al mantenimiento de estos centros.

Se trata de un modelo contrapuesto al que promueven las principales instancias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apuestan por privilegiar la atención en centros no especializados y crear servicios en la comunidad.

El actual enfoque no solamente es contrario al objetivo de atender y prevenir los trastornos mentales, sino que ha generado un entorno de alto riesgo para la comisión de abusos de todo tipo. Abusos que van desde las humillaciones hasta los cobros; desde el aislamiento hasta las violaciones sexuales o esterilizaciones forzadas.

El Estado, por su parte, defendió que el país atraviesa un proceso de “transición” hacia un modelo de atención basado en la comunidad, conocido como el Modelo Miguel Hidalgo. Sin embargo, la supuesta transición lleva casi 20 años en marcha, lo que pone de manifiesto que el auténtico impedimento para adecuar los servicios de salud mental ha sido la falta de voluntad política.

México tiene una deuda con todas aquellas personas que ha sido vejadas, maltratadas y humilladas en nombre de su salud y bienestar bajo argumentos basados en un paternalismo obsoleto y discriminatorio, alejado de la evidencia científica y deontología médica.

Y tiene además el ineludible deber de dar respuesta varios interrogantes, algunos de ellos planteados por la propia CIDH, como ¿qué medidas de investigación, denuncia y reparación del daño se van a adoptar frente a las violaciones documentadas? ¿cómo se pretende concluir el proceso de “transición” que empezó hace 20 años hacia un modelo garantista?

Para encontrar las respuestas, el Estado tiene en un amplio número de organizaciones de la sociedad civil y de personas usuarias, víctimas y sobrevivientes una férrea alianza.

Por Ángel María Salvador Ferrer, Coordinador del programa Prevención de la Tortura de Documenta.

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