Las niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones residenciales

Se estima que a nivel mundial hay alrededor de 2.7 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones residenciales y otros tipos de cuidado alternativo, en México, se desconoce el número exacto, así como el número de instituciones tanto públicas como privadas que hay en el país.

Sin embargo, el Censo de Alojamientos de Asistencia Social realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015 encontró un universo aproximado de 30 mil niñas, niños y adolescentes viviendo en instituciones de diversos tipos.

Es importante resaltar que las niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones residenciales no necesariamente están en orfandad, los estudios a nivel internacional han demostrado que entre el 80 y el 95 por ciento tienen una familia. Sin embargo, los motivos que conllevan a la separación familiar son diversos y pueden incluir pobreza, discapacidad, falta de apoyos en la comunidad, migración, violencia en las comunidades, entre otros.

A diferencia de la creencia popular de que las instituciones residenciales para estas poblaciones son lugares de protección, muchas investigaciones han demostrado que las instituciones son inherentemente peligrosas.

Los y las niñas y adolescentes que viven en instituciones son objetos de graves violaciones a sus derechos humanos como violencia física y sexual, trata con fines laborales y sexuales, adopciones ilegales, tratos negligentes por parte de las personas cuidadoras, condiciones inhumanas y degradantes, entre otras. Y cuando viven con discapacidad, corren un mayor riesgo de vivir en una institución de por vida debido a la falta de opciones en la comunidad.

En México tenemos varios casos emblemáticos que demuestran el fracaso del modelo de institucionalización y los abusos contra  niñas, niños y adolescentes; “Casitas del Sur ”(2009), “Mamá Rosa” (2014), “Casa Esperanza” (2014) y “Ciudad de los Niños” (2017), ejemplifican la realidad de las instituciones en el país.

Estos casos seguirán replicándose una y otra vez hasta que no se ponga fin al modelo de la institucionalización y las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir en una familia tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

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