¿Quién educa a adolescentes en conflicto con la ley?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no se responsabiliza de la educación de esta población;

La educación de adolescentes en conflicto con la ley es pieza clave para su reinserción social.

En la mayoría de las entidades del país, el área responsable de la educación de adolescentes es el Sistema Penitenciario.

La forma en que esto opera en general es dándoles acceso a los sistemas de educación a distancia, tales como el del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Preparatoria Abierta. La enseñanza ocurre a modo de tutorías, mientras que las y los adolescentes estudian por su cuenta.

Los materiales y las aulas, los pone el sistema penitenciario, así como la contratación y supervisión de las y los maestros.

La función de esta estrategia es certificar. El aprendizaje es contingente, pues no se ha planteado un programa que considere las necesidades especiales de adolescentes que cumplen alguna medida de sanción. Más aún, al día de hoy, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se responsabiliza de la educación de esta población.

Atender a adolescentes en conflicto con la ley implica más que darles acceso a programas existentes, a la luz de que la mayoría desertan del sistema de educación tradicional, que consumen sustancias y que un porcentaje importante presenta algún trastorno psiquiátrico.

Además, dados los entornos de marginalidad y violencia de los que vienen, posiblemente hayan experimentado lo que especialistas en neurociencia llaman “estrés tóxico”, que es una exposición prolongada al estrés que merma el desarrollo cognoscitivo y socioemocional del cerebro, y por ende interfiere con las capacidades de aprendizaje.

En el caso de adolescentes en conflicto con la ley, la normalización de la violencia como forma de relacionarse con las demás personas y de las actividades ilícitas como una manera legítima de hacerse de ingresos, son temas que tendrían que trabajarse también en la currícula educativa.

Finalmente, hay que considerar el reto de que el tiempo que las y los adolescentes pasan en encierro es variable, dependiendo de sus procesos judiciales, por lo que el trabajo es diferente con cada quien. El resultado es una población con necesidades educativas especiales.

En este escenario, es claro que el problema sobrepasa las capacidades del Sistema Penitenciario, que es un área de seguridad. La SEP, que es la autoridad educativa del país, tiene que involucrarse. Primero, con el diseño de un programa que responda al rezago y a las necesidades de aprendizaje de adolescentes en conflicto con la ley, considerando los diferentes tiempos que pasan en encierro y la continuidad que tendría que darse una vez que salgan en libertad.

Segundo, con una currícula que incluya temas relacionados con la cultura de la legalidad y la convivencia pacífica, en vista de que el delito y la violencia forman parte de la vida cotidiana de esta población.

Tercero, con la selección de maestras y maestros y su supervisión, aspectos que tienen que ocurrir desde la autoridad educativa, que es la experta en docencia, no desde un área de seguridad como el Sistema Penitenciario.

Cuarto, con la evaluación de los resultados educativos de estas y estos adolescentes mediante las pruebas estandarizadas nacionales, de manera que sea posible evaluar con respecto a sus pares en otros espacios.

Por último, reconocer que la educación de adolescentes en conflicto con la ley es una de las piezas necesarias para su reinserción social implica ver y atender todas las dimensiones del problema, de otra forma no habría más que asumir nuestra hipocresía como sociedad y asumir la responsabilidad de que las dinámicas de violencia y delincuencia se sigan reproduciendo.

 

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