HOPE y la esperanza de buenas prácticas penitenciarias.

HOPE consiste en un régimen basado en pruebas aleatorias de detección de drogas

Este programa asume un enfoque prohibicionista en materia de drogas y reproduce la criminalización hacia quien consume

La Asociación Nacional de Justicia Criminal de Estados Unidos premia cada año a cinco programas extraordinarios en materia de justicia criminal y política penitenciaria. En 2014, el programa creado por el juez Steven S. Alm en 2004: Oportunidad de libertad condicional y aplicación de la ley en Hawái (HOPE, por sus siglas en inglés), recibió este reconocimiento por su efectividad y por representar una alternativa al incremento de penas propias del populismo penal.

El programa consiste en un régimen basado en pruebas aleatorias de detección de drogas que impone sanciones inmediatas, moderadas y certeras para incentivar el cumplimiento con la ley de personas en libertad condicional, según la descripción del ya clásico artículo de Angela Hawken y Mark Kleiman de 2009.

Su funcionamiento puede definirse en tres elementos específicos:

1. Las personas participantes son asignadas a un código de color y tienen la obligación de llamar a la línea directa de HOPE todas las mañanas.
2. Las personas son llamadas ante un juez con base en una selección aleatoria para llevar a cabo pruebas de detección de drogas. El color determina la probabilidad selección.
3. El buen comportamiento y los resultados negativos en las pruebas son recompensados con menor frecuencia en las pruebas.

Hawken y Kleiman utilizaron una prueba controlada aleatoria (RCT en inglés) para afirmar que el programa reducía en 93% los casos de pruebas positivas en los primeros seis meses de tratamiento, comparado con una reducción del 14% en las personas que no participaron. HOPE tuvo un efecto dramático en la reducción de los casos de revocación de libertad condicional: 31% de los no participantes regresaron a prisión, mientras que nueve por ciento de los participantes de HOPE perdieron su libertad.

Naturalmente, este tipo de programas no son la panacea de las políticas penitenciarias y pensar en un programa similar en México es aventurado. En primer lugar, es importante mencionar que una prueba controlada aleatoria provee un claro entendimiento de los mecanismos causales, pero ofrece una visión muy corta sobre su implementación en otros contextos. En segundo lugar, este tipo de programas son criticados, tal como argumentan Cristina Reyes Ortiz y Tania Ramírez (2016), por asumir un enfoque prohibicionista en materia de drogas y reproducir la lógica de criminalización hacia quien consume.

Sin duda la implementación de políticas públicas diseñadas en otros contextos es siempre problemática. En México aún se necesita mucho trabajo de investigación rigurosa y sofisticada sobre programas y buenas prácticas alrededor del mundo que permitan dar a quienes toman decisiones herramientas para un uso más efectivo y justo del sistema penitenciario.