Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte dejó fuera de la Constitución capitalina el Derecho a la Reinserción

El pasado 20 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el análisis del proyecto de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República (PGR) que buscó declarar inconstitucional los artículos 11 apartado L y 45, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX).

En el proyecto se señala que la Asamblea Constituyente excedió sus facultades para legislar en materia de ejecución penal porque la Constitución Federal, en su artículo 73, fracción XXI, inciso C, señala que únicamente el Congreso de la Unión puede regular esta materia, pero nunca se pronuncia sobre el contenido de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se regularon en la Constitución de la Ciudad.

En los artículos 11 y 45 de la Constitución capitalina, la Asamblea plasmó derechos para las personas en prisión que ya están consagrados en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

La controversia principal con estas disposiciones normativas es que señalan que la reinserción social se logra hasta que las personas privadas de libertad recobran un sentido de vida digno una vez que sale de prisión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ya ha reconocido que los Estados tienen obligaciones positivas para lograr que todas las personas a su cargo puedan disfrutar de una vida digna y en especial, los grupos vulnerables, dentro de los que reconoce a las personas privadas de libertad.

La vulnerabilidad de una persona en cárcel se mantiene cuando sale, por ello, la obligación del Estado para garantizar y proteger el derecho a una vida digna permanece, y la satisfacción de este derecho es un medio para lograr la plena reinserción.

Varias entidades de la República Mexicana ya regulan dentro de sus constituciones locales a la ejecución penal. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas reiteran el contenido de la Constitución Federal; Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sonora, Tabasco y Veracruz, no la regulan; y Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala, hicieron algunas modificaciones.

La SCJN señaló en su proyecto que las entidades federativas pueden regular la ejecución penal, únicamente si reiteran el contenido de la Constitución Federal o si establecen cuestiones orgánicas de la ejecución dentro de sus centros penitenciarios estatales.

En atención a nuestro artículo 1º constitucional, considero que este criterio también debe ser aplicable a la reiteración de derechos humanos que se encuentran en tratados internacionales.

El proyecto se resolvió el pasado lunes 27 de agosto y por una mayoría calificada la SCJN eliminó porciones de los artículos sobre ejecución de penas por considerarlas materia exclusiva del Congreso de la Unión, a pesar de que la Constitución de la Ciudad reitera derechos humanos que ya son obligatorios para el Estado Mexicano que no están restringidos en la Constitución Federal y por lo tanto son vigentes en nuestro país.

Las facultades exclusivas para legislar en ciertas materias no deben atentar contra la progresividad de los derechos humanos.

La facultad que otorga la SCJN para reiterar el contenido de la Constitución Federal también debe ser aplicable a los derechos de tratados internacionales. De no ser así estaríamos olvidando el contenido de nuestro artículo 1º de nuestra Carta Magna y atentando contra los principios de los derechos humanos.

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