Capacidad jurídica de personas con discapacidad, tema pendiente

Capacidad jurídica

La capacidad jurídica se refiere al derecho que tenemos todas las personas de poder actuar jurídicamente, y por lo tanto, se le conoce también como el derecho de igualdad ante la ley, como lo establece en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Presupone el derecho a tomar decisiones por sí misma, pues es la herramienta que tenemos para dar a conocer al mundo esas decisiones que, al adquirir fuerza jurídica, tienen que ser respetadas. Es a través de la capacidad jurídica que podemos contraer matrimonio, obligarnos a través de contratos, adquirir bienes o arrendarlos, abrir cuentas de banco, votar, decidir u oponerse a tratamientos médicos, entre otros.

En México, la capacidad jurídica se restringe a dos grupos: las personas menores de 18 años y las personas con discapacidad (en adelante “PcD”), y suele limitarse a través de leyes específicas que exigen “capacidad mental” a las personas para poder llevar a cabo ciertos actos (por ejemplo en el caso de la legislación mexicana en torno a contraer matrimonio).

Este derecho también se restringe de manera general, a través del estado de interdicción, el cual  permite que una tercera persona (comúnmente de la familia) solicite a una jueza o juez que decrete este estado y así impida actuar jurídicamente a la PcD. Para tales efectos, se le impone una persona “tutora” quien tendrá derecho de actuar en su nombre conforme a lo que a su juicio constituya su mejor interés.

En todos estos casos la “capacidad mental” de las personas se toma como elemento suficiente para restringir sus derechos. Es decir, si se considera que una persona no tiene una capacidad “óptima” para tomar decisiones o tiene un diagnóstico médico de discapacidad, se le quita jurídicamente la posibilidad de hacerlo.

Esta aproximación además de ser discriminatoria, se basa en ideas falsas y estereotipos en torno a las PcD, y por lo mismo, ha sido rechazada enfáticamente por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La CDPD propone un modelo distinto, que busca dar a las PcD el apoyo que necesitan para poder tomar decisiones por sí mismas en lugar de negarles el derecho, para lo que busca cambiar nuestros sistemas jurídicos en aras de que incluyan los procesos de toma de decisión de las PcD, y que aun en aquellos casos más difíciles, no se permita que terceras personas decidan de qué manera la PcD ejerce sus derechos sin tomar en cuenta sus deseos y preferencias.

En México es urgente que empecemos a tener esta conversación, buscar las alternativas a un sistema que no puede sostenerse bajo una ideología respetuosa de los derechos humanos. Pero nada se logrará mientras no cambiemos nuestros prejuicios, y sobre todo, mientras las personas con discapacidad sigan siendo “objeto” de nuestra legislación y no agentes directas de este cambio.

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