Derecho al voto de las personas privadas de la libertad

“Si quieres conocer una sociedad, visita sus cárceles”-Fiódor Dostoyevski

El inciso II del artículo 38 de la Constitución establece que los derechos de la ciudadanía se suspenden “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha de auto de formal prisión.” Esto significa que los derechos políticos y específicamente el derecho al voto son restringidos solo para las personas privadas de la libertad, ya sea por una sentencia condenatoria, o por prisión preventiva.

A falta de una interpretación clara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido varias jurisprudencias al respecto de los derechos políticos de personas privadas de su libertad, llegando a la conclusión de que el derecho al voto debe suspenderse cuando la persona procesada esté privada de su libertad.

Por lo que a pesar del derecho que tienen las personas imputadas a la presunción de inocencia, el abuso de la prisión preventiva resulta una contradicción y además un obstáculo más para el acceso al derecho al voto. En México, hay 82,706 personas en prisión preventiva, lo que representa a más de una tercera parte (38.14%) de la población total que se encuentra privada de su libertad, de acuerdo con el Observatorio de Prisiones.

La base medular de la prisión es la reinserción social. De acuerdo con las Reglas Nelson Mandela, los programas de reinserción social deben de partir del reconocimiento de las personas privadas de su libertad como parte de la sociedad. La regla número 5 establece que “el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respecto a su dignidad como ser humano.”

Una reinserción social adecuada comienza desde prisión, logrando que la persona privada de su libertad siga sintiendo que forma parte de la sociedad; cuando no sucede así, las probabilidades de reincidir se elevan.

Una manera tangible de lograr un sentido de pertenencia y de responsabilidad con la sociedad es el derecho al voto. El derecho de poder tener voz respecto a quién va a tomar las decisiones de interés público. Eso es parte fundamental de una democracia; que cada persona tenga derecho a votar y que cada voto cuente lo mismo.

En varios países, las personas en prisión tienen derecho a votar, en algunos otros, el voto está restringido solamente a ciertos delitos y en otros, se sigue restringiendo aún después de cumplida la pena. México es de los países que más restringe el derecho al voto ya que no distingue entre las personas procesadas y las sentenciadas aplicando la restricción a ambas.

Los costos de seguir restringiendo el voto a las personas privadas de su libertad podrían resultar mucho mayores a los costos de otorgarles ese derecho. Por primera vez, la clase política voltearía a ver la realidad que se vive dentro de las cárceles de nuestro país, además, al tener un sentido de pertenencia, se propicia una mayor cohesión social, algo que se necesita en la actualidad en nuestro país pues el tejido social se encuentra muy desgastado; es un primer paso para reforzar los vínculos sociales en nuestra sociedad.